Calendario de las elecciones generales del 29 de noviembre: todas las fechas clave

La convocatoria anticipada activa los plazos para presentar candidaturas, solicitar el voto por correo y celebrar una campaña electoral que comenzará el 13 de noviembre

Urna electoral para las elecciones generales | EUROPA PRESS

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Elecciones generales del 29 de noviembre · Demócrata

España volverá a las urnas el próximo domingo 29 de noviembre. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes el adelanto de las elecciones generales, una decisión que activa un calendario electoral de casi dos meses en el que se sucederán la disolución de las Cortes, la presentación de candidaturas, la solicitud del voto por correo y la campaña electoral.

El primer paso llegará este martes, 6 de octubre, con la publicación prevista en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del real decreto de disolución de las Cortes y convocatoria electoral. A partir de ese momento comenzará formalmente la cuenta atrás de 54 días establecida por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) cuando el presidente del Gobierno ejerce la facultad de disolución anticipada.

La publicación del decreto supondrá también la disolución del Congreso y del Senado. Las Diputaciones Permanentes de ambas Cámaras asumirán desde entonces las funciones que les corresponden constitucionalmente hasta la constitución de las nuevas Cortes, por lo que la actividad parlamentaria no desaparecerá completamente durante el periodo electoral.

Calendario electoral 29N
Calendario electoral 29N -

Candidaturas y voto por correo

Los primeros plazos afectarán tanto a los partidos como a los electores. Desde la convocatoria podrá solicitarse el voto por correo, mientras que las formaciones que quieran concurrir conjuntamente dispondrán de los diez días siguientes para comunicar la constitución de sus coaliciones electorales: hasta el 16 de octubre.

La presentación de las listas al Congreso y al Senado tendrá lugar entre el 21 y el 26 de octubre, al situarse entre los días decimoquinto y vigésimo posteriores a la convocatoria. Una vez registradas, las juntas electorales tendrán que revisar las candidaturas y abrir el correspondiente periodo para corregir las posibles irregularidades antes de su proclamación definitiva a comienzos de noviembre.

Campaña electoral

La campaña electoral arrancará el viernes 13 de noviembre y se prolongará durante 15 días. Los partidos podrán pedir formalmente el voto hasta la medianoche del viernes 27, mientras que el sábado 28 de noviembre quedará reservado para la jornada de reflexión previa a las elecciones.

Para los ciudadanos que no puedan o no quieran acudir presencialmente a las urnas, uno de los principales plazos será el correspondiente al voto por correo. Su solicitud podrá realizarse desde la convocatoria electoral y hasta el 19 de noviembre. Una vez solicitada esta modalidad y realizada la correspondiente anotación en el censo, el elector ya no podrá votar presencialmente en su mesa el día de las elecciones.

Calendario de las elecciones generales del 29 de noviembre

El calendario previsto, a falta de la publicación definitiva del real decreto de convocatoria en el BOE, queda de la siguiente manera:

Fecha Calendario electoral
6 de octubre Publicación prevista de la convocatoria electoral en el BOE y disolución de las Cortes
6 de octubre Comienza el plazo para solicitar el voto por correo
16 de octubre Último día para comunicar la constitución de coaliciones electorales
21 de octubre Comienza el plazo para presentar las candidaturas al Congreso y al Senado
26 de octubre Termina el plazo para presentar las candidaturas
28 de octubre Publicación de las candidaturas presentadas
2 de noviembre Proclamación de las candidaturas
3 de noviembre Publicación de las candidaturas proclamadas
13 de noviembre Comienza la campaña electoral
19 de noviembre Último día para solicitar el voto por correo
23 de noviembre Último día para publicar y difundir encuestas electorales
25 de noviembre Fecha límite ordinaria prevista para depositar el voto por correo
27 de noviembre Termina la campaña electoral
28 de noviembre Jornada de reflexión
29 de noviembre Elecciones generales
2 de diciembre Comienza el escrutinio general
24 de diciembre Fecha límite constitucional para que se reúna el nuevo Congreso


Los colegios electorales abrirán el domingo 29 de noviembre a las 9.00 horas y permanecerán abiertos hasta las 20.00 horas. Los ciudadanos elegirán ese día a los representantes del Congreso de los Diputados y del Senado que integrarán las nuevas Cortes Generales.

Qué ocurre después de las elecciones del 29-N

El escrutinio de la noche electoral permitirá conocer el reparto provisional de escaños, aunque el procedimiento continuará durante los días posteriores. El 2 de diciembre comenzará el escrutinio general de las juntas electorales, en el que se revisarán los resultados de cada circunscripción antes de avanzar hacia su proclamación definitiva.

La Constitución establece que el nuevo Congreso deberá reunirse dentro de los 25 días siguientes a las elecciones, por lo que la sesión constitutiva tendrá que celebrarse como máximo el 24 de diciembre. La fecha exacta quedará fijada en el real decreto de convocatoria electoral..

Hasta entonces, las Diputaciones Permanentes mantendrán las competencias que les atribuye la Constitución durante el periodo en el que las Cortes permanezcan disueltas. Esta circunstancia tendrá especial relevancia en las próximas semanas porque el Gobierno pretende volver a aprobar este martes los dos reales decretos-ley de vivienda rechazados la semana pasada por el Congreso, que tendrán que pasar por la Diputación Permanente para mantenerse en vigor más allá del plazo constitucional de 30 días.

Más claves, contexto y preguntas con FREN

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¿Cuál es el procedimiento parlamentario para la aprobación definitiva de un real decreto-ley durante el periodo de disolución de las Cortes?

Durante la disolución de las Cortes Generales, el procedimiento para que un real decreto‑ley (RDL) quede definitivamente convalidado y, en su caso, se desarrolle legislativamente, combina la actuación del Gobierno, la Diputación Permanente del Congreso y, después, de las nuevas Cámaras ya constituidas.

1. Aprobación del real decreto‑ley por el Gobierno
  • Órgano competente: el Gobierno, reunido en Consejo de Ministros, es el único que puede dictar reales decretos‑leyes (art. 86 CE).
  • Presupuesto habilitante: deben concurrir casos de extraordinaria y urgente necesidad. El uso del RDL es excepcional y debe estar motivado.
  • Gobierno en funciones: aun estando en funciones, el Gobierno puede aprobar RDL cuando la urgencia lo justifique, precisamente para evitar vacíos de poder, siempre dentro de los límites de la Ley del Gobierno y de la doctrina del “despacho ordinario” reforzado por la urgencia.
  • Entrada en vigor: el RDL entra en vigor de forma inmediata tras su publicación en el BOE, con plena fuerza de ley pero carácter provisional hasta su control parlamentario.
2. Papel de la Diputación Permanente con las Cortes disueltas

Una vez disueltas las Cortes o expirado su mandato, el Congreso y el Senado dejan de funcionar, pero la Diputación Permanente del Congreso permanece en ejercicio de determinadas facultades.

  • Base constitucional: el art. 78 CE dispone que, disueltas las Cámaras, la Diputación Permanente asume determinadas funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes.
  • Ámbito material: en materia de RDL actúa por remisión de los arts. 78.2 y 86 CE: se encarga de convalidar o derogar los reales decretos‑leyes dictados durante el periodo electoral o en los 30 días anteriores.
  • Composición: refleja proporcionalmente a los grupos del último Congreso y está presidida por la Presidencia del Congreso.
3. Convalidación o derogación del real decreto‑ley
  • Plazo: el art. 86 CE exige que el RDL se someta a debate y votación en un plazo máximo de 30 días desde su promulgación. Con las Cortes disueltas, es la Diputación Permanente quien se reúne para ello.
  • Debate: se celebra una sesión específica de la Diputación Permanente, con una estructura análoga a la del Pleno:
    • presentación y defensa del RDL por un miembro del Gobierno,
    • intervención de los grupos,
    • réplicas, cuando proceda, y cierre.
  • Votación: se decide entre:
    • Convalidar el RDL, o
    • Derogarlo.
    La regla es una mayoría simple de los miembros presentes, con los requisitos ordinarios de quórum.
  • Efectos de la votación:
    • Si se deroga, el RDL deja de estar vigente, sin perjuicio de que el legislador pueda aprobar posteriormente una ley para ordenar los efectos producidos mientras estuvo en vigor.
    • Si se convalida, el RDL queda integrado de forma definitiva en el ordenamiento como norma con rango de ley. A efectos de “aprobación definitiva del RDL”, la convalidación es el momento clave, también cuando la adopta la Diputación Permanente.
4. Tramitación como proyecto de ley y nuevas Cámaras

El art. 86.3 CE permite que el Congreso acuerde tramitar el RDL como proyecto de ley, para introducir enmiendas y eventualmente sustituir o perfeccionar su contenido.

  • Durante la disolución: la Diputación Permanente no ejerce la potestad legislativa plena de la Cámara, por lo que su papel se ciñe, de forma ortodoxa, a convalidar o derogar el RDL. La posibilidad de que decida ya la tramitación como proyecto de ley es discutida en la doctrina y, en la práctica, se tiende a reservar esa decisión al nuevo Congreso.
  • Tras la constitución del nuevo Congreso: una vez constituidas las nuevas Cortes:
    • la Diputación Permanente “rinde cuentas” de las decisiones adoptadas durante la disolución;
    • el nuevo Congreso puede:
      • asumir el RDL ya convalidado como ley y no abrir más tramitación, o
      • impulsar una iniciativa (proyecto de ley del Gobierno o proposición de ley) para modificar o sustituir el contenido del RDL.
  • Si se abre tramitación legislativa: el texto se somete al procedimiento parlamentario ordinario o de urgencia: admisión a trámite, plazo de enmiendas, ponencia, dictamen de comisión, debate y votación en Pleno, paso al Senado, respuesta del Congreso, y finalmente sanción real y publicación en el BOE de la nueva ley que sustituya o adapte el RDL inicial.

En suma, durante la disolución de las Cortes la “aprobación definitiva” del real decreto‑ley, como tal, se produce mediante su convalidación por la Diputación Permanente. Cualquier desarrollo o reforma de su contenido mediante enmiendas corresponde ya al nuevo Congreso y Senado, a través de la tramitación de un proyecto o proposición de ley posterior.

¿Puedes explicarme con ejemplos concretos de los últimos años cómo ha actuado la Diputación Permanente al convalidar reales decretos-leyes en periodo electoral? ¿Qué límites materiales tiene exactamente un real decreto-ley y qué consecuencias tiene que los sobrepase? ¿En qué se diferencia la actuación de la Diputación Permanente respecto a los estados de alarma, excepción y sitio frente a la de los RDL?

¿Qué competencias tiene la Diputación Permanente del Congreso según la Constitución Española?

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados es un órgano constitucionalmente previsto que garantiza la continuidad de determinadas funciones de las Cortes Generales cuando el Pleno no puede reunirse. Su regulación básica se encuentra en el artículo 78 de la Constitución Española (CE), complementado por otros preceptos como los artículos 73, 86 y 116 CE, y por el Reglamento del Congreso.

Según el artículo 78 CE, la Diputación Permanente está formada por un número mínimo de 21 miembros, designados por los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica, y presidida por quien ostente la Presidencia de la Cámara. Aunque su composición concreta y funcionamiento se desarrollan reglamentariamente, la Constitución fija con claridad su razón de ser: actuar en representación del Congreso cuando este no puede reunirse, especialmente en momentos políticamente sensibles, como los periodos entre sesiones o cuando la Cámara está disuelta o ha expirado su mandato.

1. Competencias según el artículo 78 CE

El artículo 78 CE establece, de manera sintética, cuatro grandes bloques de funciones:

  • Representación de la Cámara en los periodos en que no está reunida: la Diputación Permanente vela porque no queden sin órgano parlamentario ciertos controles o decisiones urgentes mientras el Congreso no celebra sesiones ordinarias.
  • Actuación durante los periodos de disolución o expiración del mandato: una vez disueltas las Cortes o expirado su mandato, la Diputación Permanente “sigue ejerciendo sus funciones” hasta que se constituyan las nuevas Cámaras. Es decir, es el único órgano parlamentario operativo en ese intervalo.
  • Asunción de facultades que corresponderían al Congreso cuando la Cámara está disuelta o con el mandato vencido, en los casos concretos que la Constitución prevé de forma expresa.
  • Rendición de cuentas: cuando se reúna de nuevo el Congreso, la Diputación Permanente debe dar cuenta de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas, de modo que el Pleno pueda convalidarlas políticamente o, en su caso, revisarlas dentro del margen constitucional.
2. Funciones en periodos ordinarios de sesiones y entre sesiones

Mientras el Congreso está en pleno funcionamiento (periodos ordinarios de sesiones), la Diputación Permanente tiene un papel básicamente de garantía y suplencia limitada. Puede ser convocada cuando resulte imposible o muy difícil reunir al Pleno, o para atender asuntos urgentes que requieran una posición inmediata de la Cámara dentro del marco que fije el Reglamento. No obstante, en estos momentos la regla es que actúe el Pleno y las comisiones, por lo que la Diputación Permanente queda en un segundo plano.

En los periodos entre sesiones ordinarias (los intervalos en los que la Constitución permite que las Cámaras no estén reunidas, conforme al artículo 73 CE), la Diputación Permanente asegura que el Congreso siga disponiendo de un órgano representativo capaz de reaccionar si surge una situación que exija su intervención inmediata. Su función aquí es preventiva: existe para que la suspensión de la actividad ordinaria del Pleno no suponga un vacío de poder parlamentario.

3. Competencias con las Cortes disueltas o con mandato expirado

Es en este escenario cuando la Diputación Permanente despliega sus competencias más relevantes. El artículo 78.2 CE indica que, disueltas las Cámaras o expirado su mandato, la Diputación Permanente asume determinadas facultades que, en situación normal, corresponderían al Congreso, pero exclusivamente en los supuestos explícitamente previstos por la propia Constitución:

  • Decretos-leyes (art. 86 CE): los reales decretos-leyes dictados por el Gobierno deben ser sometidos a debate y votación de convalidación o derogación en el plazo de 30 días. Si en ese momento el Congreso está disuelto o con el mandato expirado, es la Diputación Permanente quien ejerce la facultad de convalidar o derogar el decreto-ley. La eventual tramitación ulterior como proyecto de ley queda, en principio, para las nuevas Cámaras, dado que la Diputación Permanente no ejerce la potestad legislativa ordinaria.
  • Estados de alarma, excepción y sitio (art. 116 CE): cuando la declaración, autorización o prórroga de estos estados de emergencia corresponde al Congreso, y este está disuelto o con mandato vencido, tales competencias se trasladan a la Diputación Permanente. De este modo, incluso en una situación de crisis grave durante un periodo electoral, existe un órgano parlamentario facultado para controlar al Gobierno y adoptar las decisiones exigidas por la Constitución.
4. Límites materiales de sus competencias

La Diputación Permanente no es un “mini Parlamento” con las mismas facultades que el Pleno. Sus competencias son estrictamente las que la Constitución le atribuye de manera expresa:

  • No puede legislar, es decir, no aprueba leyes ordinarias ni orgánicas.
  • No ejerce el control político ordinario del Gobierno mediante preguntas, interpelaciones o mociones, salvo en la medida estrictamente vinculada a los decretos-leyes o a los estados de emergencia.
  • No interviene en procedimientos como la investidura, la moción de censura o la cuestión de confianza.
  • No sustituye al Pleno en otras autorizaciones parlamentarias previstas en la Constitución (por ejemplo, determinados tratados internacionales o la declaración de guerra), salvo que un precepto constitucional lo establezca de forma expresa.

En suma, la Diputación Permanente del Congreso, tal y como la configura la Constitución Española, es un órgano de continuidad institucional con funciones concretas y tasadas: asegura que nunca falte un interlocutor parlamentario para controlar los decretos-leyes del Gobierno y para intervenir en los estados de emergencia, y rinde cuentas al nuevo Congreso, que recupera plenamente sus potestades una vez constituido.

¿Podrías explicarme con más detalle cómo tramita la Diputación Permanente la convalidación o derogación de un real decreto-ley? ¿Qué diferencias hay entre la Diputación Permanente del Congreso y la del Senado en cuanto a sus competencias constitucionales? ¿Cómo se eligen y reparten los miembros de la Diputación Permanente entre los distintos grupos parlamentarios del Congreso?

¿Cuál ha sido la trayectoria política de Pedro Sánchez y a qué partido pertenece?

Pedro Sánchez Pérez-Castejón es un político y economista español nacido en Madrid en 1972. Pertenece al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al que está afiliado desde 1993, y es su secretario general (máximo líder orgánico) en la actualidad. Desde junio de 2018 ejerce como presidente del Gobierno de España, cargo que mantiene de forma ininterrumpida desde entonces.

Pertenencia partidista y primeros pasos

Según la biografía oficial de Moncloa y su ficha parlamentaria, Sánchez se afilió al PSOE en 1993, integrándose en las filas del socialismo madrileño. Su compromiso de partido ha sido continuado desde entonces: toda su carrera institucional se ha desarrollado bajo las siglas socialistas y en coordinación con sus órganos federales y territoriales.

En el plano académico y profesional, se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales a mediados de los años noventa y años después obtuvo el doctorado en Economía. Antes de consolidarse como figura nacional, trabajó como asesor en instituciones europeas e internacionales y como profesor de Economía, lo que le aportó un perfil tecnopolítico que luego trasladaría a su acción pública.

Etapa en la política local: concejal en Madrid

El primer cargo relevante de su trayectoria fue en el ámbito municipal. Diversas fuentes coinciden en que entre 2004 y 2009 fue concejal del Ayuntamiento de Madrid. Desde esa posición participó en la política de la capital, representando al PSOE en la corporación madrileña y adquiriendo experiencia en gestión urbana, negociación en el pleno municipal y visibilidad en la organización socialista.

Salto al Congreso de los Diputados

Tras su paso por el Ayuntamiento, Sánchez dio el salto a la política nacional. Fue elegido diputado en el Congreso por Madrid en varias legislaturas, consolidando su perfil parlamentario dentro del Grupo Socialista. Como diputado intervino en distintos debates legislativos y de control al Gobierno, y fue ganando peso en la estructura interna del partido.

Su pertenencia al Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso es uno de los rasgos constantes de su carrera en la Cámara Baja, donde ha representado políticamente al PSOE en la circunscripción de Madrid.

Secretario general del PSOE y liderazgo de la oposición

El gran salto interno se produce en 2014, cuando la militancia socialista le elige secretario general del PSOE en primarias. Desde entonces su trayectoria se organiza en dos grandes etapas al frente del partido:

  • 2014–2016: primera etapa como secretario general y líder de la oposición al Gobierno del Partido Popular. En esos años encabeza la estrategia parlamentaria y electoral del PSOE y es candidato a la Presidencia del Gobierno.
  • Desde 2017: tras dejar el liderazgo en 2016 y un periodo de fuerte crisis interna, vuelve a ganar las primarias socialistas en 2017 y recupera la Secretaría General del PSOE, que mantiene desde entonces.

La propia biografía resumida recogida en su perfil político destaca precisamente ese recorrido: militante de larga duración, dirigente orgánico y referente del socialismo español contemporáneo.

Presidencia del Gobierno y proyección internacional

El punto de inflexión de su carrera se produce en junio de 2018, cuando, siendo secretario general del PSOE, impulsa una moción de censura contra Mariano Rajoy. La moción prospera y Sánchez es investido presidente del Gobierno de España, cargo que continúa desempeñando en la actualidad según los registros institucionales.

Desde entonces ha presidido varios gobiernos de signo progresista, primero en solitario y después en coalición, gestionando etapas marcadas por la crisis sanitaria de la pandemia de COVID‑19, episodios de inflación y tensiones energéticas, así como una intensa agenda de reformas socioeconómicas y laborales. Paralelamente, su perfil se ha proyectado al ámbito internacional; las bases de datos y la prensa recogen que desde 2022 ostenta la presidencia de la Internacional Socialista, organización que agrupa a partidos socialdemócratas y socialistas de numerosos países.

Respuesta directa a tu pregunta

En síntesis, la trayectoria política de Pedro Sánchez discurre desde la militancia socialista de base en los años noventa, pasando por su etapa como concejal en Madrid, su labor como diputado en el Congreso, su doble liderazgo como secretario general del PSOE y, desde 2018, su condición de presidente del Gobierno de España. A lo largo de todo ese recorrido ha pertenecido siempre al mismo partido: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

¿Me puedes detallar las principales decisiones y reformas políticas de Pedro Sánchez desde que es presidente del Gobierno? ¿Cómo llegó Pedro Sánchez a ser secretario general del PSOE y qué ocurrió en la crisis interna de 2016-2017? ¿Qué papel desempeña Pedro Sánchez dentro de la Internacional Socialista y qué impacto tiene eso en la política española?

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