El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Leire Díez' que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se puso en contacto telefónico con él después de que trascendiera el correo electrónico de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Según un escrito de la Abogacía del Estado, al que ha tenido acceso Europa Press y que representa procesalmente al DAO, se detallan, a petición del magistrado instructor, Santiago Pedraz, diversos extremos sobre la apertura de tres informaciones reservadas encargadas a agentes de la Guardia Civil.
Llamas, al igual que la directora general del Instituto Armado, Mercedes González, figura como investigado por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia en la causa que analiza una supuesta trama para interferir en procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Ejecutivo, presuntamente dirigida por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez.
Una de las piezas centrales de la investigación se centra en las tres informaciones reservadas que el DAO ordenó incoar a miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, una de ellas motivada por la filtración de un correo electrónico de Begoña Gómez incorporado como anexo a comunicaciones intervenidas por la UCO en la causa sobre David Sánchez, hermano del presidente.
El juez trata de determinar si esta y las otras dos informaciones reservadas abiertas en la UCO tuvieron como finalidad ejercer presión sobre los agentes que, en ese momento, desarrollaban diversas pesquisas relacionadas con el PSOE y el Gobierno.
“El motivo de aquella dación de cuentas no fue otro que la propia directora general estuvo en la génesis de la misma, a través de una llamada, así como otra del ministro del Interior. A través de ambas llamadas se puso en antecedentes al DAO sobre los perjuicios que había provocado la divulgación de los datos personales de personas ajenas a la investigación que se llevaba a cabo por la UCO ante un juzgado de Badajoz”, explica ahora la defensa del DAO.
Así, “se entendió necesario y oportuno comunicar qué se había hecho al respecto”. “Por el contrario, de las tres informaciones reservadas elaboradas en otras tantas unidades dependientes de la DAO no se remitió oficio ni del inicio ni del final de las mismas a la directora general, toda vez que esta estuvo ajena a su génesis y no tuvo participación ni conocimiento previo alguno en su origen ni en su tramitación”, añade.
“Eran cuestiones de gobierno interno que el propio DAO resolvía con los mandos a los que se le ordenaba la incoación. Solo en un caso, en el que se investigaban hechos denunciados en el Servicio de Asuntos Internos, se le dio cuenta de palabra, a la directora, ya que esta fue receptora de un 'anónimo' en el que se denunciaba esos hechos investigados, que, junto a otros anónimos dirigidos a otros destinatarios, como al propio DAO, constituían la base de aquella información reservada”, agrega.