La sede del Tribunal Constitucional de Polonia, en Varsovia, quedó rodeada por un fuerte despliegue policial en la noche de este viernes, en el punto álgido de una crisis institucional sobre la composición de la cúpula de la corte que enfrenta desde hace meses al primer ministro Donald Tusk con sus dos principales adversarios políticos: el líder de Ley y Justicia y ex jefe de Gobierno, Jaroslaw Kaczinski, y el actual presidente del país, Karel Nawrocki.
El origen del conflicto se remonta a comienzos de este año, cuando Nawrocki, estrecho aliado de Kaczinski, se negó a jurar a tres de los seis magistrados designados por el Parlamento. A ello se sumó la decisión del presidente del Constitucional, Bogdan Swieczkowski, que rehusó permitir que los jueces elegidos por la actual mayoría parlamentaria tomaran posesión de sus cargos.
La situación se agravó con la propuesta ante la Cámara de Maciej Berek, principal asesor jurídico del Ejecutivo de Tusk, como nuevo juez del Tribunal Constitucional. El presidente Nawrocki también rechazó prestarle juramento, lo que tensó aún más la pugna entre el Gobierno y la Presidencia.
Choque en el Tribunal y despliegue policial
Durante la tarde, la agencia oficial de noticias polaca PAP informó de que Swieczkowski y su adjunto, Bartlomiej Sochanski, habían sido suspendidos durante un mes y que sus nombres habían sido retirados de la web oficial del tribunal por orden de la jueza Anna Korwin-Piotrowska, quien apareció en la televisión polaca para anunciar que se convertía en la nueva presidenta de la corte.
Pocos minutos después de los cambios en la página institucional, el propio tribunal aseguró en sus redes sociales que el sitio había sido objeto de una "toma ilegal", que Korwin-Piotrowska no representa al órgano, y que cualquier persona implicada en estas actuaciones "está cometiendo el delito de golpe de Estado".
En una primera reacción en redes sociales, Tusk afirmó que la restauración del Estado de derecho "es un deber" y que "tras años de arbitrariedad" ha comenzado "un proceso difícil, a veces doloroso, que requiere una acción decidida" porque "no hay otro camino".
La escalada política se trasladó de inmediato al exterior del edificio. La Policía de Varsovia confirmó la detención de tres personas que intentaban acceder al interior del Constitucional y puso en marcha un operativo de seguridad frente a "comportamientos agresivos", dado que un grupo de manifestantes estaba "intentando romper la valla" que protege el recinto.
Ante la gravedad de la situación, Nawrocki decidió cancelar su viaje a Senegal y anunció que regresaba de inmediato al país. "En un momento así, el presidente debe estar en Polonia", declaró, mientras Kaczinski, también en redes sociales, denunciaba que la corte estaba siendo víctima de un "atentado" por parte de los "servicios de Tusk" en un episodio sin precedentes a "escala mundial".
"A partir de hoy, Polonia se convierte en un estado policial, y de ahí ya hay un camino directo al autoritarismo, y luego al totalitarismo. El Tribunal es la garantía de nuestra libertad y soberanía. El pisoteo del derecho por parte de Tusk no tiene límites", sostuvo el líder de Ley y Justicia.
El Supremo habla de golpe de Estado
Las palabras más duras llegaron del presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapinski, quien afirmó abiertamente que lo que está sucediendo en la capital polaca es "una toma de poder por la fuerza que tiene todas las características de un golpe de Estado".
Kapinski denunció que "tanto el presiente como el vicepresidente del Constitucional han sido destituidos ilegalmente de sus cargos, y se ha instalado a un usurpador sin autoridad", en alusión directa a Korwin-Piotrowska.
Con el paso de las horas, la crisis se fue extendiendo a otros ámbitos del Estado. El embajador de Polonia en China, Jakub Kumoch, hizo pública su dimisión al considerar que el escenario actual hace inviable seguir desempeñando sus responsabilidades diplomáticas.
Korwin-Piotrowska, por su parte, convocó una reunión plenaria de los jueces del Tribunal Constitucional para el 3 de noviembre con el objetivo de abordar la cuestión del presupuesto de la corte, actualmente bloqueado por el enfrentamiento institucional.
Tras admitir que lo que se vive ahora mismo en Varsovia "representa un estado de fuerza mayor constitucional, ha pedido al presidente Nawrocki que "calme esta escalada" y abra un dialogo con el Gobierno "porque las soluciones que utilizan la fuerza son un desastre para la construcción de la sociedad y el entendimiento".