El Partido Popular trata de articular su alternativa para las elecciones del 29 de noviembre sobre tres planos complementarios: la confrontación con Pedro Sánchez, la reivindicación de sus gobiernos autonómicos y la defensa de una agenda propia en las instituciones europeas. Las intervenciones de Alberto Núñez Feijóo en Bruselas y de la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en Cantabria reflejan ese espíritu de combinar la crítica al Ejecutivo con propuestas sectoriales y una imagen de partido preparado para gobernar.
La ofensiva contra Sánchez constituye el hilo conductor de ambos discursos. En Bruselas, Feijóo vinculó la crisis de Ceuta con la seguridad nacional y europea, cuestionó la respuesta del Gobierno y reclamó explicaciones sobre la presencia de buques marroquíes en aguas españolas. En Cantabria, García centró buena parte de su intervención en las acusaciones de corrupción contra el entorno del presidente y presentó el 29N como una oportunidad para abrir una nueva etapa política.
El líder del PP quiso elevar el episodio de Ceuta al ámbito comunitario. "No está en juego la seguridad de un país. Está en juego la seguridad de Europa", afirmó tras la cumbre del Partido Popular Europeo. Feijóo anunció que promoverá una investigación y trasladará sus conclusiones a la Comisión Europea, incluida la información relativa a las fragatas marroquíes, y reclamó que Pedro Sánchez comparezca para explicar lo ocurrido.
Su respuesta política pasa también por recurrir a las instituciones europeas. Feijóo se comprometió a utilizar el nuevo Marco Europeo de Respuesta de Emergencias que promueve la Comisión para abordar la situación de las personas que, según sus datos, continúan en situación irregular en Ceuta. Defendió su retorno inmediato y planteó suspender el derecho de asilo en situaciones que calificó de invasión. Además, pidió una presencia permanente de Frontex y Europol en la frontera de Ceuta y Melilla, así como representación permanente de ambas ciudades autónomas en el Comité Europeo de las Regiones.
El planteamiento convierte la crisis fronteriza en uno de los ejes de la crítica del PP al Gobierno y, al mismo tiempo, en una vía para proyectar su discurso fuera de España. Feijóo acusó a Sánchez de no haber respondido con suficiente firmeza a los acontecimientos y cuestionó su relación con Marruecos. Son reproches formulados por el líder popular, que el partido quiere situar en el centro del debate electoral.
El PP quiere combinar la crítica al Ejecutivo con propuestas sectoriales y una imagen de partido preparado para gobernar
En paralelo, Alicia García trasladó a Cantabria una versión de esa misma ofensiva. Durante la reunión de la Junta Directiva del PP regional, la portavoz en el Senado recurrió a las acusaciones de corrupción y a la defensa del Estado de derecho para contraponer el Gobierno de Sánchez al proyecto que atribuye a Feijóo. Las cifras sobre personas investigadas, delitos y posibles penas que mencionó forman parte de sus acusaciones políticas y no deben confundirse con una relación acreditada de responsabilidades judiciales.
La coincidencia entre ambos mensajes sitúa la regeneración institucional como otro de los argumentos con los que el PP pretende definir su alternativa. Feijóo habló en Bruselas de la necesidad de garantizar la limpieza del Gobierno y la independencia de las instituciones, y vinculó esos objetivos a la recuperación de la credibilidad internacional de España. García, por su parte, presentó las elecciones como una disyuntiva entre la gestión que atribuye al PP y la conducta que reprocha al Ejecutivo.
Cantabria como escaparate de gestión
El segundo nivel de la estrategia consiste en utilizar los gobiernos autonómicos del PP como muestra de su capacidad de gestión. En su intervención, Alicia García reivindicó el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga como un ejemplo de estabilidad, honestidad y seriedad que, a su juicio, podría trasladarse al ámbito nacional.
La referencia a Cantabria permite al partido complementar el discurso contra Sánchez con una imagen de gestión propia. La portavoz popular no se limitó a criticar al Gobierno central, sino que presentó a Buruaga como referente del proyecto que Feijóo quiere ofrecer a los españoles. La operación conecta la dirección nacional con los territorios gobernados por el PP y convierte la experiencia autonómica en parte de su argumento electoral.
La referencia a Cantabria permite al partido complementar el discurso contra Sánchez con una imagen de gestión propia
En ese marco, García enumeró varias de las propuestas que el partido quiere poner sobre la mesa: desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo máximo de 48 horas, aplicar una rebaja fiscal del 60% a los jóvenes que compren su primera vivienda, facilitar suelo para construir un millón de casas, priorizar la seguridad y actualizar las pensiones conforme al IPC. También defendió una financiación autonómica que, en sus palabras, evite la existencia de españoles de primera y de segunda.
El catálogo combina cuestiones de impacto cotidiano, como el acceso a la vivienda y la seguridad, con un debate territorial sobre el reparto de recursos. La financiación autonómica sirve al PP para enlazar sus críticas a los acuerdos del Gobierno con los partidos independentistas con la defensa de los intereses de comunidades como Cantabria. El mensaje busca presentar sus reivindicaciones territoriales como parte de una propuesta nacional, no como demandas aisladas de cada autonomía.
La vivienda aparece, además, como uno de los asuntos que pueden dar contenido programático a esa alternativa. El PP plantea medidas fiscales para facilitar la compra y compromete suelo para aumentar la oferta residencial, junto a una respuesta más rápida frente a la ocupación ilegal. Para evaluar el alcance de la propuesta, no obstante, será necesario conocer su desarrollo, sus condiciones y los instrumentos con los que pretende llevarla a la práctica.
Una agenda europea más allá de Ceuta
El tercer plano se despliega en Bruselas. Aunque la crisis de Ceuta concentra buena parte de la intervención de Feijóo, el líder popular incorporó también cuestiones económicas y sectoriales con las que busca presentar al PP como defensor de los intereses españoles en la Unión Europea.
Uno de los asuntos centrales fue la Política Agraria Común. Feijóo rechazó los posibles recortes presupuestarios y defendió que el ajuste debe centrarse en la burocracia, no en los recursos destinados al campo. "Lo que debemos recortar es la burocracia, no el presupuesto", resumió. El presidente del PP reivindicó la competitividad de la agricultura, la ganadería y la pesca españolas y reclamó menos trabas administrativas para facilitar la producción.
La posición sobre la PAC amplía el alcance de su discurso europeo: junto al control fronterizo, el PP sitúa la protección de los sectores productivos entre sus prioridades. El mensaje busca conectar las decisiones presupuestarias de la UE con cuestiones que afectan directamente a agricultores, ganaderos y pescadores españoles.
Feijóo también expresó su respaldo a Pablo Hernández de Cos para presidir el Banco Central Europeo, al que definió como un candidato con solvencia y rigor para garantizar la estabilidad del euro. La propuesta introduce una dimensión económica e institucional en una intervención marcada por la confrontación política. El relevo al frente del BCE, sin embargo, no es inmediato: el mandato de Christine Lagarde está previsto hasta octubre de 2027, aunque se han abierto especulaciones sobre una posible salida anticipada.
Las pensiones completan el puente entre la agenda europea y el mensaje nacional. Feijóo reiteró su compromiso con la viabilidad del sistema público y con la actualización de las prestaciones conforme al IPC, que calificó de innegociable. García incorporó el mismo compromiso a su relación de propuestas en Cantabria. La coincidencia busca ofrecer continuidad entre los mensajes de la dirección nacional y los de sus representantes territoriales, aunque el debate sobre la sostenibilidad del sistema y las posibles reformas exige concretar cómo se compatibilizarían esos objetivos.
Del discurso de oposición a una oferta de gobierno
Las dos intervenciones comparten, por tanto, una estructura reconocible. La crítica a Sánchez sirve como marco político; la gestión autonómica aporta una referencia de gobierno; y la agenda europea permite a Feijóo ampliar el discurso hacia la seguridad, la política agraria y la estabilidad económica. El objetivo declarado del PP es presentar el 29 de noviembre como una oportunidad para cambiar el rumbo del país y recuperar la confianza de sus socios europeos.
La dificultad está en mantener el equilibrio entre esos tres niveles. Las acusaciones contra el Gobierno ocupan un espacio destacado en ambas intervenciones, mientras que las propuestas sobre vivienda, pensiones, seguridad o financiación autonómica ofrecen una base para desarrollar una alternativa programática. La dimensión europea añade asuntos concretos, pero también obliga al partido a precisar cómo traduciría sus compromisos en decisiones viables dentro de las instituciones comunitarias.
Por ahora, los discursos de Bruselas y Cantabria muestran cómo el PP trata de coordinar sus mensajes en distintos escenarios. Feijóo proyecta una imagen de liderazgo nacional y europeo a partir de la crisis de Ceuta y de cuestiones económicas; García presenta la gestión de Buruaga como referencia territorial y reúne propuestas que afectan a la vida cotidiana. Ambos sitúan la regeneración institucional como argumento para justificar un cambio político.
La campaña permitirá comprobar hasta qué punto el partido consigue desarrollar ese esquema en un programa coherente y detallado. La combinación de oposición, gestión autonómica y agenda europea ya aparece en sus intervenciones, pero su alcance dependerá de la concreción de las medidas y de la capacidad de explicar cómo se aplicarían. Esa será la diferencia entre un relato electoral articulado alrededor de Sánchez y una alternativa capaz de sostenerse también por sus propias propuestas.