El Gobierno de Estados Unidos ha comunicado este lunes la imposición de nuevas limitaciones de visado a ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a quienes acusa de haber contribuido, mediante prácticas de corrupción o actividades de narcotráfico, a debilitar gobiernos surgidos de las urnas y el Estado de derecho en el hemisferio occidental.
Esta actuación se integra en la iniciativa 'Escudo de las Américas', una alianza regional de países de corte conservador cuyo propósito central es combatir a las organizaciones criminales y a quienes las respaldan desde el interior de las instituciones públicas.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, ha defendido que el proyecto busca pasar de los compromisos políticos a acciones tangibles. “El Escudo no es solo palabras; es acción y resultados”, ha afirmado en un mensaje difundido en redes sociales, en el que también ha adelantado que se adoptarán nuevas medidas.
Landau ha precisado que el Departamento de Estado ha aplicado restricciones migratorias a nacionales de los cuatro países que, según Washington, “han socavado el Estado de derecho en nuestro hemisferio”, y ha reiterado que el Ejecutivo estadounidense se mantiene junto a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú para “defender los gobiernos elegidos democráticamente contra la corrupción y las redes narcoterroristas que pretenden socavarlos”.
La nueva política se ampara en la Ley de Inmigración y Nacionalidad estadounidense (INA, por sus siglas en inglés), que faculta a las autoridades a vetar la entrada al país cuando la presencia o las actividades previstas de una persona puedan acarrear consecuencias potencialmente graves para la política exterior de Estados Unidos.
Medidas dirigidas a ciudadanos de cuatro países
El Departamento de Estado ha explicado que este mecanismo permitirá actuar de forma continuada y ágil a medida que se reúnan nuevas evidencias, y que contempla restricciones tanto para las personas directamente señaladas como, en ciertos supuestos, para sus familiares más cercanos.
En el caso de Bolivia, Washington ha revocado los visados vigentes de doce personas y de sus parientes directos. Entre los afectados se encuentran el fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores; la jueza investigadora anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres de Santa Cruz Albania Chane Caballero; el exministro de Justicia Iván Manolo Lima Magne, y el expresidente ejecutivo de la Aduana Nacional Alberto Samuel Soto de la Via.
A esta lista se añaden otros nueve ciudadanos bolivianos que no contaban actualmente con visado estadounidense y que, junto con sus familiares, han sido declarados no elegibles para obtenerlo en el futuro.
En Colombia, la Administración Trump ha tomado medidas frente a dos ciudadanos y sus familias, mediante la revocación de sus visados: el empresario Euclides Antonio Torres, dueño de un conglomerado con presencia principalmente en el sector energético, y la senadora Martha Isabel Peralta, vinculada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).
En Ecuador, Estados Unidos ha impuesto restricciones de visado a otras dos personas y ha anulado los visados de los afectados, extendiendo las sanciones a sus familiares según la política anunciada. En Perú, la decisión ha alcanzado a un ciudadano —el juez del Tribunal Constitucional del Primer Circuito de Lima Juan Carlos Núñez Matos— y a su entorno familiar.
El fiscal general de Bolivia, señalado por corrupción
Además de estas restricciones, el Departamento de Estado ha incorporado de forma pública al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, al listado de funcionarios extranjeros señalados por corrupción.
La designación de Mariaca implica que tanto él como sus familiares directos tienen prohibida la entrada a Estados Unidos. Washington ha argumentado su decisión asegurando que dispone de información sobre una supuesta implicación del fiscal general en “actos de corrupción significativos”.
De acuerdo con la versión difundida por el Departamento de Estado, Mariaca, elegido en 2024 para un mandato de seis años durante la Presidencia del entonces mandatario Luis Arce, habría utilizado sus cargos públicos para solicitar y recibir sobornos destinados a “facilitar el narcotráfico” y “ayudar a delincuentes violentos eludieran la acción de la Justicia”.
Estados Unidos sostiene que estas conductas obstaculizan sus esfuerzos contra el narcoterrorismo y erosionan las instituciones democráticas que los países integrantes del 'Escudo de las Américas' se han comprometido a reforzar. “Los funcionarios corruptos --y los criminales a quienes protegen-- no son bienvenidos en Estados Unidos”, ha recalcado Washington al explicar las medidas.
El señalamiento de Mariaca se ha efectuado al amparo de la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de 2026, que autoriza al secretario de Estado a designar, de manera pública o privada, a funcionarios extranjeros y a sus familiares directos cuando exista información considerada fiable sobre su participación en corrupción significativa o en graves vulneraciones de los Derechos Humanos.