El 68% de los españoles considera que deberían frenarse y revisarse los procedimientos de adquisición de la nacionalidad mediante la llamada ley de nietos, según el barómetro de GAD3 para ABC publicado este domingo. El 21% se muestra contrario a esa medida.
La encuesta, realizada entre el 6 y el 8 de octubre, refleja que el respaldo a la revisión no se limita al electorado de la derecha: alcanza al 50% de los votantes del PSOE y al 43% de los de Sumar, de acuerdo con los resultados difundidos por el diario.
El sondeo aborda dos cuestiones diferentes: la revisión de los procedimientos de nacionalidad y el derecho a votar de quienes la obtuvieron por esta vía sin haber residido nunca en España. Los porcentajes no deben confundirse.
La mitad del electorado socialista apoya revisar los expedientes
El apoyo a frenar y revisar las nacionalizaciones alcanza el 88% entre los votantes del PP y el 87% entre los de Vox. En el electorado socialista se sitúa en el 50% y en el de Sumar, en el 43%.
La comparación muestra una coincidencia parcial entre electorados de distintos bloques sobre la revisión de los procedimientos. No permite concluir, sin embargo, que todos compartan una misma posición sobre el derecho de sufragio de los afectados.
Tampoco significa que esas personas hayan cambiado su intención de voto: el barómetro recoge su opinión sobre una medida concreta, no un trasvase electoral.
El 49% de los votantes del PSOE rechaza el voto de quienes nunca residieron en España
En la pregunta sobre participación electoral, el 49% de los votantes socialistas se opone a que una persona nacionalizada mediante la ley de nietos que nunca haya vivido en España pueda votar en unas elecciones generales.
Ese rechazo alcanza el 36% entre los votantes de Sumar, el 91% entre los del PP y el 96% entre los de Vox, según la información publicada por ABC.
La diferencia entre ambas preguntas es relevante. Apoyar una revisión administrativa no equivale necesariamente a defender una restricción electoral, como muestran los distintos porcentajes de respuesta.
Qué se discute en el Supremo antes del 29 de noviembre
El debate demoscópico coincide con el conflicto judicial sobre el voto de los beneficiarios de esta vía de nacionalidad.
Según informó Europa Press el 8 de octubre, el Supremo paralizó cautelarmente el voto y las nuevas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes -CERA- de los afectados, salvo acreditación del exilio. El Gobierno ha pedido que se revoque la suspensión y sostiene que no es materialmente posible realizar la diferenciación requerida antes de las elecciones del 29 de noviembre.
Una encuesta de opinión no modifica el derecho a voto
Los resultados de GAD3 describen las preferencias de los consultados, pero no determinan quién puede participar en las elecciones. Esa cuestión depende del marco legal, de las resoluciones judiciales y de su aplicación al censo.
El dato político del sondeo es el respaldo a revisar los procedimientos más allá de los votantes del PP y Vox. La consecuencia jurídica, en cambio, no se desprende de la encuesta y continúa ligada al procedimiento ante el Supremo.