El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha desestimado la solicitud de urgencia presentada por el Gobierno federal de Donald Trump, que pretendía obligar al estado de California a apartar y dejar sin contabilizar de forma provisional cerca de 20.000 votos por correo de electores señalados por la Administración como posibles “no ciudadanos”, de cara a las elecciones de medio mandato que se celebran este martes en el país.
Mediante una breve providencia hecha pública este lunes, el Alto Tribunal confirma que la medida cautelar planteada por los abogados del Ejecutivo ha sido rechazada. Esta resolución permite que las autoridades electorales de California procedan al recuento ordinario de estas papeletas en las ‘midterms’.
La Administración Trump había pedido en la misma jornada al Supremo que actuara con carácter urgente para frenar el escrutinio de dichos sufragios. La petición, presentada por el procurador general John Sauer, reclamaba una medida cautelar “modesta” para segregar estas papeletas de las consideradas válidas hasta verificar la ciudadanía de los votantes. En el escrito enviado al Alto Tribunal, el Gobierno sostiene que la legislación federal prohíbe de forma expresa el voto de extranjeros y alerta de que el cómputo de estos votos provocaría un “daño irreparable” a la integridad del proceso electoral al diluir los sufragios legítimos.
Esta estrategia judicial entra en conflicto directo con los fallos previos de las instancias inferiores. El 9º Circuito de Apelaciones y el juez federal David O. Carter —que ya había rechazado la orden de restricción el pasado 29 de octubre— denegaron la pretensión del Ejecutivo al considerar que el sistema utilizado por Washington para cruzar datos migratorios está “plagado de incertidumbres y errores” y podría dejar sin derecho al voto a ciudadanos estadounidenses con plenos derechos.
Además, estos tribunales han subrayado que imponer a las autoridades locales un nuevo mecanismo de segregación de papeletas en la víspera de los comicios supondría una intromisión inconstitucional en las competencias de California, con el riesgo de alterar el recuento cuando apenas quedan horas para la cita electoral.
En su recurso ante el Supremo, el procurador general sostiene que el Gobierno federal tiene plena competencia y jurisdicción para hacer cumplir sus propias normas electorales por encima de las regulaciones estatales, invocando la Cláusula de Supremacía.
El escrito remitido al Alto Tribunal sostiene que la separación provisional de los votos cuestionados es una práctica ordinaria prevista incluso en la normativa electoral de California, e insiste en que no se pretende anular sufragios, sino disponer del tiempo necesario para aclarar su legalidad sin alterar los resultados finales.