Argentina ha llevado este martes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una petición de “medidas provisionales” para frenar la explotación de recursos por parte de Reino Unido en las islas Malvinas, después de exigir a Londres el cese de las labores vinculadas al proyecto “Sea Lion”.
El presidente argentino, Javier Milei, detalló en un comunicado difundido en redes sociales que Buenos Aires ha presentado ante dicha corte “una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por parte de Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte”.
Según explicó, esta actuación “busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por Reino Unido agraven la controversia reconocida por Naciones Unidas”.
“La presentación se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno nacional inició el 28 de septiembre, confirme al anexo VII de la Convención de la ONU sobre el Derecho al Mar (CONVEMAR), para defender su soberanía y los recursos naturales de todos los argentinos”, subrayó el mandatario.
En esta línea, vinculó la solicitud con un artículo de la Convención que establece que “mientras se encuentre pendiente la constitución de un tribunal arbitral, cualquiera de las partes en la controversia podrá solicitar al tribunal que prescriba medidas provisionales para preservar los respectivos derechos de las partes en la controversia o para prevenir daños graves al medio marino, y si la urgencia de la situación así lo requiere”.
Milei remarcó además que “La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes”. “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”, añadió.
La ofensiva diplomática de Argentina
Por su parte, el ministro de Exteriores argentino, Pablo Quirno, calificó esta iniciativa como “un hecho sin precedentes”. “La estrategia integral impulsada por el presidente, Javier Milei, para defender nuestros recursos en la plataforma continental argentina está generando resultados concretos”, afirmó.
Quirno detalló que Buenos Aires ha solicitado al tribunal que Reino Unido “impida el inicio o la continuación de la explotación de los recursos de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Norte de Malvinas por parte del denominado proyecto ‘Sea Lion’”, y que “se abstenga de utilizar la información obtenida durante la exploración de los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa en perjuicio de los derechos de Argentina”.
Al mismo tiempo, la presentación persigue que Reino Unido “cese de impedir que la República Argentina cumpla con su obligación, en virtud de los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR, de proteger y preservar el medio marino de las áreas marítimas objeto de la controversia”, según indicó en un mensaje en redes sociales.
El jefe de la diplomacia argentina recalcó que la petición pretende igualmente que Londres “se abstenga de adoptar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia, en particular, el otorgamiento de nuevos permisos para la explotación de los recursos de la plataforma continental en disputa”.
“Reiteramos una vez más nuestro compromiso con el diálogo, la diplomacia, el Derecho Internacional, e invitamos a Reino Unido a retomar la mesa de negociación bilateral para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía, tal como lo establecen las resoluciones de Naciones Unidas. Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”, concluyó.
Respuesta británica y contexto del conflicto
El Ejecutivo británico, que aún no ha reaccionado a este nuevo paso de Buenos Aires, ya rechazó a finales de septiembre la decisión de Argentina de activar un arbitraje internacional por la exploración petrolera en las islas Malvinas y avisó de que esta postura “plantea interrogantes sobre la fiabilidad” del país sudamericano como socio de Londres.
Ante las críticas argentinas, el Gobierno de Reino Unido defendió que las operaciones petroleras se rigen por la legislación de las islas Malvinas y se desarrollan “en plena conformidad con el Derecho Internacional”, reiterando su reivindicación de soberanía sobre el archipiélago pese a las constantes reclamaciones de Buenos Aires.
Milei ha sostenido que esta ofensiva diplomática y financiera se vio impulsada por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que estaba “revisando” la posición de Washington sobre el contencioso. Estas palabras han vuelto a poner en primer plano la guerra de diez semanas de 1982 por el control de la zona, que precipitó la caída de las juntas militares argentinas y consolidó el liderazgo de Margaret Thatcher al frente del Gobierno británico.