El PP se reinventa en redes con memes, inteligencia artificial y un community manager que entiende sobre viralidad

A 22 de octubre de 2026, la iniciativa más directamente relacionada con el uso de inteligencia artificial en campañas electorales ya no está en tramitación: caducó el 6 de octubre de 2026, con la disolución de las Cortes. Se trata de la Proposición de Ley Orgánica de regulación de las simulaciones de imágenes y voces de personas generadas por medio de la inteligencia artificial. No llegó a convertirse en ley.

Qué iniciativa era y hasta dónde llegó

La propuesta fue presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar y pretendía regular las recreaciones artificiales de imágenes y voces, incluidos sus usos contra candidatos durante los procesos electorales. La Mesa del Congreso acordó admitirla a trámite el 19 de marzo de 2024; su texto se publicó el 22 de marzo de 2024. Esa admisión permitió iniciar el procedimiento, pero no equivalía a aprobar su contenido ni a convertirlo en legislación vigente (BOCG, 22 de marzo).

El hito que determina su situación actual es la caducidad del 6 de octubre. Por tanto, no sería correcto describirla ahora como pendiente de enmiendas, en comisión o a la espera de aprobación por el Senado. Su recorrido parlamentario terminó sin completar la aprobación legislativa (Disolución de las Cortes).

Conviene distinguirla de una versión anterior con el mismo título, publicada el 13 de octubre de 2023, que fue retirada el 15 de marzo de 2024. La retirada de aquella primera propuesta y la caducidad de la publicada posteriormente son dos desenlaces diferentes, no fases sucesivas de una ley aprobada (Publicación de la retirada).

Qué habría cambiado en las campañas

La propuesta de marzo de 2024 incluía una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, conocida como LOREG. Planteaba añadir un artículo 144 bis sobre la distribución maliciosa de imágenes y voces generadas mediante IA. Abarcaba el periodo comprendido entre la convocatoria electoral y el final de la jornada de votación, y se refería a imágenes o audios de candidatos alterados o recreados mediante sistemas automatizados (Texto de la proposición).

El texto también proponía advertencias visibles o audibles para identificar determinados contenidos artificiales, cambios en la protección del honor y la propia imagen y medidas cautelares para facilitar su retirada urgente. Estas eran medidas propuestas: la caducidad impidió que adquirieran fuerza de ley a través de esa iniciativa.

Otras propuestas que pueden generar confusión

• Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial. Era una regulación general, no exclusivamente electoral. El Consejo de Ministros aprobó su remisión al Congreso el 26 de mayo de 2026, para establecer autoridades supervisoras y un régimen sancionador vinculado al Reglamento europeo de IA. También caducó el 6 de octubre de 2026, sin culminar su aprobación (Referencia del Consejo de Ministros).
• Proposiciones no de ley sobre IA en procesos electorales. Se publicaron el 31 de mayo y el 4 de junio de 2024. Eran peticiones al Gobierno, no textos que modificaran directamente la legislación. También caducaron el 6 de octubre (Propuesta para el Pleno; Propuesta para comisión).

En conclusión, no hay una aprobación parlamentaria pendiente dentro de esos procedimientos: han terminado por caducidad. Para recuperar la regulación específica de imágenes y voces artificiales en campañas tendría que impulsarse una nueva iniciativa en la siguiente legislatura. Esto no significa que cualquier uso electoral de IA sea lícito: siguen existiendo límites derivados del marco europeo y de las normas generales españolas.

La respuesta requiere una distinción importante: los Estatutos nacionales del Partido Popular aprobados en su XXI Congreso de 2025 no configuran al portavoz nacional como un órgano autónomo con una relación propia de competencias. Por tanto, no debe atribuirse a ese cargo, como si fuera una facultad estatutaria expresa, todo lo que habitualmente hace un portavoz político. Su actuación debe entenderse dentro de la dirección política del partido y del encargo que reciba.

Qué establecen los Estatutos

La referencia principal es el texto estatutario de 2025, publicado por el propio PP. La conclusión relevante es que no contiene un catálogo específico que enumere las funciones del portavoz nacional del partido. Eso obliga a separar las competencias expresamente atribuidas a otros órganos de las tareas de comunicación que puedan encomendarse a una persona.

En particular, la regulación consultada sitúa en la presidencia nacional la definición de la estrategia general, los pronunciamientos políticos y programáticos y las líneas maestras de actuación de los grupos institucionales. También le atribuye la autorización de las declaraciones realizadas en nombre del partido o que puedan comprometerlo políticamente. Este marco delimita la actuación de quien ejerce la portavocía: comunicar una posición no equivale a tener competencia para decidirla.

Qué funciones pueden derivarse de ese marco

Con esa precisión, la actividad del portavoz nacional puede describirse en los siguientes términos, sin presentarlos como una enumeración literal de los Estatutos:

• Explicar y transmitir la posición política del PP. Su tarea consiste en trasladar públicamente las decisiones, prioridades y orientaciones adoptadas por los órganos competentes, no en sustituirlos.
• Defender públicamente esa posición. Puede desarrollar argumentos y responder a cuestiones de actualidad dentro del ámbito que se le encomiende, respetando las directrices políticas del partido.
• Actuar como interlocutor comunicativo. Las comparecencias ante los medios y las explicaciones a la opinión pública son tareas propias de una portavocía, pero no constituyen por sí mismas una competencia estatutaria independiente.
• Contribuir a la coherencia del mensaje. La comunicación debe ajustarse a la estrategia general. No obstante, no cabe deducir de ello una potestad autónoma para dirigir a todos los representantes del PP.

Portavoz nacional y portavoces parlamentarios no son lo mismo

Esta es la cautela más importante para interpretar correctamente el texto. Los Estatutos contemplan facultades de la presidencia respecto de los portavoces y cargos directivos de los grupos institucionales, incluido su nombramiento y cese y la aprobación de los reglamentos correspondientes. Esa previsión no debe trasladarse automáticamente al portavoz nacional del partido como si se tratara del mismo puesto.

Por tanto, dirigir la actuación de un grupo parlamentario, intervenir en los debates de una cámara o negociar iniciativas con otros grupos son funciones vinculadas a una portavocía institucional concreta. No corresponden automáticamente al portavoz nacional por llevar ese título. Si una persona reúne ambos cargos, es necesario distinguir en cuál de esas condiciones actúa.

Alcance y límites

En definitiva, los Estatutos no permiten presentar al portavoz nacional como una autoridad independiente que fije unilateralmente la estrategia, autorice cualquier declaración o comprometa al partido al margen de sus órganos de dirección. La formulación más precisa es que ejerce la comunicación y defensa pública de la posición del PP conforme al encargo recibido. Para concretar atribuciones adicionales habría que acudir al acuerdo de designación o a las decisiones organizativas correspondientes, no atribuirlas sin más al texto estatutario.

El Partido Popular ganó las últimas elecciones generales celebradas en España, el 23 de julio de 2023, por delante del PSOE tanto en votos como en diputados. El PP obtuvo 137 escaños, frente a los 121 del PSOE: una ventaja de 16 representantes en el Congreso. En porcentaje de voto, la distancia fue de aproximadamente 1,4 puntos: alrededor del 33,1 % para el PP y del 31,7 % para el PSOE.

Comparación de los resultados

Estos resultados permiten distinguir dos dimensiones de la victoria del PP: quedó primero en apoyo electoral y consiguió la mayor representación parlamentaria. La diferencia en votos fue relativamente estrecha, mientras que la diferencia en diputados alcanzó los 16 escaños. Demócrata recoge los porcentajes redondeados del 23-J en su análisis del resultado electoral y confirma el reparto definitivo de diputados en su comparación con los sondeos.

Qué significa la ventaja del PP

La primera conclusión es que el PP superó al PSOE, pero no obtuvo una mayoría absoluta. El umbral de mayoría absoluta del Congreso está en 176 diputados, por lo que sus 137 escaños quedaron a 39 de esa cifra. Los 121 del PSOE quedaron a 55. Por tanto, ninguno de los dos partidos reunió por sí solo ese número de representantes.

También conviene separar la victoria electoral de lo ocurrido después. El PP terminó primero en las urnas, pero la posterior investidura de Alberto Núñez Feijóo no prosperó. Pedro Sánchez consiguió después ser investido y continuar en la Presidencia del Gobierno. Esa secuencia, recogida en el citado análisis de Demócrata, no cambia quién ganó las elecciones: explica que la primera posición electoral y la formación de Gobierno tuvieron desenlaces distintos.

Cómo quedó el PSOE respecto a su resultado anterior

Aunque fue segundo en 2023, el PSOE mejoró sus cifras respecto a las generales del 10 de noviembre de 2019. Pasó de 120 a 121 diputados y de 6.792.199 a 7.821.718 votos, según los resultados definitivos que recoge Demócrata. Esto supone 1.029.519 papeletas adicionales. Su porcentaje definitivo de 2023 fue del 31,68 %, que redondeado a una decimal es el 31,7 % utilizado en la comparación anterior (resultados de Pedro Sánchez).

La comparación ayuda a evitar una interpretación equivocada: quedar por detrás del PP no significó que el PSOE perdiera votos o diputados respecto a su convocatoria inmediatamente anterior. Mejoró ambos indicadores, pero esa mejora no fue suficiente para conservar la primera posición. El mismo repaso de resultados señala que julio de 2023 fue el máximo de votos de Sánchez como candidato, aunque no su máximo de escaños.

La lectura más sencilla

En resumen, la respuesta es: el PP obtuvo 16 diputados más que el PSOE y alrededor de 1,4 puntos más de voto. Fue la candidatura más votada y la primera fuerza del Congreso, mientras que el PSOE quedó segundo. Los porcentajes están redondeados para facilitar la lectura y los escaños corresponden al resultado definitivo. Son resultados de las elecciones de 2023, no estimaciones de intención de voto ni proyecciones de encuestas posteriores.