Los grupos parlamentarios de PP y Vox han avanzado que votarán en contra de las enmiendas parciales registradas por el PSOE --40-- y Unidas por Extremadura --50-- a los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) de 2026 en el área de Salud y Atención a la Dependencia, al entender que las cuentas ya priorizan la asistencia sanitaria y consolidan el sistema.
Las propuestas socialistas, organizadas en dos bloques, han sido defendidas por las diputadas Soraya Vega y Judit Olivares. En su intervención, Vega ha insistido en que el SES no sufre un problema de financiación sino de gestión, con un cambio de modelo que, a su juicio, "no consiste en fortalecer la sanidad pública, sino en deteriorarla poco a poco" para legitimar derivaciones a la sanidad privada y favorecer los seguros privados.
Con sus enmiendas, el PSOE pretende "recuperar el rumbo" mediante un plan de choque para "rescatar" la Atención Primaria, además de reclamar más recursos para salud mental, un plan de modernización de consultorios locales y la recuperación de una "verdadera agenda de inversiones sanitarias".
Judit Olivares ha subrayado que las enmiendas sobre discapacidad y dependencia "no son oposición por oposición" sino una alternativa "clara y comprometida" con el bienestar de la ciudadanía extremeña y frente a la externalización de servicios y recursos.
Entre sus propuestas, ha planteado reforzar y ampliar la red de Centros de Atención a la Discapacidad de Extremadura (Cadex), con la creación de uno nuevo en Plasencia, así como potenciar los conciertos sociales, la atención temprana, las plazas de habilitación funcional y las plazas residenciales para personas con discapacidad.
En el turno de fijación de posiciones, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha apelado a que los parlamentarios sean "maduros", asuman la situación real del sistema sanitario y reconozcan que las medidas aplicadas hasta ahora "no son suficientes".
Desde Vox, la diputada María Jesús Salvatierra ha sostenido que las enmiendas del PSOE no configuran un verdadero plan sanitario, sino una "operación de propaganda pagada con el dinero que cura a los enfermos", y ha reprochado que se plantee financiar actuaciones "vaciando quirófanos y tratamientos farmacológicos".
En la misma línea, la diputada del PP Margarita Núñez ha reclamado al PSOE que deje de "mentir", negando las cifras que la oposición atribuye a las derivaciones sanitarias y detallando los incrementos de múltiples partidas de la sección de Salud y Atención a la Dependencia, algo que también ha puesto de relieve la 'popular' Isabel Sánchez Torremocha.
Las 50 enmiendas de Unidas por Extremadura
En nombre de Unidas por Extremadura, José Antonio González Frutos ha defendido las 50 enmiendas registradas por su grupo, de las que 24 se refieren a atención a la dependencia y consumo, y el resto al ámbito sanitario.
Sobre el sistema de salud, ha denunciado que el modelo "engorda" en términos presupuestarios sin que ello suponga una mejora real, y ha criticado los "desequilibrios" en el reparto del aumento, ya que, según ha dicho, crecen más las derivaciones a la privada, la productividad variable, las peonadas y el gasto farmacéutico que el refuerzo estructural y planificado del sistema público.
En cuanto al sistema de atención a la dependencia, ha advertido de que se encuentra en una encrucijada que exige tomar decisiones y realizar un "diagnóstico adecuado" para avanzar hacia un modelo de "más calidad", "más digno" y con "mayor atención domiciliaria".
En el debate posterior, la diputada de Vox María Jesús Salvatierra ha calificado el paquete de propuestas de Unidas como "carta a los reyes magos". "Una residencia en cada pueblo, un centro de salud en cada una ambulancia en cada esquina. Todo a la vez, todo y ya", ha ironizado.
También ha opinado que muchas de esas medidas suponen un "recorte camuflado" a la sanidad pública vía medicamentos y ha recalcado que buena parte de las demandas ya figuran en el acuerdo de gobernabilidad, que se está empezando a ejecutar con un presupuesto "realista y riguroso" que destina una "cantidad histórica" a salud y atención a la dependencia.
En representación del PSOE, Soraya Vega ha confirmado el respaldo de su grupo a las enmiendas de Unidas al entender que apuntan a reforzar el sistema público, y ha remarcado la coincidencia en la urgencia de fortalecer la Atención Primaria.
"Lo urgente es que Extremadura necesita más sanidad pública, más profesionales y más capacidad propia. Porque les tengo que recordar que las competencias son nuestras, de la comunidad autónoma. Echar balones fuera resulta casi ridículo", ha señalado.
Asimismo, la socialista Judit Olivares ha incidido en que comparten buena parte del contenido de dichas enmiendas y que contribuyen a mejorar la vida de la población. "Detrás de cada plaza residencial hay una familia que está esperando una solución", ha afirmado.
Desde el PP, Margarita Núñez ha pedido a González Frutos que abandone el "relato del recorte" y ha defendido que la "realidad" es que las cuentas garantizan el bienestar de la ciudadanía y fortalecen los servicios públicos.
Por ello, ha justificado el rechazo de los 'populares' a las enmiendas por considerarlas irresponsables desde el punto de vista presupuestario, al pretender financiar nuevas medidas debilitando la prestación farmacéutica o reduciendo los fondos para intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas o medicamentos hospitalarios. En la misma línea, la 'popular' Nélida Martín Hernández ha subrayado que los presupuestos de 2026 son los "más cuantiosos" y los "más sociales".
Debate sobre subvenciones y diálogo social
En la sección de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, el diputado de Unidas por Extremadura Juan Alessandro Schirinzi ha defendido las 10 enmiendas de su grupo, centrando su intervención en las que afectan a la participación institucional de las organizaciones sindicales, cuyas subvenciones se reducen en estas cuentas, aunque ha precisado que la mayoría de las propuestas tiene carácter técnico.
En el turno de posiciones, la diputada de Vox Eva García Alegre ha asegurado que, al analizar las cifras con detalle, se revela la "verdadera realidad" del presupuesto, que, a su juicio, es una "profunda distorsión" de las prioridades al anteponer la financiación de estructuras afines a la "mejora real" de los servicios públicos.
Por parte del PP, Susana Rodríguez Sánchez ha anunciado que su grupo rechazará las diez enmiendas de Unidas y ha enumerado las mejoras conseguidas por los empleados públicos desde la llegada de María Guardiola a la Presidencia de la Junta, como el pago de atrasos salariales o la implantación del nivel 3 y el nivel 4 de la carrera profesional, entre otras.
En cuanto a las diez enmiendas del PSOE, el diputado Julio César Rodríguez ha reprochado que se haya elevado el diálogo social al rango de consejería y que "a las primeras de cambio quedan a los interlocutores válidos sin apenas presupuesto", tras recortar un 50 por ciento las subvenciones "arrastrada por su acuerdo inhumano con la ultraderecha".
De nuevo, Eva García Alegre (Vox) ha censurado que el PSOE presente lo que considera el "catálogo perfecto de las prioridades equivocadas y de la confusión ideológica" con la que la izquierda pretende gestionar los recursos públicos, por lo que ha adelantado "con absoluta firmeza" el voto en contra a las enmiendas socialistas.
Finalmente, la 'popular' Olivia Labrador ha respondido al PSOE que, en materia de diálogo social, la Junta reconoce el papel constitucional y legal de las organizaciones más representativas, pero ha recalcado que su financiación debe ajustarse a criterios de "legalidad, revisión y adecuación presupuestaria".