Feijóo pedirá a la UE congelar nuevas normas durante un año si llega a la Moncloa

El líder del PP se sumará a la iniciativa impulsada por Austria y respaldada por otros quince países europeos para revisar la legislación vigente antes de aprobar nuevas normas, reducir las cargas administrativas sobre las empresas y eliminar requisitos obsoletos o duplicados

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, planea alinearse con sus socios europeos para reclamar a las instituciones comunitarias una pausa regulatoria de un año que permita evaluar las cargas administrativas de la legislación vigente antes de impulsar nuevas normas. La propuesta, que forma parte del programa electoral de los populares para el próximo 29 de noviembre, conecta con las iniciativas que distintos gobiernos europeos han puesto sobre la mesa en los últimos meses para contener la producción normativa de Bruselas y revisar las obligaciones que soportan empresas y administraciones.

El planteamiento sigue la línea de una iniciativa impulsada por Austria, que reclamaba dedicar un año a "aplicar, simplificar y eliminar regulaciones innecesarias". La propuesta, que contó con el respaldo de hasta quince países europeos, perseguía abrir un periodo de revisión de la legislación comunitaria para identificar las disposiciones que generan cargas desproporcionadas y determinar qué normas pueden simplificarse, modificarse o eliminarse. La iniciativa también guarda similitudes con la petición remitida a Bruselas el pasado mes de octubre por los gobiernos de Alemania, Italia y Bélgica. En aquel escrito, el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro belga, Bart De Wever, trasladaron al presidente del Consejo Europeo, António Costa, la necesidad de establecer criterios de prioridad para impulsar una suerte de "freno de emergencia" regulatorio.

"Basta de decir que hay que simplificar la burocracia. Hay que hacerlo", expresó Feijóo durante la presentación del programa electoral de los populares para las elecciones del 29N. El dirigente gallego pretende trasladar así al ámbito comunitario una de las principales líneas de su propuesta económica: reducir las cargas administrativas que, a juicio del partido, condicionan la competitividad de las empresas europeas y dificultan el crecimiento del tejido productivo.

Una pausa para revisar la legislación comunitaria

La posición del PP también conecta con los mensajes que Feijóo ha trasladado en sus últimos desplazamientos a Bruselas. En su visita en octubre el presidente popular defendió que el ajuste de las cargas sobre el sector agrario no debía pasar por recortar los recursos de la Política Agrícola Común (PAC), sino por revisar las normas que, en su opinión, limitan la capacidad competitiva de los agricultores. En declaraciones a la prensa, el líder de la oposición reclamó que la economía comunitaria deje de tener "el pie siempre encima con estos reglamentos que nadie entiende". Incluso llegó a plantear la conveniencia de realizar una auditoría sobre el número de reglamentos europeos y su alcance, con el objetivo de identificar el impacto real de la acumulación normativa sobre los distintos sectores económicos.

Fuentes del Partido Popular Europeo (PPE) aseguran que la simplificación regulatoria será una de las grandes prioridades de un eventual Gobierno de Núñez Feijóo. El objetivo, explican, será facilitar la actividad tanto de las administraciones como de los ciudadanos y las empresas. "La UE es el terreno burocrático por excelencia, será bueno también actuar ahí", destacan.

EuropaPress | Alberto Núñez Feijóo
EuropaPress | Alberto Núñez Feijóo -

La propuesta de los populares se enmarca en una corriente que ha ido ganando peso entre varios Estados miembros, preocupados por el efecto acumulativo de las obligaciones derivadas de la legislación comunitaria. La cuestión ya no se limita a reducir los trámites administrativos asociados a las nuevas normas, sino que plantea revisar el conjunto del marco regulatorio para determinar qué requisitos siguen siendo necesarios y cuáles pueden estar generando costes innecesarios.

En el caso de Alemania, Italia y Bélgica, los tres gobiernos reclamaron un "último recurso de salvaguardia adicional" para contener los costes burocráticos que soportan las empresas comunitarias como consecuencia de la nueva legislación. Su propuesta pasaba por introducir un mecanismo de prioridad que permitiera posponer temporalmente la tramitación de determinados expedientes regulatorios, con el propósito de facilitar el escalado de empresas, especialmente en sectores tecnológicos.

Esta demanda iba acompañada de una reducción de los nuevos requisitos de información exigidos a las compañías. Los tres países consideraban que la acumulación de obligaciones de reporte y cumplimiento podía convertirse en un obstáculo para el crecimiento empresarial, especialmente en un mercado en el que las instituciones comunitarias pretenden favorecer la aparición de nuevos competidores capaces de alcanzar una dimensión europea.

El PP quiere extender la pausa regulatoria al ámbito nacional

Ahora, el programa electoral de los populares confirma su adhesión a un planteamiento similar al que también ha puesto sobre la mesa Viena y que ha recibido el respaldo de otros quince países europeos. "Nos sumaremos a la petición de varios países europeos de hacer una pausa de un año para que la Unión no genere nuevas normas hasta revisar todas las existentes", recoge el documento presentado por el partido en Génova. La medida se incluye en el capítulo dedicado a la simplificación del Estado y supone trasladar al ámbito nacional una reivindicación que los populares pretenden defender también ante las instituciones comunitarias. La propuesta no se limita a frenar temporalmente la aprobación de nuevas disposiciones, sino que busca revisar el stock regulatorio acumulado y detectar duplicidades, obligaciones obsoletas y requisitos que puedan eliminarse.

En clave nacional, los de Núñez Feijóo también abogan por que cada nueva regulación vaya acompañada de la supresión de tres normas consideradas innecesarias, obsoletas o duplicadas. Se trata de una fórmula que amplía el principio de compensación regulatoria y que pretende evitar que la aprobación de nuevas disposiciones incremente de manera sistemática las cargas administrativas.

De hecho, siguiendo el ejemplo de los paquetes ómnibus de simplificación que están caracterizando la acción legislativa de Bruselas, un eventual Gobierno popular aprobaría un decreto de simplificación para eliminar la burocracia que, según el programa, hace perder tiempo y dinero a los ciudadanos. La intención sería trasladar a la legislación nacional una lógica similar a la que la Comisión Europea está aplicando mediante la revisión simultánea de distintos expedientes normativos.

Menos obligaciones para las pymes y más facilidades para crecer

La iniciativa de los populares también coincide con otra de las demandas trasladadas por los gobiernos europeos a la Comisión: concentrar los esfuerzos de simplificación en las pequeñas y medianas empresas. Los tres países reclamaron nuevos paquetes ómnibus "ambiciosos" para avanzar de forma decidida en la reducción de la burocracia en la Unión Europea, con especial atención a las compañías de menor tamaño, que disponen de menos recursos para asumir los costes derivados del cumplimiento normativo.

El programa de Feijóo recoge una orientación similar y plantea reducir las obligaciones que afectan a las empresas de hasta 250 trabajadores. El objetivo es evitar que el crecimiento de una compañía implique automáticamente un incremento de las cargas administrativas que pueda desincentivar su expansión. "Una empresa no debe tener que elegir entre seguir siendo pequeña o soportar más trabas por haber tenido éxito. Revisaremos los umbrales nacionales que castigan el crecimiento y, donde el derecho europeo lo permita, los nuevos requisitos solo se aplicarán cuando la empresa lleve cuatro años creciendo de forma consolidada", recoge el documento electoral.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presenta el programa electoral del PP para las próximas elecciones generales. Eduardo Parra - Europa Press
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presenta el programa electoral del PP para las próximas elecciones generales. Eduardo Parra - Europa Press -

La propuesta apunta directamente a los umbrales regulatorios que determinan cuándo una empresa debe asumir nuevas obligaciones en función de su dimensión. Los populares pretenden revisar estos límites para evitar que el aumento de plantilla o de actividad implique un salto inmediato en los requisitos administrativos, contables o de información. La referencia a un periodo de cuatro años busca introducir una transición que permita a las compañías consolidar su crecimiento antes de quedar sometidas a nuevas exigencias, siempre que el marco jurídico europeo lo permita.

Defensa, transporte y financiación bancaria, entre las prioridades europeas

El programa electoral popular identifica también la defensa como uno de los ámbitos en los que considera necesario reducir las cargas regulatorias. En este caso, la simplificación se plantea como una herramienta para acelerar los procedimientos y evitar que las exigencias administrativas retrasen la llegada de material militar y el desarrollo de capacidades industriales. "Impulsaremos la industria española de defensa para dotar a nuestras Fuerzas Armadas de las capacidades que necesitan para cumplir sus misiones, generar empleo cualificado en territorio nacional y desarrollar tecnología propia", expresa el documento. Los populares vinculan así la revisión normativa con el objetivo de reforzar la autonomía industrial y tecnológica del sector, en un contexto en el que la política de defensa ha ganado peso en la agenda comunitaria.

Estas prioridades también encuentran reflejo en el programa de trabajo de la Comisión Europea para el próximo año. El Ejecutivo comunitario prevé impulsar nuevos expedientes de simplificación en diferentes sectores, en línea con la estrategia desplegada durante el actual mandato para reducir las cargas administrativas y revisar parte de la legislación aprobada en los últimos años.

Entre las iniciativas previstas figura un paquete de simplificación sobre financiación bancaria, una propuesta para reducir las cargas del marco normativo que afecta al sector del transporte y nuevas medidas dirigidas a revisar las obligaciones derivadas de la legislación digital. A ello se sumará una propuesta destinada a facilitar la construcción y rehabilitación de viviendas. La simplificación regulatoria se ha convertido en uno de los principales ejes de la agenda económica comunitaria, con una presión creciente de varios Estados miembros para que Bruselas no concentre sus esfuerzos únicamente en producir nuevas normas, sino también en evaluar el impacto de las ya aprobadas. El PP pretende incorporarse a ese debate y convertir la revisión del marco regulatorio europeo en una de las prioridades de un eventual Gobierno de Feijóo.