La Cámara de Diputados checa ha tumbado este miércoles un veto presidencial y ha sacado adelante una reforma destinada a facilitar el despido de empleados públicos, una iniciativa promovida por el Ejecutivo del primer ministro conservador populista Andrej Babis.
Con 104 votos a favor, 66 en contra y tres abstenciones, la cámara baja de República Checa ha dejado sin efecto la decisión del presidente Petr Pavel --jefe del Estado tras imponerse en las elecciones como candidato independiente-- de frenar la medida.
La reforma aprobada dispone que los funcionarios públicos quedarán sometidos, en gran parte, a las mismas reglas laborales que el resto de asalariados, con algunas salvedades. Además, suprime el derecho a percibir indemnizaciones especiales en caso de cese.
Pavel había defendido su veto alegando que la Comisión Europea aconseja reforzar la protección de los empleados estatales frente a la injerencia política, y que la nueva ley persigue justamente el efecto contrario.
En la misma línea, el opositor y exministro del Interior Vít Rakusan ha alertado de las “consecuencias fatales” que esto tendría para el funcionamiento del Estado. “Lo que están haciendo es deformar un sistema que funciona”, ha afirmado dirigiéndose a los diputados de la coalición que gobierna el país desde diciembre: el partido populista ANO, liderado por Babis, y dos formaciones de extrema derecha: Libertad y Democracia Directa (SPD) y la euroescéptica Motoristas.
Los defensores de la reforma sostienen que los cambios aportarán a la administración pública más flexibilidad y eficiencia. Con este paso, la nueva Ley de Empleados Estatales entrará en vigor en noviembre de 2026.