La Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunciará el próximo 19 de noviembre si las autoridades de Birmania son responsables de genocidio contra la comunidad rohingya, en el procedimiento abierto en 2019 a raíz de la denuncia presentada por Gambia en noviembre de ese año. Entonces, el país africano acusó al Ejército birmano y a otras fuerzas de seguridad de llevar a cabo "operaciones de limpieza generalizadas y sistemáticas" contra esta minoría mayoritariamente musulmana desde 2016.
El principal órgano judicial de Naciones Unidas ha confirmado este martes la fecha en la que hará pública su decisión en el caso relativo a la "aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio" de 1948, impulsado por el Gobierno de Gambia y en el que han participado hasta once Estados.
El tribunal ha rememorado que ya en enero de 2020 ordenó a Birmania adoptar "todas las medidas" necesarias para impedir la comisión de un genocidio contra la población rohingya, después de que Gambia solicitara medidas cautelares mientras se resolvía el fondo del asunto.
La antigua líder 'de facto' y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi --durante años vista como emblema de la lucha prodemocrática y de la defensa de los Derechos Humanos-- fue objeto de fuertes críticas por la brutal campaña de represión con la que el Ejército birmano respondió, en agosto de 2017, a una serie de ataques de milicianos rohingyas en el estado de Rajine.
Como consecuencia de aquella ofensiva, más de 700.000 rohingyas, minoría musulmana a la que Birmania niega la ciudadanía, huyeron al vecino Bangladesh en busca de refugio. Una comisión de investigación de Naciones Unidas concluyó un año más tarde que las fuerzas armadas birmanas actuaron con una "intención genocida en su respuesta contra el Ejército de Salvación del Arakán Rohingya (ARSA).
Suu Kyi admitió los abusos perpetrados por las fuerzas birmanas, aunque calificó de "engañosa" la acusación de genocidio formulada por Gambia. El Artículo 94 de la Carta de Naciones Unidas establece que todos los Estados miembro están obligados a cumplir las resoluciones de la CIJ.