El presidente de Guinea, Mamadi Doumbouya, ha apartado este viernes de sus funciones a dos miembros de su Gabinete, después de advertir en un comunicado que la lucha contra la corrupción alcanzará a todos los responsables públicos sin excepción.
La orden firmada el pasado viernes para destituir al ministro de Trabajo, Mory Condé, y al titular de Comunicación, Mourana Soumah, no detallaba los motivos oficiales ni establecía un nexo directo con expedientes de corrupción. No obstante, este sábado el propio Doumbouya ha vinculado sus salidas del Gobierno con la obligación de transparencia y su política de tolerancia cero ante cualquier irregularidad en la administración.
En una nota difundida a través de sus redes sociales, el jefe del Estado ha asociado estas decisiones a la necesidad de ejemplaridad en el ejercicio del poder.
“Contra la corrupción, mi mano no titubeará. Ningún rango, ningún cargo, ninguna cercanía pone a nadie a salvo del rigor republicano. Las decisiones intervenidas esta noche en el seno de la República son la prueba de que la exigencia se aplica a todos, sin excepción, comenzando por los que trabajan a mi lado. La 'Refundación' no es solo un eslogan, es una disciplina que nos imponemos en primer lugar a nosotros mismo”, ha señalado.
Los ceses se producen mientras el Gobierno guineano mantiene la transparencia administrativa y la lucha contra la corrupción entre sus prioridades estratégicas, pilares que el Ejecutivo destaca en su plataforma oficial junto con la reconciliación nacional, la refundación del Estado y la inclusión.
“Una nación no se construye en la división ni en la impunidad; se construye en la confianza restaurada entre el Estado y sus ciudadanos, más allá de nuestras regiones, nuestros orígenes y nuestras diferencias”, ha matizado.
Junto a estas destituciones, un nuevo decreto oficial ha confirmado el relevo de Mahamadou Abdoulaye Diallo, asesor presidencial para Cultura, Turismo y Artesanía. Al mismo tiempo, las autoridades han anunciado sanciones contra el exfiscal general del Tribunal Supremo, Algassimou Diallo, que ha sido inhabilitado para ejercer funciones judiciales.
Estas actuaciones se inscriben en la ofensiva del Ejecutivo guineano para endurecer los controles en la función pública, en un contexto en el que la corrupción provoca cada año pérdidas superiores a los 500.000 millones de francos guineanos (unos 48 millones de euros) en sobornos, según cálculos de la Agencia Nacional de Lucha contra la Corrupción de Guinea.