El Ejecutivo iraní ha arremetido contra el sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al que responsabiliza de intentar “encubrir” las acciones de Estados Unidos e Israel. La reacción llega tras la difusión de un informe de la relatora especial Mai Sato, donde se sostiene que Teherán habría aprovechado el actual contexto bélico en la región para intensificar la represión política, las detenciones y las ejecuciones de disidentes.
El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, ha rechazado el mandato aprobado en el Consejo de Derechos Humanos, que describe como una iniciativa con motivaciones políticas impulsada por Reino Unido. En un mensaje difundido en sus redes sociales, Baqaei afirma que recurrir a la figura de la relatora especial para responsabilizar a Irán de los abusos atribuidos a Washington y Tel Aviv constituye un “intento deliberado de encubrir la agresión, las atrocidades y las medidas coercitivas unilaterales”. También ha calificado esta postura de “profundamente engañoso e hipócrita”.
Las palabras del portavoz llegan tras la presentación ante la Asamblea General de la ONU del último informe de Sato. En este documento, la relatora concluye que, entre febrero y agosto de 2026, la sociedad civil iraní ha quedado atrapada entre la “agresión externa” y la “represión interna”. El texto sostiene que el conflicto armado internacional de Irán con Estados Unidos e Israel, junto con la actuación de las autoridades de Teherán, han contribuido de forma recíproca a agravar el sufrimiento de la población.
Ejecuciones, acusaciones de espionaje y apagones de Internet
La relatora subraya que la guerra no ha supuesto una relajación del control interno por parte del Gobierno iraní, sino todo lo contrario: se habría reforzado la represión, con una continuidad en las ejecuciones arbitrarias y en los presuntos homicidios ilegítimos atribuidos a las fuerzas de seguridad del Estado.
Según Naciones Unidas, Teherán estaría recurriendo a las prerrogativas de tiempo de guerra en su propio territorio para presentar las protestas como operaciones diseñadas por Estados Unidos e Israel, redefinir a los manifestantes como colaboradores de esos países y formular cargos de espionaje contra expresiones pacíficas.
El organismo internacional también denuncia que las autoridades iraníes decretaron un corte de las telecomunicaciones de tres meses, una interrupción que, además de arruinar los medios de vida de amplios sectores de la población, habría servido para encubrir ejecuciones y desapariciones forzadas ejecutadas durante ese mismo periodo.