El Consell d'Eivissa ha expresado su respaldo al proyecto de nueva Ley Agraria promovido por el Govern, considerado “importante” para afianzar la buena evolución del sector primario en la isla y para que agricultores y ganaderos puedan ejercer su labor con una mayor rentabilidad.
El vicepresidente insular, Mariano Juan, ha subrayado en la Comisión General de Consells del Parlament celebrada este miércoles que la futura ley va “en la misma dirección· que las medidas impulsadas en Ibiza durante los últimos años “menos burocracia, más oportunidades para nuestros agricultores y el compromiso de mantener vivo nuestro campo”.
Según ha recordado, entre 2019 y 2025 el censo de explotaciones agrarias registradas en Eivissa ha pasado de 1.527 a 1.773, lo que supone un aumento del 16 por ciento. En paralelo, las explotaciones ganaderas han crecido de 734 a 968, un 32 por ciento más. También la superficie dedicada a la agricultura ecológica se ha duplicado en cinco años, al pasar de 792 hectáreas en 2020 a 1.590 en 2025.
“Los problemas del campo siguen existiendo, pero estos datos demuestran que hay agricultores y ganaderos que continúan apostando por nuestra tierra. Nuestra responsabilidad es acompañarlos y consolidar esta evolución positiva”, ha señalado el vicepresidente.
Juan ha vinculado los objetivos de la nueva normativa con las actuaciones ya puestas en marcha por el Consell, como el Reglamento de simplificación administrativa aprobado en 2022 o la modificación del Plan Territorial Insular, ratificada en 2025, dirigidas a reducir trabas burocráticas y abrir la puerta a nuevas actividades económicas ligadas al sector primario.
El vicepresidente ha resaltado asimismo las oportunidades que la ley abre para las empresas de servicios agrícolas —como las de maquinaria, mantenimiento, poda o recolección— gracias al uso de determinadas construcciones agrarias tradicionales.
“Proteger el campo no es sólo preservar el suelo rústico, sino también facilitar que quienes lo trabajan se puedan ganar la vida. Esta es la filosofía que hemos defendido en Eivissa y que ahora recoge la nueva Ley agraria”, ha afirmado Juan.
El responsable insular ha puesto en valor los 102 expedientes de incorporación de jóvenes agricultores tramitados en las convocatorias de 2020, 2021, 2023, 2024 y 2025, remarcando que es esencial asegurar la viabilidad económica de las explotaciones para garantizar el relevo generacional.
“El reto no es sólo que los jóvenes se incorporen al campo, sino que se puedan quedar, invertir y desarrollar un proyecto de vida”, ha subrayado.
Al mismo tiempo, Juan ha admitido que el sector continúa afrontando obstáculos derivados de la insularidad, el minifundismo de las fincas y la presión sobre el suelo y la mano de obra, por lo que ha defendido la conveniencia de contar con un marco legal que facilite la actividad agraria.
El Consell de Formentera reclama una ley agraria adaptada a sus particularidades
Por otro lado, el Consell de Formentera ha defendido ante el Parlament la conveniencia de disponer de una ley agraria que tenga en cuenta las especificidades de la isla.
La vicepresidenta primera, Verónica Castelló, ha centrado su intervención en la necesidad de que la norma dé respuesta a los desafíos del sector e integre las singularidades territoriales, institucionales y agrarias de Formentera.
La institución insular ha manifestado que comparte la necesidad de una nueva ley que refuerce la actividad agrícola y ganadera y garantice su continuidad. En esta línea, Castelló ha sostenido que este propósito debe ir ligado al reconocimiento de la diversidad entre islas y al respeto por las formas tradicionales de organización y explotación de la tierra.
“Desde Formentera defendemos una ley agraria que impulse el sector, que proteja el territorio y que asegure la continuidad de la actividad agraria. Pero también una ley que reconozca la diversidad de nuestras islas y que no confunda igualdad con uniformidad”, ha apuntado la consellera.
Además, el Consell de Formentera ha presentado alegaciones en las que propone que se incluya de forma expresa la explotación 'a majoral', figura tradicional de Eivissa y Formentera.
La institución también pide que el texto recoja las prácticas y el léxico propios de las Pitiusas y salvaguarde las costumbres agrarias de cada isla como parte de su acervo jurídico y cultural. En el plano competencial, reclama que la ley delimite con precisión las atribuciones de los Consells en materia agraria.
Otra de las aportaciones se refiere a la protección de los recursos hídricos. El Consell solicita que las previsiones sobre el mantenimiento de captaciones existentes, en el marco de proyectos de riego con aguas regeneradas, vayan ligadas a un control riguroso del agua en función del estado de los acuíferos.
En sus alegaciones, Formentera plantea igualmente que el uso agrario de materiales naturales procedentes de la limpieza del litoral, incluida la posidonia, tenga en cuenta las técnicas tradicionales de cada isla y se lleve a cabo conforme a la normativa ambiental.
Asimismo, se propone preservar los usos históricos de recogida de productos silvestres allí donde estén documentados, respetando las costumbres, los derechos de propiedad y las buenas prácticas ambientales.
El Consell también ha reclamado que se asegure apoyo material y asistencia técnica a las personas que no disponen de medios electrónicos para relacionarse con la administración.