El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha rechazado de forma tajante las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la propia institución, una decisión que interpreta como un intento directo de frenar su labor judicial. Estas medidas se añaden a las ya adoptadas anteriormente contra trece de sus jueces y fiscales y, según ha denunciado, se producen en perjuicio del orden jurídico internacional.
“Esta medida atenta contra una institución judicial independiente, creada por tratado y encomendada por 125 Estados partes para investigar y enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión”, ha señalado el Tribunal en un comunicado, en el que recalca que la decisión “constituye un intento de obstaculizar la Justicia”, además de un “ataque contra el Estado de derecho y contra los fundamentos mismos del orden jurídico internacional, que atenta contra el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley”.
La institución ha avisado igualmente de que estas sanciones no solo tratan de entorpecer el normal desarrollo de sus investigaciones y procesos, sino también de ejercer presión sobre su personal y sobre quienes colaboran con la Corte. Pese a ello, “la Corte seguirá cumpliendo plenamente su mandato, con independencia e imparcialidad”, tal y como ha afirmado su presidenta, Tomoko Akane.
Petición a los Estados parte para sostener la labor del TPI
La Corte ha recalcado que su continuidad operativa depende en gran medida del respaldo de los Estados que promovieron su creación y ha recordado que el Estatuto de Roma supone un compromiso conjunto para impedir la impunidad de “los delitos más graves que preocupan al conjunto de la comunidad internacional”.
En este sentido, la institución ha subrayado que hacer efectivo ese compromiso exige la determinación de los países firmantes y ha llamado a los Estados parte a aprobar nuevas medidas concretas que garanticen que el Tribunal cuenta con los medios necesarios para seguir desempeñando su función.
Aunque ha admitido que el contexto actual puede generar obstáculos, la representante del TPI ha puesto en valor el trabajo realizado junto a los Estados que lo apoyan “para garantizar la continuidad y la resiliencia de sus operaciones”.
Rechazo a la intimidación y advertencia sobre las consecuencias
Por otra parte, la Corte ha remarcado que quienes trabajan para hacer justicia no deberían sufrir ningún tipo de represalia por el ejercicio de sus responsabilidades y ha alertado de que el alcance de la decisión de Washington supera el marco institucional, al poner en cuestión la disposición real de la comunidad internacional a defender los principios que proclama.
“Nadie debería ser castigado por servir a la causa de la Justicia”, ha afirmado la institución, antes de apelar a la responsabilidad de los Estados en un momento que considera determinante para el futuro de la justicia internacional.
“La Historia juzgará este momento. Las generaciones futuras, y sobre todo las víctimas de atrocidades masivas, se preguntarán cómo respondimos cuando una institución creada para protegerlas fue atacada. Se preguntarán si la Corte se mantuvo firme y si la comunidad internacional defendió los principios que proclamó o permitió que se abandonaran bajo presión”, ha remachado el Tribunal al final de su comunicado.
Estas manifestaciones se producen después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos haya dado este viernes un nuevo paso en su ofensiva contra el TPI como organismo, al que acusa de ser un ente “supranacional corrupto” y “politizado” que excede sus competencias. Ya existían trece jueces y fiscales del TPI sancionados por Washington en respuesta a la investigación abierta a Israel por presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
En esta ocasión, el anuncio de las nuevas sanciones se ha difundido pocas horas después de que el Comité Noruego del Nobel decidiera otorgar el premio Nobel de la Paz a la exjueza del TPI y antigua Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, un reconocimiento que el presidente estadounidense, Donald Trump, había reclamado para sí mismo en los días previos.