La Federación Internacional de Periodistas (IFJ, por sus siglas en inglés) ha hecho público este miércoles que, al menos, 30 profesionales de la información fueron detenidos por la Policía de Delhi el pasado sábado y domingo mientras cubrían las movilizaciones encabezadas por el movimiento indio Partido de las Cucarachas (CJP) contra el comisionado jefe de elecciones (CEC), Gyanesh Kumar, por supuestas irregularidades en el proceso electoral. De este modo, la IFJ se ha sumado al Sindicato Nacional de Periodistas de India (NUJI) en la condena de lo que ambas organizaciones califican de “ofensiva contra los medios”.
“La Federación Internacional de Periodistas se une a su organización afiliada, el Sindicato Nacional de Periodistas de la India, para condenar la ofensiva contra los medios, la cual vulnera los compromisos constitucionales de India respecto a la libertad de prensa y la democracia”, reza el comunicado difundido por la IFJ, que menciona la detención de una treintena de reporteros durante las protestas del fin de semana contra Kumar “a pesar de haberse identificado como miembros acreditados de la prensa”.
Según detalla la organización, entre los detenidos figuran trabajadores de medios locales, nacionales y de agencias internacionales que “han denunciado agresiones físicas, acoso y obstrucción mientras desempeñaban su labor”. La Federación subraya que, entre las actuaciones policiales, se recurrió a “fuerza excesiva al detener a periodistas”, se requisaron teléfonos y otros dispositivos de comunicación y se procedió al cierre de “estaciones clave de metro”.
La movilización fue impulsada por el movimiento CJP junto a colectivos y organizaciones estudiantiles que reclamaban la dimisión del comisionado jefe de elecciones tras las acusaciones de manipulación del censo de votantes. En particular, el grupo sostiene que se eliminaron del registro electoral los nombres de 130 millones de ciudadanos para favorecer al actual primer ministro, Narendra Modi, una acusación que la Comisión Electoral niega, alegando que la revisión del padrón tenía como objetivo excluir a votantes no habilitados o duplicados.
Ante las denuncias de posibles abusos policiales, el Tribunal Supremo celebró una vista de urgencia el domingo y se pronunció contra la detención ilegal de civiles desarmados, ordenando la reapertura de los principales nodos de transporte y el fin de las trabas al trabajo periodístico, de acuerdo con la información recopilada por la Federación. No obstante, esta advierte de que, según medios locales, las fuerzas de seguridad han continuado arrestando a manifestantes pese a dichas directrices.
En este contexto, el Sindicato Nacional de Periodistas de India ha condenado “enérgicamente la detención de periodistas que cubrían las recientes protestas juveniles y otras manifestaciones políticas en Nueva Delhi y en toda India”. “Los periodistas deben poder ejercer su profesión con libertad, independencia y sin temor ni intimidación”, ha defendido el NUJI, que ha pedido a las fuerzas del orden “a respetar la libertad de prensa y a abstenerse de detener, acosar o encarcelar innecesariamente a periodistas mientras desempeñan sus legítimas responsabilidades profesionales”.
La FIP, por su parte, ha denunciado igualmente “la detención arbitraria y violenta de periodistas, así como las restricciones draconianas a los servicios de información e internet durante las protestas del CJP”, en referencia a los cortes forzados de la red y a la eliminación de cientos de publicaciones en redes sociales por parte de la Policía de Delhi con el argumento de “limitar la propagación de desinformación”.
“Todos los periodistas que permanecen detenidos deben ser liberados de inmediato, y se debe llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre las denuncias de violencia y acoso”, ha reclamado también la Federación, que ha insistido en que “tanto las autoridades estatales como las nacionales deben respetar las directrices del Tribunal Supremo y cumplir con sus obligaciones de proteger la libertad de prensa y la democracia, garantizando que los periodistas puedan trabajar sin temor a represalias”.