El Gobierno Vasco ha puesto en marcha este lunes la fase de consulta pública previa para elaborar el Plan Territorial Sectorial (PTS) de Vivienda, con el que se busca definir en qué ámbitos concentrar el suelo, la financiación y la inversión pública con el fin de ampliar el parque de vivienda protegida y el alquiler a precios asequibles.
El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha expuesto ante la Comisión de Planificación Territorial y Vivienda del Parlamento Vasco el arranque de los trabajos del Plan Territorial Sectorial (PTS) de Vivienda de Euskadi.
Durante su comparecencia, Itxaso ha llamado a alcanzar un gran pacto de país que permita dar continuidad al plan más allá de los cambios de ciclo político.
“No les propongo respaldar un documento terminado; les propongo contribuir a construir una estrategia territorial que deberá servir a Euskadi durante muchos años”, ha afirmado.
Tal y como ha difundido el Ejecutivo autonómico en una nota, el consejero ha remarcado que el PTS debe sustentarse en un amplio consenso institucional, político y social, que otorgue estabilidad a las decisiones sobre vivienda, suelo e inversión pública.
El Departamento pretende implicar en la elaboración del plan a los ayuntamientos, las diputaciones forales, Eudel, los agentes económicos y sociales, profesionales y personas expertas, el tercer sector y la ciudadanía. “Queremos que forme parte de la propia elaboración del Plan y que tenga capacidad real para mejorar sus contenidos”, ha señalado Itxaso.
La participación ciudadana arranca hoy con una consulta previa a la redacción de las propuestas del PTS, con la intención de recoger las aportaciones de la población desde las primeras etapas y asegurar su intervención en todo el proceso.
Más adelante, el contraste se articulará en dos rondas ligadas al documento de Avance y a la aprobación inicial. En cada una de ellas se celebrarán tres reuniones institucionales, una en Álava, otra en Bizkaia y otra en Gipuzkoa, además de dos mesas temáticas con agentes sociales, profesionales, técnicos y económicos.
En cada fase se habilitará también una consulta digital dirigida al conjunto de la ciudadanía. Tras la aprobación inicial, se organizarán sesiones públicas informativas durante el periodo de información pública y audiencia, fijado en 45 días.
“La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se han tratado sus propuestas y cómo han influido en el resultado final”, ha subrayado Itxaso. El consejero ha prometido volver a la comisión parlamentaria una vez esté listo el documento de avance, antes de cerrar los criterios de la aprobación inicial, para poder incorporar igualmente las sugerencias de los grupos.
Un plan para superar los obstáculos a la vivienda protegida
Itxaso ha enmarcado el PTS en una estrategia global dirigida a afrontar los principales frenos a la producción de vivienda protegida: la falta de suelo disponible, la complejidad de la gestión urbanística y las dificultades de financiación.
La reserva estratégica de suelo del Gobierno Vasco y los proyectos de actuación prioritaria previstos en la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo se articulan con el Fondo Social por la Vivienda, que aspira a movilizar hasta 2.000 millones de euros para impulsar 10.000 viviendas adicionales destinadas al alquiler asequible.
El PTS proporcionará el marco de ordenación territorial para orientar ese esfuerzo inversor. “Estamos construyendo la capacidad de producir mucha más vivienda. El Plan Territorial Sectorial deberá ayudarnos a determinar dónde, cómo y con qué prioridades debemos hacerlo”, ha explicado. La meta es extender el alcance de la vivienda protegida para que se convierta en una alternativa residencial habitual para las clases trabajadoras y medias, sin dejar de priorizar a los colectivos más vulnerables.
Proyectos de especial relevancia y figura legislativa
En coherencia con esta hoja de ruta, Itxaso ha planteado estudiar, mediante una iniciativa legislativa, la extensión de los Proyectos de Interés Público Superior a determinadas actuaciones residenciales orientadas a vivienda protegida. El objetivo sería facilitar el impulso de operaciones de especial trascendencia, bajo las debidas garantías urbanísticas, ambientales y de participación.
Como muestra de la complejidad de los grandes desarrollos residenciales, ha mencionado Zorrotzaurre, en Bilbao, y Sefanitro, en Barakaldo. A su juicio, ambos ámbitos podrían haber avanzado con mayor rapidez si se hubiera dispuesto con anterioridad de esa herramienta legislativa.
Mirando a los próximos años, ha citado Antondegi, en Donostia-San Sebastián, como un ámbito donde este instrumento podría resultar especialmente útil: “Hay casos, como Antondegi, en Donostia, donde una figura de estas características puede ser de gran utilidad”, ha indicado. El PTS serviría para localizar y justificar las necesidades residenciales estratégicas, mientras que los instrumentos de ejecución permitirían transformarlas en proyectos concretos.
Áreas funcionales, movilidad y derecho a la vivienda
El PTS evaluará las necesidades de vivienda de las quince áreas funcionales de Euskadi y las trasladará a la escala municipal. Detectará suelo disponible y bloqueado, fijará criterios de localización y prioridades de inversión y tendrá en cuenta la conexión con el transporte público, los servicios y las áreas de empleo. Dentro de sus competencias y del marco jurídico existente, establecerá determinaciones vinculantes para el planeamiento municipal, en coordinación con el resto de la planificación territorial.
Itxaso ha insistido en que los mercados de vivienda y la vida diaria desbordan las divisiones administrativas. La planificación deberá adaptarse a esa realidad metropolitana y a las distintas características de la Llanada Alavesa, el entorno metropolitano de Bilbao o los valles de Gipuzkoa, donde la orografía, los suelos industriales y las infraestructuras condicionan de manera diversa el desarrollo residencial. “La igualdad en el derecho a la vivienda no exige uniformidad en los medios para garantizarlo”, ha señalado.
El plan combinará nueva construcción, compra pública y captación de vivienda privada con actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana. Asimismo, analizará el impacto de las segundas residencias y de las viviendas de uso turístico sobre la oferta de vivienda habitual, y valorará posibles instrumentos fiscales, urbanísticos, regulatorios y de incentivación para mejorar el aprovechamiento del parque ya existente.
El alquiler protegido y asequible se situará como prioridad estructural. En este contexto, el consejero ha propuesto abrir un debate sobre la posibilidad de aproximarse a un parque protegido del 20% en los municipios tensionados de cara a 2050, un objetivo cuyo alcance y metodología deberán concretarse a lo largo del proceso de elaboración del plan.
Calendario, tramitación y horizonte temporal
Los trabajos técnicos de redacción ya han sido adjudicados. El contrato prevé doce meses de trabajo efectivo del equipo redactor, a los que se sumarán las fases de consulta, participación y tramitación ambiental. El horizonte estimado para la aprobación definitiva se sitúa en torno a 2030.
El PTS tendrá una vigencia aproximada de 16 años, con un sistema de seguimiento cada cuatro años para evaluar su desarrollo y, en su caso, introducir los ajustes necesarios.