El Ejecutivo colombiano ha iniciado una nueva reorganización de la Policía Nacional por la que la antigua Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), creada durante el mandato del expresidente Gustavo Petro, será sustituida por otra estructura con distinta denominación e incorporará de nuevo un escuadrón antidisturbios para actuar en contextos de protesta social.
Esta reconfiguración figura en una resolución firmada este martes por el director general de la Policía Nacional, el general Jesús Barrera Peña, un documento al que han tenido acceso varios medios colombianos.
La resolución, de ocho páginas, fija una nueva arquitectura interna, reparte las competencias entre sus diferentes dependencias y marca un plazo máximo de 90 días para completar los trámites administrativos previos a la aplicación efectiva de los cambios, según detalla el diario “El Tiempo”.
La UNDMO será reemplazada por la Unidad Nacional Antidisturbios (UNADI), que a su vez incorporará los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD), recuperando así la denominación y las siglas que se utilizaban antes de las reformas impulsadas por el Gobierno de Petro (2022-2026).
La UNADI quedará bajo la Subjefatura Nacional del Servicio de Policía y actuará únicamente cuando las capacidades de otras instancias estatales resulten insuficientes o se vean superadas. Estará formada por ocho unidades regionales, de las que dependerán 30 Escuadrones Móviles Antidisturbios, cinco de ellos con base en Bogotá, la capital del país.
La reforma va más allá de un simple cambio nominal: la Policía redefine su estructura interna, consolida una nueva cadena de mando y evidencia un giro en la estrategia del actual Ejecutivo frente a los desórdenes públicos. Sectores de la oposición y de la sociedad civil interpretan este movimiento como una tentativa de restringir las libertades y acotar el derecho a la protesta.
En este contexto, decenas de miles de personas se manifestaron este miércoles en las principales ciudades de Colombia para exigir mejoras en las condiciones laborales, en el sistema educativo y en otros ámbitos, en el que se ha convertido en el primer paro nacional contra el Gobierno de De la Espriella.
Las movilizaciones, impulsadas por sindicatos, organizaciones estudiantiles, la oposición y diversos colectivos sociales, tuvieron lugar un día después de la aprobación del decreto que “define el nuevo protocolo de actuación de las autoridades en el marco de manifestaciones públicas” y que “regula el uso de la fuerza legítima del Estado para proteger a la ciudadanía y garantizar el derecho a la protesta pacífica”.