Ley de nietos: el 68% pide frenar y revisar las nacionalizaciones, según GAD3 para ABC

La propuesta reúne el respaldo de la mitad de los votantes del PSOE. Otra pregunta del sondeo sitúa en el 49% el rechazo socialista al voto de quienes obtuvieron la nacionalidad por esta vía y nunca han vivido en España

Detalle de la fachada del Tribunal Supremo. EUROPA PRESS

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El 68% de los españoles considera que deberían frenarse y revisarse los procedimientos de adquisición de la nacionalidad mediante la llamada ley de nietos, según el barómetro de GAD3 para ABC publicado este domingo. El 21% se muestra contrario a esa medida.

La encuesta, realizada entre el 6 y el 8 de octubre, refleja que el respaldo a la revisión no se limita al electorado de la derecha: alcanza al 50% de los votantes del PSOE y al 43% de los de Sumar, de acuerdo con los resultados difundidos por el diario.

El sondeo aborda dos cuestiones diferentes: la revisión de los procedimientos de nacionalidad y el derecho a votar de quienes la obtuvieron por esta vía sin haber residido nunca en España. Los porcentajes no deben confundirse.

La mitad del electorado socialista apoya revisar los expedientes

El apoyo a frenar y revisar las nacionalizaciones alcanza el 88% entre los votantes del PP y el 87% entre los de Vox. En el electorado socialista se sitúa en el 50% y en el de Sumar, en el 43%.

La comparación muestra una coincidencia parcial entre electorados de distintos bloques sobre la revisión de los procedimientos. No permite concluir, sin embargo, que todos compartan una misma posición sobre el derecho de sufragio de los afectados.

Tampoco significa que esas personas hayan cambiado su intención de voto: el barómetro recoge su opinión sobre una medida concreta, no un trasvase electoral.

El 49% de los votantes del PSOE rechaza el voto de quienes nunca residieron en España

En la pregunta sobre participación electoral, el 49% de los votantes socialistas se opone a que una persona nacionalizada mediante la ley de nietos que nunca haya vivido en España pueda votar en unas elecciones generales.

Ese rechazo alcanza el 36% entre los votantes de Sumar, el 91% entre los del PP y el 96% entre los de Vox, según la información publicada por ABC.

La diferencia entre ambas preguntas es relevante. Apoyar una revisión administrativa no equivale necesariamente a defender una restricción electoral, como muestran los distintos porcentajes de respuesta.

Qué se discute en el Supremo antes del 29 de noviembre

El debate demoscópico coincide con el conflicto judicial sobre el voto de los beneficiarios de esta vía de nacionalidad.

Según informó Europa Press el 8 de octubre, el Supremo paralizó cautelarmente el voto y las nuevas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes -CERA- de los afectados, salvo acreditación del exilio. El Gobierno ha pedido que se revoque la suspensión y sostiene que no es materialmente posible realizar la diferenciación requerida antes de las elecciones del 29 de noviembre.

Una encuesta de opinión no modifica el derecho a voto

Los resultados de GAD3 describen las preferencias de los consultados, pero no determinan quién puede participar en las elecciones. Esa cuestión depende del marco legal, de las resoluciones judiciales y de su aplicación al censo.

El dato político del sondeo es el respaldo a revisar los procedimientos más allá de los votantes del PP y Vox. La consecuencia jurídica, en cambio, no se desprende de la encuesta y continúa ligada al procedimiento ante el Supremo.

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¿En qué punto se encuentra la tramitación parlamentaria de la ley de nietos y cuáles serían los próximos pasos para modificar sus procedimientos de nacionalización?

La llamada “ley de nietos” no es una ley autónoma en tramitación, sino la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, ya aprobada y en vigor, que abrió una vía extraordinaria para que determinados hijos y nietos de españoles de origen puedan optar a la nacionalidad. Hoy la norma está plenamente vigente, aunque su aplicación y sus efectos electorales están sometidos a una intensa controversia política y judicial.

1. Situación actual de la “ley de nietos” en sede parlamentaria

Según la información disponible, el núcleo jurídico de la “ley de nietos” es:

  • La disposición adicional octava de la Ley 20/2022, que permite optar a la nacionalidad a nacidos fuera de España cuyo padre, madre, abuelo o abuela fuera español de origen y hubiera perdido o renunciado a la nacionalidad “como consecuencia del exilio”, así como a otros supuestos ligados a la pérdida de nacionalidad antes de 1978 y a la Ley de Memoria Histórica de 2007.
  • Su desarrollo administrativo mediante la Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que amplió de facto el alcance práctico de la disposición y estableció una presunción de exilio para quienes salieron de España entre 1936 y 1955. Este es el foco del conflicto político y judicial.

El plazo para presentar nuevas solicitudes al amparo de esta disposición se abrió en octubre de 2022 y, tras una prórroga de un año, se cerró el 22 de octubre de 2025. Desde entonces no se admiten nuevas solicitudes, pero se siguen resolviendo las que entraron en plazo.

En el plano parlamentario, a fecha de hoy:

  • No hay registrada ni en tramitación una “nueva Ley de Nietos” como texto independiente. La vía para nietos y otros descendientes sigue siendo la disposición ya vigente de la Ley 20/2022.
  • Sí existe una estrategia de reformas puntuales:
    • Enmienda de Sumar a una ley orgánica educativa para introducir en la propia Ley de Memoria Democrática el criterio de presunción de exilio que hoy solo está en la Instrucción de 2022. Esa enmienda fue calificada y se está tramitando, aunque ha recibido objeciones de los letrados del Congreso y es objeto de disputa política, por lo que su futuro es incierto.
    • Moción del PP en el Senado con medidas de control sobre las nacionalizaciones y su impacto en el censo electoral, que se debate en Pleno y previsiblemente saldrá adelante gracias a la mayoría popular en la Cámara Alta. Las mociones, sin embargo, no modifican la ley; instan políticamente al Gobierno.
  • Paralelamente, el Tribunal Supremo ha adoptado medidas cautelares que suspenden temporalmente las nuevas altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y el voto de ciertos nacionalizados por esta vía cuando no se ha acreditado el exilio, sin anular ni la disposición adicional octava ni las nacionalidades ya concedidas.

En síntesis: la “ley de nietos” está aprobada y operativa; lo que se halla en curso son reformas parciales por enmienda y una intensa actividad de control político y judicial, pero no un nuevo proyecto de ley global sobre la materia.

2. Próximos pasos necesarios para modificar los procedimientos de nacionalización

Como la vía de nietos forma parte de una ley orgánica (Ley 20/2022), cualquier cambio de fondo en quién puede acceder a la nacionalidad o en las condiciones esenciales del procedimiento exige también una reforma mediante ley orgánica. Los pasos serían, en lo esencial:

  • Iniciativa:
    • El Gobierno puede remitir un proyecto de ley orgánica que reforme la Ley 20/2022 o el Código Civil (artículos sobre nacionalidad), redefiniendo supuestos, plazos y documentación.
    • Uno o varios grupos parlamentarios, el Senado o una asamblea autonómica pueden presentar una proposición de ley orgánica con el mismo objeto. La iniciativa popular no es admisible en materias de ley orgánica.
  • Tramitación en el Congreso:
    • Calificación y admisión a trámite por la Mesa.
    • En caso de proposición, toma en consideración en Pleno. Si no se aprueba, la reforma decae.
    • Apertura de plazo de enmiendas (totales y parciales), trabajo en ponencia y comisión, y posterior debate y votación en Pleno.
    • Al ser orgánica, el texto final debe obtener mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto.
  • Tramitación en el Senado:
    • El Senado puede aprobar el texto, introducir enmiendas o vetarlo. Sus modificaciones o vetos vuelven al Congreso.
    • El Congreso puede levantar el veto y aceptar o rechazar las enmiendas por mayoría simple, manteniendo en última instancia su texto.
  • Sanción, promulgación y desarrollo:
    • Una vez aprobada por ambas Cámaras, el Rey sanciona y promulga la ley, que se publica en el BOE y entra en vigor en la fecha fijada.
    • A partir de ahí, el Ministerio de Justicia puede dictar instrucciones o reglamentos para ajustar el detalle del procedimiento (formularios, pruebas documentales, gestión consular), pero siempre dentro de los límites fijados por la nueva ley orgánica.

En consecuencia, si se quiere una modificación sólida y poco discutible de los procedimientos de nacionalización vinculados a la “ley de nietos”, el camino más seguro no es solo ajustar instrucciones administrativas, sino tramitar y aprobar una reforma de la propia Ley 20/2022 (y, en su caso, del Código Civil) como ley orgánica, con el recorrido completo en Congreso y Senado y la correspondiente mayoría reforzada en la votación final del Congreso.

¿Cuáles son las competencias del Tribunal Supremo en materia de nacionalidad y derecho al voto según la legislación española?

El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes (civil, penal, contencioso‑administrativo y social), salvo en materia de garantías constitucionales, que corresponde al Tribunal Constitucional. En nacionalidad y derecho de voto (sufragio activo y pasivo) su papel es, sobre todo, de control último: revisa lo que ya han decidido otros órganos judiciales y administrativas especializadas, unificando la interpretación de la ley y protegiendo los derechos fundamentales implicados.

1. Competencias en materia de nacionalidad

La nacionalidad se regula básicamente en el Código Civil y afecta al estado civil de las personas y al disfrute de numerosos derechos (entre ellos, el de sufragio pleno). Las competencias del Tribunal Supremo se proyectan en dos grandes ámbitos:

a) Jurisdicción civil (Sala Primera)

En el orden civil, la nacionalidad se conecta con cuestiones como filiación, adopción, matrimonio, vecindad civil o pérdida y recuperación de la nacionalidad. Aquí el Tribunal Supremo actúa como:

  • Órgano de casación civil: revisa, mediante recurso de casación, las sentencias de las Audiencias Provinciales sobre cuestiones de nacionalidad cuando se discute, por ejemplo, si concurren los requisitos legales para adquirir, conservar o perder la nacionalidad española.
  • Unificador de doctrina: fija criterios generales sobre interpretación de los requisitos legales (residencia efectiva, buena conducta cívica, suficiente grado de integración, efectos de la doble nacionalidad, etc.), de forma que los juzgados y tribunales inferiores apliquen la norma de forma homogénea.
b) Jurisdicción contencioso‑administrativa (Sala Tercera)

Muchas decisiones sobre nacionalidad son administrativas (resoluciones de la Dirección General competente, normalmente dependiente del Ministerio de Justicia o Interior). El Tribunal Supremo interviene cuando:

  • Se recurre en la vía contencioso‑administrativa la denegación o concesión de la nacionalidad por residencia, carta de naturaleza u otras vías.
  • Tras pasar por la Audiencia Nacional o los Tribunales Superiores competentes, cabe recurso de casación ante la Sala Tercera del Supremo cuando se cumplen los requisitos legales (interés casacional, relevancia interpretativa, etc.).
  • En ese recurso el Supremo no reabre libremente los hechos, sino que controla la corrección jurídica de la decisión administrativa y judicial previa (aplicación de la ley, respeto al procedimiento y a los derechos fundamentales, como la igualdad o la tutela judicial efectiva).

En suma, en nacionalidad el Supremo es la cúpula del sistema judicial que garantiza una interpretación uniforme de las normas civiles y administrativas aplicables, sin ser el órgano que tramita directamente las solicitudes de nacionalidad.

2. Competencias en materia de derecho de sufragio

El derecho de sufragio activo (votar) y pasivo (ser elegido) es un derecho fundamental reconocido por la Constitución y desarrollado por la legislación electoral. El Tribunal Supremo interviene en este ámbito principalmente a través de la jurisdicción contencioso‑administrativa y la penal.

a) Contencioso‑electoral (Sala Tercera)

La legislación electoral establece cauces judiciales específicos para impugnar actos que afectan al derecho de voto y de candidatura. La Sala Tercera del Supremo asume, en términos generales:

  • Revisión última de decisiones administrativas y judiciales en el proceso electoral, mediante recursos contencioso‑electorales que se plantean con plazos muy breves y tramitación preferente.
  • Control de actos que inciden en el sufragio pasivo, como la proclamación y exclusión de candidaturas o candidatos, cuando la ley le atribuye competencia directa o de casación sobre las decisiones de órganos inferiores.
  • Protección del derecho de sufragio activo cuando un acto administrativo (por ejemplo, de formación del censo o de mesas electorales) es confirmado por órganos judiciales y se recurre ante el Supremo para garantizar el respeto de la ley electoral y de los derechos fundamentales implicados.

En estos casos, el Tribunal Supremo no organiza las elecciones ni gestiona el censo, pero sí puede anular o corregir decisiones que hayan lesionado el derecho de sufragio, interpretando la normativa electoral y asegurando que se respete el principio de sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.

b) Jurisdicción penal (Sala Segunda)

El derecho de sufragio también se protege por la vía penal frente a conductas especialmente graves. El Código Penal tipifica los delitos electorales (por ejemplo, coacciones al votante, manipulación del voto por correo, falsificación de actas, alteración fraudulenta del escrutinio, etc.).

En este terreno, la Sala Segunda del Tribunal Supremo:

  • Conoce, por la vía de casación penal, de las sentencias dictadas por los tribunales superiores en causas por delitos electorales.
  • En ciertos supuestos (por aforamiento de altos cargos del Estado), puede juzgar directamente a las personas acusadas de delitos que afectan al ejercicio del sufragio.
  • Con sus sentencias, fija criterios interpretativos sobre qué conductas vulneran el derecho de sufragio y cómo deben aplicarse las penas y consecuencias accesorias (como la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo).

3. Relación con el Tribunal Constitucional

Cuando el conflicto sobre nacionalidad o derecho de voto alcanza el nivel de vulneración de un derecho fundamental, el Tribunal Supremo es normalmente el último eslabón judicial ordinario. Agotada esta vía, la persona afectada puede recurrir al Tribunal Constitucional mediante recurso de amparo si considera lesionados sus derechos fundamentales, incluido el de participación política. Así, el Supremo y el Constitucional se complementan: el primero garantiza la correcta aplicación de la ley ordinaria; el segundo, el máximo control de constitucionalidad.

¿Podrías explicarme con más detalle cómo funciona el recurso de casación ante el Tribunal Supremo en materia de nacionalidad? ¿Qué vías tengo para recurrir una decisión que me excluye del censo electoral o me impide presentarme como candidato? ¿En qué se diferencia el papel del Tribunal Supremo del Tribunal Constitucional en la protección del derecho de sufragio?

¿Qué requisitos legales deben cumplir los beneficiarios de la ley de nietos para inscribirse en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA)?

Los descendientes que han adquirido la nacionalidad española por la llamada “ley de nietos” (disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática) no tienen un régimen electoral propio: para inscribirse en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) se les aplican las mismas reglas generales de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y su desarrollo reglamentario. A partir de esa normativa, los requisitos legales pueden resumirse así.

1. Nacionalidad española válida y tipo de adquisición
  • La disposición adicional octava de la Ley 20/2022 permite adquirir la nacionalidad española de origen a determinados descendientes de españoles exiliados u otros supuestos tasados.
  • Solo quien haya obtenido y conservado efectivamente la nacionalidad española (no basta con haberla solicitado) puede acceder al CERA, porque:
    • El artículo 2 LOREG establece que el derecho de sufragio corresponde a los españoles mayores de edad.
    • El artículo 37 del Real Decreto 157/1996 prevé que el Registro Civil comunique a la Oficina del Censo Electoral las adquisiciones y pérdidas de nacionalidad, que son la base para actualizar el censo.
  • En el contexto actual, las medidas cautelares del Tribunal Supremo han introducido un matiz importante:
    • Conservan su inscripción en el CERA quienes obtuvieron la nacionalidad por la Ley 20/2022 acreditando documentalmente el exilio del ascendiente.
    • En cambio, se ha ordenado suspender la inscripción en el CERA de quienes la obtuvieron por las vías donde se presume el exilio sin prueba individual (por ejemplo, salidas de España entre 1936 y 1955), hasta sentencia definitiva. Estos beneficiarios, aunque sigan siendo españoles, no pueden figurar en el censo electoral ni votar mientras dure la suspensión.
2. Edad y capacidad para el sufragio
  • El artículo 2 LOREG exige ser mayor de edad (18 años) para tener derecho de sufragio activo.
  • El artículo 3 LOREG establece quiénes carecen de derecho de sufragio (básicamente, quienes hayan sido privados de él por sentencia penal durante el tiempo de la pena). Desde la reforma de 2018, la discapacidad ya no es causa de exclusión.
  • Por tanto, el beneficiario de la “ley de nietos” debe:
    • Haber cumplido 18 años en el momento de la elección (o antes del cierre censal correspondiente), y
    • No estar privado judicialmente del derecho de sufragio.
3. Residencia efectiva en el extranjero e inscripción consular
  • El CERA es el censo de los “electores residentes ausentes que viven en el extranjero”. De acuerdo con los artículos 31, 32, 34‑38 LOREG:
    • El censo electoral contiene a quienes reúnen los requisitos para ser electores y no estén privados de sufragio (art. 31.1).
    • Se compone del censo de residentes en España y del censo de residentes ausentes en el extranjero, y nadie puede figurar en ambos a la vez (art. 31.2).
    • Las oficinas consulares tramitan de oficio la inscripción de los españoles residentes en su demarcación (art. 32.3 LOREG, desarrollado por el RD 157/1996).
  • En la práctica, el beneficiario de la Ley 20/2022 debe:
    • Residir habitualmente fuera de España.
    • Inscribirse en el Registro de Matrícula Consular de la embajada u oficina consular correspondiente a su domicilio en el extranjero.
  • Con base en esa inscripción consular, la Oficina del Censo Electoral recibe mensualmente las altas y bajas y actualiza el CERA de oficio (LOREG 36; RD 157/1996).
4. Vinculación censal con un municipio español
  • Para los españoles residentes en el extranjero, el RD 157/1996 exige que en el censo conste, además de los datos personales y del país y municipio de residencia, la provincia y el municipio de inscripción en España a efectos electorales.
  • El nuevo nacional por la “ley de nietos” debe, por tanto:
    • Elegir o acreditar el municipio español de referencia (habitualmente el del nacimiento del progenitor/ascendiente español o el último domicilio familiar), que será su circunscripción para votar.
    • Ese dato se incorpora a su ficha censal y determina en qué listas electorales y qué candidaturas verá y podrá apoyar.
5. Procedimiento y control de inclusiones y exclusiones
  • La inscripción en el censo es obligatoria (art. 32.1 LOREG); no es un “derecho opcional”, sino presupuesto para votar.
  • Las altas de los nuevos españoles por la Ley 20/2022 llegan a la Oficina del Censo Electoral por dos vías:
    • Las comunicaciones del Registro Civil (adquisición de nacionalidad).
    • Las comunicaciones mensuales de los consulados (altas/bajas en la matrícula consular y cambios de domicilio en el extranjero), conforme a la LOREG y al RD 157/1996.
  • Si una persona incluida o excluida considera que está mal censada, puede reclamar:
    • Ante el consulado u oficina consular durante los periodos de exposición de listas (art. 39 LOREG).
    • La Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral resuelve en breve plazo y sus decisiones son recurribles ante el juez de lo contencioso‑administrativo (art. 40 LOREG).

En síntesis: un beneficiario de la “ley de nietos” puede inscribirse en el CERA y votar desde el extranjero cuando (1) ha adquirido válidamente la nacionalidad española por la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, (2) es mayor de 18 años y no está privado de sufragio, (3) reside habitualmente fuera de España y está inscrito en la matrícula consular, (4) tiene asignado un municipio español a efectos electorales, y (5) no se encuentra entre las inscripciones cuya eficacia en el CERA ha sido cautelarmente suspendida por el Tribunal Supremo.

¿Podrías detallar los supuestos concretos de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 que permiten obtener la nacionalidad y cómo afectan al derecho de voto? ¿Qué efectos prácticos tienen las medidas cautelares del Tribunal Supremo sobre la “ley de nietos” en las elecciones del 29 de noviembre para distintos perfiles de descendientes? ¿Cuál es el procedimiento paso a paso que debe seguir un nuevo nacional por la ley de nietos ante el consulado para asegurar que queda correctamente inscrito en el CERA?

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¿Qué porcentaje de españoles apoya frenar y revisar los procedimientos de nacionalidad por la ley de nietos según GAD3?

Pregunta 1 de 3

¿Qué medida cautelar tomó el Tribunal Supremo respecto al voto de los beneficiarios de la ley de nietos?

Pregunta 2 de 3

¿Qué porcentaje de votantes del PSOE rechaza que quienes nunca han residido en España puedan votar tras obtener la nacionalidad mediante la ley de nietos?

Pregunta 3 de 3