Alemania vuelve a tener sobre la mesa la posible ilegalización de Alternativa para Alemania (AfD) ante su avance en las encuestas y la proximidad de tres elecciones regionales decisivas. El país no ha iniciado todavía un procedimiento formal para prohibir el partido de extrema derecha pero existen varias iniciativas políticas y jurídicas para pedir al Tribunal Constitucional Federal que estudie su inconstitucionalidad, mientras el Gobierno de coalición y los principales partidos mantienen posiciones enfrentadas.
La discusión ha cobrado fuerza después de que más de 1.000 juristas firmaran una carta abierta dirigida al Gobierno federal y a los diputados del Bundestag. Los firmantes reclaman que las instituciones activen los mecanismos previstos en la Ley Fundamental para que sea el Tribunal Constitucional quien determine si AfD persigue objetivos incompatibles con el orden democrático.
El llamamiento llega en plena campaña para las elecciones de Sajonia-Anhalt, previstas para el 6 de septiembre, y las de Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental, que se celebrarán el 20 de septiembre. AfD encabeza las encuestas en los dos estados del este y podría convertirse en la fuerza más votada con porcentajes cercanos o superiores al 40% en Sajonia-Anhalt.
Alemania no ha iniciado todavía la ilegalización de AfD
Ninguno de los tres órganos autorizados para iniciar un procedimiento de ilegalización —el Bundestag, el Bundesrat o el Gobierno federal— ha presentado una nueva solicitud ante el Tribunal Constitucional. Las iniciativas conocidas buscan precisamente que alguno de estos órganos dé ese paso. La decisión final no correspondería al Gobierno ni al Parlamento, sino exclusivamente al Tribunal Constitucional Federal, con sede en Karlsruhe.
El artículo 21 de la Ley Fundamental alemana permite declarar inconstitucionales los partidos que, por sus objetivos o por el comportamiento de sus miembros, pretendan perjudicar o eliminar el orden fundamental democrático y libre o poner en peligro la existencia de la República Federal.
No basta, por tanto, con que una formación defienda posiciones radicales, cuestione determinadas políticas públicas o sea vigilada por los servicios de inteligencia. Para prohibir AfD tendría que demostrarse que el partido actúa de forma planificada contra los principios esenciales de la democracia alemana y que dispone de capacidad real para avanzar hacia esos objetivos.
Llevar a AfD ante el Constitucional
La última ofensiva parte del Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein, una asociación alemana de abogados que ha promovido una carta abierta respaldada por más de un millar de juristas.
Los firmantes solicitan al Gobierno y al Bundestag que presenten una demanda de inconstitucionalidad contra AfD. Su argumento es que existen suficientes indicios para que el Tribunal Constitucional examine el programa, la actuación de los dirigentes y la evolución interna del partido.
La petición se apoya, entre otros documentos, en un estudio elaborado por la organización de defensa de los derechos civiles Gesellschaft für Freiheitsrechte. Este informe, financiado mediante donaciones privadas, concluye que una solicitud de ilegalización tendría posibilidades de prosperar y sostiene que los sectores radicales se han impuesto dentro del partido.
Sus autores consideran que algunas posiciones y declaraciones de AfD podrían amenazar principios protegidos por la Constitución alemana, especialmente la dignidad humana, la igualdad ante la ley y el carácter democrático del Estado. Según la organización, para realizar el análisis se examinaron más de tres millones de documentos, referencias y registros.
El informe no tiene carácter vinculante y no sustituye una investigación oficial. Constituye una argumentación jurídica que podría servir de base para preparar una eventual solicitud ante el Tribunal Constitucional.
SPD, Verdes y La Izquierda presionan para estudiar la prohibición
El Partido Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y La Izquierda se muestran favorables a examinar las posibilidades legales de abrir un procedimiento contra AfD.
El vicecanciller y dirigente socialdemócrata Lars Klingbeil ha defendido que el Estado debe comprobar si se cumplen las condiciones constitucionales para actuar. El SPD ya aprobó en su congreso federal de 2025 una resolución favorable a preparar un eventual procedimiento de ilegalización.
Los Verdes y La Izquierda reclaman una actuación más rápida. Ambos partidos consideran que el crecimiento electoral de AfD no elimina la obligación de analizar si su actividad vulnera la Constitución. Para sus defensores, la prohibición de partidos constituye uno de los instrumentos de la denominada "democracia militante": la capacidad del sistema democrático alemán para defenderse de organizaciones que pretendan acabar con él desde dentro.
Sus partidarios sostienen además que la popularidad electoral de una formación no puede convertirse en una protección frente al control constitucional. AfD responde que la iniciativa supone un intento de excluir por vía judicial a un competidor político respaldado por millones de votantes.
La CDU y la CSU advierten de los riesgos del procedimiento
Por su parte, la Unión Demócrata Cristiana y su partido hermano bávaro, la Unión Social Cristiana, mantienen una posición mucho más cautelosa. El sector mayoritario de los conservadores rechaza precipitar la presentación de una demanda sin disponer de pruebas suficientes para superar el exigente filtro del Tribunal Constitucional.
El ministro federal del Interior, Alexander Dobrindt, ha sostenido que los informes existentes no bastan por sí solos para garantizar el éxito del procedimiento. También destacados juristas, como el expresidente del Tribunal Constitucional Hans-Jürgen Papier, han advertido de las dificultades para demostrar todos los requisitos.
Los detractores de la iniciativa temen que un fracaso judicial refuerce políticamente a AfD, permita al partido presentarse como víctima del sistema y debilite la estrategia de combatirlo en las urnas. También cuestionan que la prohibición resuelva las causas sociales y políticas que explican su crecimiento.
Dentro de la CSU han aparecido, no obstante, propuestas para estudiar una fórmula más limitada: solicitar la ilegalización de determinadas federaciones regionales de AfD consideradas especialmente radicalizadas.
¿Se puede prohibir solo una federación regional de AfD?
La legislación alemana permite que el Tribunal Constitucional limite una declaración de inconstitucionalidad a una parte jurídica u organizativamente independiente de un partido. Esta previsión ha abierto el debate sobre una posible prohibición de federaciones como la de Turingia, encabezada por Björn Höcke.
La medida presenta dificultades. Primero habría que demostrar que la federación regional posee suficiente autonomía respecto a la organización federal. Después sería necesario acreditar que su actividad cumple las mismas condiciones constitucionales exigidas para prohibir un partido completo.
Los gobiernos regionales tampoco podrían adoptar directamente la decisión. La solicitud tendría que ser presentada ante el Constitucional por el Bundestag, el Bundesrat o el Gobierno federal. El tribunal podría determinar posteriormente si su resolución debe afectar a todo AfD o únicamente a una parte autónoma de su estructura.
El papel de los servicios de inteligencia alemanes
La Oficina Federal para la Protección de la Constitución clasificó a AfD como una organización de extrema derecha confirmada, pero la aplicación pública de esa catalogación permanece suspendida mientras los tribunales resuelven el recurso presentado por el partido.
El Tribunal Administrativo de Colonia todavía debe pronunciarse sobre el fondo del asunto. Su resolución podría tener una influencia política importante, aunque no decidiría automáticamente la ilegalización de AfD.
La clasificación de los servicios de inteligencia y la declaración de inconstitucionalidad son procedimientos diferentes. La primera permite ampliar la vigilancia de una organización cuando existen indicios de extremismo. La segunda puede provocar su disolución, la prohibición de organizaciones sucesoras y la pérdida de su patrimonio.
El único órgano con capacidad para declarar inconstitucional un partido es el Tribunal Constitucional Federal.
El precedente de la NPD y la elevada exigencia constitucional
La dificultad de prohibir un partido quedó patente en 2017, cuando el Tribunal Constitucional rechazó ilegalizar el Partido Nacionaldemócrata de Alemania (NPD), posteriormente denominado Die Heimat. El tribunal concluyó que la formación perseguía objetivos contrarios al orden democrático, pero consideró que carecía de capacidad real para llevarlos a la práctica debido a su escasa influencia política y electoral.
El caso de AfD sería distinto. El partido cuenta con representación en el Bundestag, presencia en numerosos parlamentos regionales y una intención de voto especialmente elevada en el este de Alemania. Esa fortaleza podría satisfacer el requisito de capacidad política que no cumplía la NPD, aunque también aumentaría el impacto institucional y social de una eventual prohibición.
En 2024, el Constitucional sí excluyó durante seis años a Die Heimat de la financiación pública. Esta alternativa exige demostrar el carácter anticonstitucional de sus objetivos, pero no que el partido tenga posibilidades reales de alcanzarlos. Por ese motivo, algunos juristas consideran que retirar a AfD la financiación estatal podría ser una vía menos extrema que su ilegalización.
Un primer intento quedó archivado en el Bundestag
El actual debate tiene un precedente reciente. A finales de 2024, un grupo de 113 diputados impulsó una iniciativa para que el Bundestag solicitara al Tribunal Constitucional la declaración de inconstitucionalidad de AfD.
La propuesta fue debatida en enero de 2025, pero no llegó a votarse antes de que concluyera la legislatura. El expediente quedó archivado y cualquier nuevo intento deberá comenzar desde el principio en el actual Parlamento.
No existe un plazo cerrado para presentar la solicitud ni una mayoría constitucional cualificada específicamente establecida para aprobarla en el Bundestag. Sin embargo, la trascendencia política del procedimiento hace difícil imaginar que salga adelante sin un respaldo amplio de los partidos democráticos.
Las elecciones regionales aceleran la discusión sobre AfD
La reactivación del debate coincide con unas elecciones regionales que pueden alterar el equilibrio político alemán. AfD parte como favorita en Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Pomerania Occidental, aunque el resto de los grandes partidos rechaza formar gobiernos de coalición con la formación.
En Sajonia-Anhalt, algunas encuestas colocan a AfD entre el 41% y el 43%, con una amplia ventaja sobre la CDU. El reparto definitivo de escaños dependerá también de cuántos partidos superen la barrera electoral del 5%.
En Mecklemburgo-Pomerania Occidental, AfD aparece igualmente entre las principales fuerzas y algunos sondeos le atribuyen alrededor del 36%. La posibilidad de que consiga gobernar uno de estos estados ha elevado la presión sobre los partidos tradicionales.
Esta proximidad electoral también alimenta las reservas. Los contrarios al procedimiento sostienen que plantearlo durante la campaña podría beneficiar a AfD y convertir la ilegalización en el eje de su estrategia electoral.
Qué tendría que ocurrir para ilegalizar a AfD
El primer paso sería que el Bundestag, el Bundesrat o el Gobierno federal acordaran presentar una solicitud formal. A continuación, el Tribunal Constitucional debería analizar si la demanda está suficientemente fundamentada y abrir el procedimiento.
El tribunal examinaría los programas del partido, las declaraciones de sus dirigentes, las decisiones de sus órganos internos y la conducta atribuible a sus miembros. También tendría que determinar si los elementos anticonstitucionales representan posiciones aisladas o definen realmente la orientación general de AfD.
Si el Constitucional declarase al partido inconstitucional, podría ordenar su disolución, prohibir la creación de organizaciones sucesoras y determinar el destino de sus bienes. Hasta que no exista una sentencia, AfD conserva íntegramente sus derechos como partido político.
Por ahora, Alemania se encuentra en una fase previa: existen informes, cartas abiertas y peticiones políticas para iniciar el procedimiento, pero no una solicitud formal ni una decisión institucional de ilegalizar AfD. La combinación entre su crecimiento electoral y las enormes dificultades jurídicas explica por qué el debate divide tanto al Gobierno como a la oposición.