Las delegaciones del Gobierno de Venezuela y de la Asamblea Nacional (AN) elegida en 2015 anunciaron este miércoles la conclusión del tercer ciclo de negociaciones para avanzar en la estabilización y apertura democrática del país, cerrando compromisos clave que abarcan la revisión de las inhabilitaciones políticas y la puesta en marcha de una comisión conjunta para gestionar la recuperación del oro retenido en el Banco de Inglaterra.
En un comunicado conjunto leído por los jefes negociadores, Jorge Rodríguez, en representación del Ejecutivo, y Dinorah Figuera, por la AN de 2015, ambas partes expusieron los acuerdos alcanzados tras seis jornadas de trabajo celebradas en Caracas.
En el plano político, el punto central del entendimiento es el compromiso de “iniciar un proceso de revisión profunda” de diversos instrumentos jurídicos con el fin de reforzar la convivencia democrática. Entre estos textos se incluye la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, sobre la que se ha convenido revisar específicamente “lo inherente al proceso de inhabilitaciones” que ha impedido a numerosos dirigentes opositores presentarse a elecciones. También se ha acordado abrir el debate sobre la Ley de Partidos Políticos para asegurar el pluralismo, así como sobre la tipificación del delito de terrorismo en la normativa vigente.
Igualmente, las delegaciones han comunicado el arranque de las discusiones para la creación de una “Defensoría de garantías políticas y participación ciudadana”, concebida como un mecanismo de protección de los derechos políticos, que podría concretarse mediante una nueva ley o como resultado directo de la propia mesa de diálogo.
En el ámbito económico y humanitario, Gobierno y oposición han decidido constituir una “delegación paritaria” que gestionará ante las autoridades del Reino Unido la “necesidad y urgencia” de recuperar las reservas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra. El propósito, según el documento, es destinar esos recursos a “atender las necesidades de la población afectada por el doble terremoto” que sacudió La Guaira y zonas cercanas a Caracas el pasado junio, además de contribuir a la recuperación de los deteriorados servicios públicos del país.
Sobre este asunto, Figuera defendió en rueda de prensa el rol de la AN de 2015 en la protección de esos activos frente al Gobierno del expresidente Nicolás Maduro, y celebró que el oro “valga hoy el doble”. La representante opositora confirmó que la comisión estará formada por tres emisarios del Gobierno interino (encabezado por Delcy Rodríguez) y tres de la Asamblea, con el objetivo de facilitar la llegada de los fondos y ofrecer una “respuesta social y de habitabilidad” a los sectores más vulnerables.
Debate electoral y control de los ingresos petroleros
Durante su intervención, Figuera fue preguntada por el calendario electoral y por las recientes especulaciones que apuntan a que las presidenciales podrían aplazarse hasta 2027 o inicios de 2028. La negociadora precisó que la fijación de la fecha es competencia exclusiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), aunque insistió en que “la voluntad política” es que el país retome la normalidad electoral una vez culminado el proceso de reinstitucionalización de los poderes públicos. “Anuncios aledaños que crean incertidumbre le hacen poco servicio a la voluntad política que tenemos ambas partes”, concluyó.
Por su parte, Jorge Rodríguez respondió con contundencia a las versiones que señalan que Estados Unidos controla los ingresos petroleros venezolanos. “Por supuesto que Venezuela controla todo lo correspondiente a los recursos que obtiene por concepto de la venta de petróleo a todos los países del mundo”, afirmó, atribuyendo esas informaciones al clima de campaña en Estados Unidos ante las próximas elecciones de medio mandato, previstas para el 3 de noviembre.
El representante del Gobierno reivindicó además la firma reciente de “el más importante acuerdo petrolero que se haya firmado en los últimos 100 años”, un entendimiento que, a su juicio, beneficia tanto a Washington como a Caracas y garantiza recursos para atender las necesidades de la población venezolana.
El siguiente ciclo de conversaciones, que cuenta con el respaldo explícito de la Administración estadounidense de Donald Trump, está programado para celebrarse entre el 11 y el 15 de noviembre.
En paralelo, la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció hace pocos días que la Administración estadounidense no la haya incorporado a estas conversaciones políticas celebradas esta semana en Caracas. Machado subrayó así el distanciamiento con la Casa Blanca tras meses en los que Washington la ha mantenido al margen para favorecer la continuidad de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, después de la captura de Nicolás Maduro el pasado enero.