El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha comunicado este viernes la adopción de sanciones contra Osama al Masri Nayim, antiguo responsable de la Policía de Libia sobre el que pesa una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos crímenes de guerra.
“Hoy designamos al exfuncionario de la Policía judicial libia Osama al Masri Nayim por su papel en la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante a los detenidos. La Administración del presidente (Donald) Trump no tolerará la violencia y el abuso contra los cristianos o miembros de otros grupos minoritarios religiosos”, ha señalado Rubio en una nota oficial.
El dirigente estadounidense ha precisado que las sanciones se extienden también a su esposa, Aml Faraj Mohamed Majluf, y ha recalcado que a ambos se les veta la entrada en territorio estadounidense por el trato “cruel, inhumano y degradante a los detenidos en las prisiones libias”. “Sus actos, que incluyen asesinatos, trabajos forzados y ataques contra cristianos y miembros de otros grupos minoritarios, lo convierten en un peligro para el pueblo de Libia y para Estados Unidos.
“La medida adoptada por el Departamento de Estado demuestra, una vez más, el compromiso inquebrantable de la Administración a la hora de exigir responsabilidades a los autores de abusos y de proteger al pueblo estadounidense frente a sus actos”, ha añadido el secretario de Estado.
Osama al Masri Nayim, que ejercía como director de la prisión de Mitiga, en las proximidades de Trípoli, fue arrestado a comienzos de enero por las fuerzas de seguridad de Italia en la ciudad de Turín, en cumplimiento de una orden de detención dictada por el TPI por torturas y violaciones perpetradas en 2015 supuestamente en centros penitenciarios libios.
Hacia finales de ese mismo año, el Gobierno de Libia reconocido por la comunidad internacional confirmó que el exjefe policial había sido devuelto al país desde Italia tras pasar varios meses encarcelado, en un procedimiento que motivó una investigación sobre diversos altos cargos italianos, entre ellos la primera ministra, Giorgia Meloni, que finalmente no fueron imputados por ninguna irregularidad.
Después de la deportación, el TPI reclamó aclaraciones a las autoridades italianas y recordó que el Estatuto de Roma recoge “el deber de todos los Estados parte de cooperar plenamente en sus investigaciones y enjuiciamientos por crímenes”, lo que habría exigido consultar con el tribunal cualquier posible obstáculo o decisión relacionada con el caso.
Además, Al Masri fue arrestado de nuevo el pasado mes de junio en territorio libio y sentenciado a más de siete años de cárcel por vulneraciones de los Derechos Humanos.