La excandidata a la Presidencia de Ecuador Luisa González fue arrestada este jueves por las fuerzas de seguridad del país andino. La noticia fue difundida en un primer momento por el expresidente Rafael Correa y más tarde ratificada por la propia dirigente, mientras la Fiscalía informaba de varias detenciones dentro de una causa sobre financiación política y gasto electoral durante la campaña presidencial de 2023.
“Apresaron a Luisa González. ¡Ya basta!. Ecuador vencerá”, escribió Correa en redes sociales, sin ofrecer datos adicionales sobre las circunstancias del arresto ni sobre el paradero de la dirigente de Revolución Ciudadana.
Horas más tarde, la líder opositora confirmó en un comunicado oficial que se encontraba detenida, encuadrando el operativo en lo que califica de “persecución política” y subrayando que en este momento ella es la principal afectada por dicha campaña.
“Hemos llegado a una situación insostenible. La dictadura de Noboa no solo ha llevado a nuestro querido país al desastre económico, con una violencia y una corrupción totales, sino que el ataque a las libertades y la persecución política son una realidad permanente. Los presos políticos de la dictadura están siendo maltratados y torturados”, ha asegurado.
González expresó su agradecimiento por la “infinita solidaridad” que dice haber recibido, calificó de “absurdas” las imputaciones en su contra y se comprometió a enfrentar el proceso “con la dignidad de las ecuatorianas y los ecuatorianos que nada deben y que están comprometidos con lograr la libertad de Ecuador y un futuro mejor para el país”.
La dirigente también apeló a la cohesión interna de su organización y al respaldo de otras corrientes de izquierda. Llamó a la unidad de su movimiento y de “todas las fuerzas progresistas” de Ecuador para “lograr la libertad y la democracia”. “Más temprano que tarde, el silencio explotará en cada rincón del territorio y lograremos la tan anhelada democracia”, ha agregado.
Órdenes de detención y el papel de la Fiscalía
La Fiscalía General del Estado informó de que agentes policiales ejecutaron órdenes de detención en las provincias de Pichincha y Manabí “contra tres personas investigadas por su presunta participación en el delito de blanqueo de capitales”, dentro de una causa en la que ya se investiga a un total de siete implicados.
El Ministerio Público comunicó después que una de las señaladas, Wendy Onofre, secretaria del Movimiento RETO —una formación de centroizquierda identificada como Lista 33— se presentó “voluntariamente” ante las autoridades en la provincia de Guayas.
Desde el Gobierno, el primer vicepresidente de la Asamblea, Esteban Torres, negó que la actuación de la Fiscalía contra González esté relacionada con el calendario electoral. A su juicio, no se puede vincular automáticamente cualquier investigación con la contienda política. “Aquí se ha malentendido el concepto de que aquél que está en política, está santificado. No se puede decir que cualquier investigación que se haga en un período electoral esté necesariamente relacionado. Somos cautos, es una investigación previa y estaremos atentos al caso”, ha dicho.
El llamado caso Laberinto
El proceso, conocido como caso Laberinto, se centra en “presuntas irregularidades en la financiación política y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023 por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos”, según la versión oficial de la Fiscalía.
De acuerdo con informaciones del diario ecuatoriano ‘Primicias’, la causa se originó a raíz de una denuncia presentada por Diana Atamaint, expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), por una supuesta infracción electoral de González cuando compitió por la Presidencia frente a Noboa. Se le reprochaba no haber documentado el origen de ciertos fondos de la campaña de 2023; las sanciones económicas se abonaron y el expediente administrativo fue posteriormente archivado.
Aun así, el asunto fue remitido el pasado 23 de junio a la Fiscalía por un presunto delito de blanqueo de capitales, en el que constan como “sospechosos” otras cuatro personas vinculadas al equipo de campaña de González.
Denuncia de detención arbitraria y petición de medidas cautelares
La defensa de González y su partido, Revolución Ciudadana, difundieron un extenso comunicado en el que sostienen que se trata de una “detención arbitraria e inconstitucional” y “una grave vulneración a las garantías básicas del debido proceso y a sus Derechos Humanos fundamentales”, alegando que las autoridades no han precisado “el lugar exacto donde se encuentra retenida ni han permitido el acceso” de sus abogados.
“Hacemos directamente responsable al Gobierno y a las instituciones del orden por su integridad física, psicológica y su vida”, señalan en la nota, en la que acusan al Ejecutivo de Daniel Noboa de una “instrumentalización aberrante” del sistema judicial y, en particular, de los cuerpos destinados a combatir el crimen organizado.
Según la versión del movimiento político, “se ha montado de forma exprés una causa penal por presunto lavado de activos que busca disfrazar lo que en estricto Derecho constituye una supuesta discrepancia administrativa en cuentas de campaña por un monto mínimo de 6.100 dólares”, denunciando “un acto explícito de persecución de Estado (Lawfare) destinado a proscribir a la oposición”.
Ante lo que describen como un “grave atropello democrático”, exigen que las autoridades informen “de inmediato” del paradero de González y autoricen el acceso de su equipo jurídico. Asimismo, anuncian que solicitarán “medidas cautelares urgentes” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger la integridad y los derechos de la dirigente opositora.