Así tratan la izquierda y la derecha de controlar el Senado: las candidaturas conjuntas entran en juego

El sistema de elección del Senado favorece la concentración del voto: en la mayoría de las provincias se eligen cuatro senadores y cada elector puede marcar hasta tres candidatos

El presidente del Senado, Pedro Rollán, durante una sesión plenaria, en el Senado, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España).  Jesús Hellín - Europa Press

El presidente del Senado, Pedro Rollán, durante una sesión plenaria, en el Senado, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). Jesús Hellín - Europa Press

Añadir DEMÓCRATA en Google

Pregunta a FREN

Publicado

Última actualización

4 minutos

Más leídas

Elecciones 29N · Encuestas

La media de las encuestas

Media a 16 de noviembre de 2026 · 17 institutos

  • PP31,5 %
  • PSOE27,2 %
  • Vox18,9 %
  • Frente Amplio6,4 %
  • ERC2,5 %
01020304050ene 2024jul 2024ene 2025jul 2025ene 2026jul 2026

Media del último estudio de cada instituto en 30 días y su evolución semanal desde el 23J. Partidos con al menos un 2 %.

Todas las encuestas

Elecciones generales del 29 de noviembre · Demócrata

Es la Cámara Alta, pero, a la hora de llegar al colegio electoral, la importancia que le da el votante al Senado es notablemente inferior a la que recibe el Congreso. No es así entre los partidos, que saben lo que hay en juego. Por ello, la disputa por tener su control ha abierto una nueva vía de negociación de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. La izquierda ha comenzado a explorar candidaturas conjuntas para concentrar el voto y disputar al Partido Popular la mayoría de esta Cámara. En paralelo, PP y Vox podrían estudiar una estrategia similar en determinadas provincias si sus rivales concurren unidos.

Vozpópuli publica este miércoles que las direcciones nacionales del PP y Vox exploran la posibilidad de presentar listas conjuntas al Senado en las circunscripciones donde la coordinación pueda facilitar la obtención de escaños. Según este medio, la opción se condicionaría a que la izquierda cerrase sus propias candidaturas unitarias y no supondría necesariamente un acuerdo generalizado para todo el territorio.

La izquierda ya negocia candidaturas conjuntas al Senado

El PSOE y los partidos que integran el Frente Amplio se reunieron el domingo 11 de octubre para estudiar la posibilidad de concurrir juntos al Senado. El encuentro sirvió para abrir las conversaciones, aunque las formaciones no han anunciado un acuerdo definitivo ni han detallado en qué provincias podría aplicarse la fórmula.

Los socialistas han reconocido que estudian distintas alternativas para las elecciones del 29 de noviembre, con la intención de evitar que el PP mantenga su mayoría absoluta en la Cámara Alta. La dirección del PSOE considera que la fragmentación del voto progresista puede facilitar que la derecha obtenga más escaños de los que conseguiría si las candidaturas estuvieran coordinadas.

La negociación se produce mientras el Frente Amplio, formado por Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comuns, termina de definir su estructura y sus listas para el Congreso. La posibilidad de compartir candidaturas al Senado abre una vía de cooperación distinta de la composición de las listas al Congreso, donde cada organización mantiene sus propias prioridades y negociaciones.

El calendario electoral añade presión a las conversaciones. El viernes 16 de octubre es la fecha límite para comunicar a la Junta Electoral la intención de concurrir en coalición. Hasta entonces, los partidos deberán determinar si el acuerdo se limita a algunas circunscripciones o si alcanza un ámbito territorial más amplio.

Cómo se elige el Senado y por qué importan las listas conjuntas

El Senado es la Cámara de representación territorial y combina senadores elegidos directamente en las urnas con otros designados por los parlamentos autonómicos. En la mayoría de las provincias se eligen cuatro senadores; las circunscripciones insulares, Ceuta y Melilla tienen reglas específicas. La composición total actual es de 266 miembros.

A diferencia de las elecciones al Congreso, en las que el reparto de escaños se realiza mediante listas cerradas y un sistema proporcional por circunscripciones, en las elecciones al Senado, el voto es individual para cada candidato. En las provincias peninsulares, cada elector puede marcar hasta tres nombres y resultan elegidos los candidatos más votados hasta completar los cuatro puestos asignados.

Ese sistema puede favorecer a las candidaturas capaces de concentrar apoyos. Si varios partidos ideológicamente próximos presentan candidatos por separado, sus votos pueden repartirse entre distintas listas, mientras que una candidatura coordinada puede reunir más apoyos en sus aspirantes. La alianza no garantiza obtener más escaños, pero permite diseñar una estrategia común para competir por ellos.

La coordinación también tiene un componente político. El Senado participa en la tramitación legislativa, puede vetar o introducir enmiendas a proyectos de ley —aunque el Congreso puede levantar el veto en los términos previstos por la Constitución— y desempeña funciones específicas en asuntos territoriales. Una mayoría amplia permite a un partido o bloque dirigir la Mesa, impulsar iniciativas y controlar la actividad parlamentaria de la Cámara.

La composición del Senado resulta especialmente relevante para la renovación del Tribunal Constitucional. Cuatro de sus doce magistrados son propuestos por la Cámara Alta, y la elección requiere una mayoría de tres quintos. Con los 266 senadores que componen actualmente la Cámara, esa proporción equivale a 160 votos. Alcanzarla daría al bloque que reuniera esa mayoría capacidad para aprobar esas propuestas sin necesitar apoyos externos, aunque el procedimiento de renovación está sujeto a los requisitos legales correspondientes.

La pugna por el Senado no se reduce, por tanto, a sumar escaños para obtener una mayoría absoluta. Las candidaturas conjuntas pueden ser una herramienta para mejorar la representación de cada bloque y condicionar decisiones institucionales que exigen mayorías reforzadas. La incógnita ahora es si las negociaciones confirmadas de la izquierda se traducirán en acuerdos concretos y si PP y Vox acabarán respondiendo con una coordinación electoral propia.

Más claves, contexto y preguntas con FREN

CONTENIDO GENERADO CON IA

¿Cuál es el estado actual de la tramitación de los acuerdos de candidaturas conjuntas entre los partidos de izquierda para el Senado?

En este momento, los acuerdos de candidaturas conjuntas de la izquierda para el Senado de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 se encuentran en una fase claramente política y negociadora, pero todavía no constan como coaliciones formalizadas y registradas ante la Junta Electoral en el ámbito estatal entre PSOE, Frente Amplio (Sumar–IU–Comuns–Más Madrid), Podemos y otras fuerzas.

La información disponible permite dibujar este panorama:

1. Qué se está negociando exactamente
  • El PSOE está explorando listas conjuntas al Senado con fuerzas a su izquierda para intentar arrebatar al PP la mayoría absoluta en la Cámara Alta. Así lo recogen diversas informaciones y lo detalla una pieza de Demócrata que explica que la dirección socialista estudia concurrir en candidaturas compartidas en provincias donde el sistema mayoritario del Senado penaliza la fragmentación progresista.
    Véase, por ejemplo, este análisis de Demócrata.
  • En paralelo, el nuevo espacio Frente Amplio (coalición impulsada por Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid) se está configurando como la principal referencia de la izquierda alternativa y tiende la mano a Podemos y ERC para concurrir juntos el 29N, aunque sin un acuerdo cerrado a día de hoy sobre una lista única con todas esas fuerzas.
  • Hay además una iniciativa de sociedad civil, “Senadoras y senadores por la Democracia”, que reclama expresamente candidaturas progresistas conjuntas al Senado en todas las circunscripciones. Demócrata describe cómo esta plataforma urge a PSOE, Sumar, IU, Podemos, Más Madrid, Compromís y otras fuerzas a pactar listas comunes, pero se trata de una propuesta política, no de un acuerdo jurídico-electoral ya formalizado.
2. Pactos que sí están más avanzados
  • En el ámbito de la izquierda soberanista, ERC y EH Bildu han anunciado que volverán a concurrir juntos al Senado en Cataluña y País Vasco, como ya hicieron en 2023. Es un acuerdo concreto y acotado territorialmente, separado de la negociación entre PSOE y Frente Amplio.
  • En el espacio estatal progresista, uno de los referentes es el precedente de Ibiza y Formentera en 2023, donde PSOE, Sumar, Esquerra Unida y Ara Eivissa ya lograron un senador con lista conjunta. Ese ejemplo se cita ahora como modelo de lo que podría replicarse en otras provincias, pero su extensión al conjunto del territorio sigue pendiente de decisiones formales.
3. Calendario y estado de la tramitación ante los órganos electorales
  • El Real Decreto de convocatoria de las elecciones al Congreso y al Senado del 29 de noviembre ya está publicado, y el Senado y el Congreso han difundido el calendario electoral básico (inicio y fin de campaña, constitución de las Cámaras, etc.).
  • Para que estas candidaturas conjuntas tengan efectos jurídicos, los partidos deben:
    • Registrar, en su caso, las coaliciones electorales dentro del plazo legal ante la junta electoral competente (en general, la Junta Electoral Central para el registro de coaliciones y, después, las juntas provinciales y de zona para las candidaturas concretas).
    • Presentar las listas al Senado por cada circunscripción provincial, respetando la legislación electoral (denominación de la candidatura, símbolos, documentación, paridad, aceptación de candidatos, etc.).
    • Superar la fase de proclamación de candidaturas, que incluye publicación oficial, posible impugnación y proclamación definitiva.
  • Según las informaciones periodísticas recopiladas, el plazo para registrar coaliciones electorales concluye esta misma semana (en torno al 16 de octubre de 2026), de modo que las conversaciones están sometidas a una fuerte presión de calendario. Varias crónicas hablan explícitamente de negociaciones “a contrarreloj”.
4. Conclusión: negociación avanzada, pero sin lista unitaria cerrada
  • No consta, a fecha 14 de octubre de 2026, que se haya formalizado y registrado ante la Junta Electoral una candidatura conjunta estatal al Senado que agrupe a PSOE, Frente Amplio (Sumar–IU–Comuns–Más Madrid), Podemos y el resto de fuerzas mencionadas.
  • Lo que sí está en curso es:
    • Una negociación política territorializada entre el PSOE y el espacio del Frente Amplio para pactar listas conjuntas en determinadas provincias.
    • Un acuerdo ya anunciado entre ERC y EH Bildu para concurrir juntos al Senado, con base en su experiencia de 2023.
    • Una fuerte presión social y sindical (plataforma ciudadana, posicionamientos de UGT y CCOO) para que la izquierda cierre un “frente amplio” y formule una estrategia unitaria, incluida la Cámara Alta.

En síntesis, el estado actual es el de pre-acuerdo y exploración: los partidos han asumido públicamente que la clave del Senado pasa por fórmulas de candidaturas conjuntas, pero esas fórmulas aún deben traducirse, en los próximos días, en coaliciones registradas y candidaturas proclamadas para que tengan efectos en la tramitación electoral formal.

¿Puedes detallar qué plazos concretos marca el calendario electoral para registrar coaliciones y presentar candidaturas al Senado el 29N? ¿En qué provincias podría tener mayor impacto una candidatura conjunta de la izquierda al Senado según los ejemplos y simulaciones que se han publicado? ¿Qué diferencias hay entre el acuerdo ERC–Bildu para el Senado y las negociaciones del PSOE con el Frente Amplio en términos políticos y electorales?

¿Qué competencias específicas tiene el presidente del Senado según la legislación española?

El presidente del Senado es la máxima autoridad de la Cámara Alta y concentra un conjunto de competencias que derivan, por un lado, de la propia Constitución (que reconoce la autonomía organizativa de las Cámaras y la existencia de sus Presidentes) y, por otro, del Reglamento del Senado, que concreta esas funciones y las desarrolla con detalle. En la práctica, el grueso de las “competencias específicas” está en el Reglamento; la Constitución actúa sobre todo como marco habilitante y de garantía institucional.

1. Competencias de origen constitucional

La Constitución española no dedica un artículo monográfico al presidente del Senado, pero sí fija varios principios de los que se desprenden sus poderes básicos:

  • Autonomía organizativa del Senado: la Constitución reconoce que cada Cámara aprueba su propio Reglamento, elige a su Presidente y a los restantes miembros de la Mesa, y organiza su funcionamiento interno. Esa habilitación es la que permite que el Reglamento del Senado atribuya al Presidente funciones de dirección, orden y representación.
  • Carácter de órgano rector de la Mesa: la Constitución prevé que cada Cámara tenga una Mesa como órgano rector. El Reglamento precisa que esa Mesa “actúa bajo la autoridad y dirección de su Presidente”, lo que vincula directamente la función rectora de la Cámara a la Presidencia.
  • Garantía del orden interno y de la disciplina parlamentaria: los preceptos constitucionales sobre el funcionamiento de las Cámaras (orden de los debates, publicidad de las sesiones, disciplina y régimen interno) se desarrollan en el Reglamento, que confía al Presidente un papel central en mantener el orden y aplicar las medidas disciplinarias acordes con esos principios.
  • Papel institucional en el sistema de poderes: como presidente de uno de los órganos constitucionales del Estado, el presidente del Senado es una de las altas autoridades a las que, en determinados supuestos, se consulta políticamente (por ejemplo, antes de una eventual disolución de las Cámaras). No tiene poder de decisión propio en esas materias, pero sí un rol de interlocución constitucionalmente reconocido.

En síntesis, la Constitución reconoce la figura y la autonomía del órgano, pero es el Reglamento el que desglosa las competencias concretas del presidente del Senado.

2. Competencias según el Reglamento del Senado

2.1. Relación con la Mesa y la Junta de Portavoces
  • Dirección de la Mesa: el Reglamento define a la Mesa como órgano rector del Senado que “actúa bajo la autoridad y dirección de su Presidente”. Esto significa que el Presidente encuadra, impulsa y coordina toda la actividad de gobierno interno que la Mesa adopta (calendario de sesiones, calificación de escritos, organización de servicios, presupuesto de la Cámara, etc.).
  • Convocatoria y presidencia de la Mesa: corresponde al Presidente convocar y presidir las reuniones de la Mesa del Senado, ordenar sus trabajos y asegurar la ejecución de sus acuerdos.
  • Junta de Portavoces: aunque se regula en otros preceptos, el esquema es similar: el Presidente convoca y preside la Junta de Portavoces, que es el órgano político de coordinación entre los grupos parlamentarios. A través de ella, articula la participación de los grupos en la fijación del orden del día y en la organización de los debates.
2.2. Dirección de los debates y orden interno de la Cámara

El artículo 37 del Reglamento concentra muchas de las competencias específicas del Presidente:

  • Convocar y presidir las sesiones plenarias: es quien convoca y preside el Pleno del Senado.
  • Mantener el orden de las discusiones y dirigir los debates: organiza el desarrollo de las intervenciones, concede y retira el uso de la palabra, ordena las votaciones y vela porque se respeten el Reglamento, la cortesía y los usos parlamentarios.
  • Medidas de disciplina parlamentaria: le corresponde aplicar las medidas disciplinarias previstas en el Reglamento (llamadas al orden, retirada de la palabra, expulsión de un Senador del salón de sesiones en los casos más graves, etc.), en el marco de lo que permiten las normas y sin perjuicio de decisiones que deba adoptar la Cámara.
  • Anuncio del orden del día: el Presidente anuncia el orden del día del Pleno, una vez elaborado de acuerdo con la Mesa y con la Junta de Portavoces.
2.3. Representación institucional y relaciones externas
  • Portavoz nato y representante de la Cámara: el Reglamento establece que le corresponde ser “Portavoz de la Cámara y su representante nato en todos los actos oficiales”. Representa al Senado ante el Rey, el Gobierno, el Congreso de los Diputados, otras instituciones del Estado y ante organismos internacionales.
  • Comunicaciones con el Gobierno y autoridades: le corresponde mantener las comunicaciones oficiales del Senado con el Gobierno y con las demás autoridades públicas.
  • Firma de mensajes y resoluciones: firma, junto con uno de los Secretarios, los mensajes y comunicaciones formales que el Senado dirige a otros poderes del Estado, incluidas las relativas a aprobación de leyes, acuerdos, mociones o solicitudes.
2.4. Interpretación del Reglamento y facultades residuales
  • Interpretación del Reglamento: el Presidente está expresamente habilitado para interpretar el Reglamento del Senado en el curso de los debates y en la organización de los trabajos, resolviendo dudas de aplicación concreta.
  • Suplir lagunas reglamentarias: de acuerdo con la Mesa de la Comisión de Reglamento, puede suplir lagunas del texto reglamentario, es decir, decidir cómo proceder cuando no exista una regulación explícita para un supuesto concreto.
  • Convocatoria de Comisiones: puede convocar y presidir, cuando lo considere conveniente, cualquier Comisión del Senado, lo que refuerza su función de coordinación general de la actividad parlamentaria.
  • Cláusula general: finalmente, el Reglamento recoge una cláusula amplia según la cual corresponden al Presidente “las demás facultades previstas en la Constitución, las leyes y este Reglamento”, que actúa como cauce para atribuirle otras funciones específicas en normas sectoriales (por ejemplo, recepción de informes, traslados formales, etc.).
2.5. Situaciones excepcionales

En situaciones excepcionales —como disolución de las Cámaras, periodos entre legislaturas o estados de crisis constitucional— el Presidente del Senado no adquiere, por regla general, poderes extraordinarios propios, pero sí desempeña funciones clave:

  • Garantiza la continuidad institucional de la Cámara, presidiendo la Diputación Permanente cuando así corresponda o asegurando la representación del Senado mientras no está reunido en Pleno.
  • Actúa como interlocutor del Senado ante el Rey y el Gobierno en los trámites que afecten a la Cámara (por ejemplo, comunicaciones sobre disolución, convocatorias electorales o prórrogas de situaciones excepcionales), siempre dentro de los márgenes fijados por la Constitución y sin poder decisorio propio sobre esas decisiones del Jefe del Estado y del Gobierno.

En conjunto, el presidente del Senado es a la vez árbitro de los debates, jefe del órgano de gobierno interno (la Mesa), intérprete inmediato del Reglamento y principal representante del Senado frente al resto de poderes públicos y a la sociedad.

¿Podrías detallar qué medidas disciplinarias concretas puede aplicar el presidente del Senado según el Reglamento? ¿Cómo se elige y, en su caso, cómo puede cesar el presidente del Senado conforme al Reglamento y la Constitución? ¿Qué diferencias hay entre las competencias del presidente del Senado y las del presidente del Congreso de los Diputados?

¿Qué requisitos legales deben cumplirse para formar una coalición electoral y presentarla ante la Junta Electoral Central?

En España, las coaliciones electorales están reguladas fundamentalmente por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Formar correctamente una coalición y presentarla ante la Junta Electoral competente (en elecciones generales, la Junta Electoral Central) exige cumplir requisitos materiales, formales y de plazo que conviene planificar con antelación.

1. Marco jurídico y ámbito de aplicación

La figura de la coalición electoral se recoge en la LOREG, especialmente en su artículo 44 (candidaturas) y preceptos conexos sobre partidos, federaciones y agrupaciones de electores. La Junta Electoral Central (JEC) desarrolla y concreta este régimen mediante instrucciones interpretativas, que detallan plazos y documentación.

Las coaliciones pueden formarse para cualquier proceso electoral regulado por la LOREG (elecciones al Congreso y Senado, al Parlamento Europeo, locales y, en su caso, autonómicas cuando se rigen por la propia LOREG o por normas que remiten a ella). Para elecciones generales y europeas, la autoridad competente para recibir la comunicación de la coalición es la JEC.

2. Quién puede formar una coalición y acuerdo interno

Solo pueden constituir coaliciones electorales:

  • Partidos políticos inscritos válidamente en el Registro de Partidos Políticos.
  • Federaciones de partidos igualmente inscritas.

Las agrupaciones de electores no se “coaligan” en sentido técnico: presentan sus propias candidaturas mediante recogida de firmas. Por tanto, la coalición es un acuerdo entre partidos y/o federaciones ya constituidos.

Dentro de cada partido o federación, el acuerdo de integrarse en la coalición debe adoptarlo el órgano competente según sus estatutos (normalmente comité ejecutivo, consejo político, dirección nacional o equivalente). De cara a la JEC, debe poder acreditarse:

  • Que el órgano era competente para decidir la coalición.
  • Que el acuerdo se adoptó válidamente (quórum, mayoría, etc.).

3. Plazo y órgano electoral competente

La LOREG exige que los partidos y federaciones que pretendan concurrir en coalición:

  • Comuniquen la constitución de la coalición a la Junta Electoral competente dentro de los diez días siguientes a la convocatoria de las elecciones.

Para elecciones al Congreso, Senado y Parlamento Europeo, la comunicación se dirige a la Junta Electoral Central. En otros procesos (locales o determinados comicios autonómicos) la competencia puede recaer en las juntas electorales provinciales o autonómicas, según la normativa específica, pero el régimen de plazo y contenido es análogo.

4. Contenido mínimo de la comunicación

La comunicación a la JEC debe recoger, como mínimo:

  • Identificación de los partidos y/o federaciones que integran la coalición (denominación oficial completa).
  • Denominación de la coalición y, en su caso, siglas y símbolo con los que concurrirá a las elecciones.
  • El ámbito para el que se forma la coalición (qué elecciones concretas y, si procede, qué circunscripciones).
  • Designación de representantes generales y suplentes de la coalición a efectos electorales.

Internamente, el acuerdo de coalición suele detallar también extremos que, aunque no siempre se exigen formalmente por la JEC, son esenciales en la práctica (reparto de puestos en listas, uso de marca, distribución de la financiación, portavocías, etc.).

5. Documentación habitual

Aunque la LOREG fija el marco general y las juntas electorales concretan requisitos, suele exigirse aportar o tener disponibles:

  • Escritura o certificación registral que acredite la inscripción de cada partido/federación.
  • Certificación del acuerdo del órgano competente de cada partido aprobando la coalición y designando representante(s), expedida por su secretario/a con visto bueno de la presidencia.
  • Acreditación de la identidad y poderes de las personas que firman la comunicación ante la JEC (DNI/pasaporte, poderes notariales o certificaciones internas suficientes según la práctica de la Junta).
  • En su caso, fichero gráfico del símbolo o logotipo de la coalición para su reproducción en papeletas y documentación oficial.

6. Efectos jurídicos y límites

Una vez válidamente comunicada y admitida, la coalición:

  • Pasa a ser el sujeto electoral que presenta las candidaturas conjuntas bajo su denominación y siglas.
  • Ve computados de forma conjunta los votos de todas las candidaturas presentadas bajo esa coalición a efectos de escaños y financiación electoral.
  • No altera por sí misma la posibilidad de constituir grupo parlamentario propio: eso se rige por los Reglamentos de cada Cámara y por el número de escaños y porcentaje de voto obtenidos.
  • Está sujeta al régimen de financiación y control contable de la LOREG, aplicable al conjunto de la coalición sin perjuicio de los pactos internos de reparto.

La denominación, siglas y símbolo de la coalición no pueden inducir a confusión con otras formaciones ya existentes; de apreciar conflicto, la Junta puede requerir su modificación.

7. Incumplimientos y presentación fuera de plazo

Si la coalición:

  • No se comunica a la Junta Electoral competente, o
  • Se comunica fuera del plazo de diez días desde la convocatoria, o
  • La comunicación carece de requisitos esenciales (partes, denominación, firmas válidas)…

…la consecuencia normal es que la coalición no se considera válidamente constituida a efectos electorales. Eso implica que no podrá presentar candidaturas como tal coalición; solo serían admisibles, en su caso, candidaturas separadas de cada partido si cumplen sus propios requisitos y plazos.

Frente a decisiones de inadmisión o requerimientos de subsanación, cabe utilizar los recursos previstos en la LOREG (reclamación ante la propia Junta y, en su caso, recurso contencioso-electoral), pero los márgenes temporales son muy breves, por lo que es crucial respetar escrupulosamente plazos y formas desde el inicio.

¿Podrías detallar qué debe contener, punto por punto, un buen acuerdo interno de coalición entre partidos que quieran concurrir juntos? ¿Qué diferencias prácticas hay entre presentarse como coalición electoral y hacerlo mediante un solo partido que integra al resto? ¿Cómo afecta formar una coalición electoral a la financiación y al reparto de gastos e ingresos entre los partidos que la integran?

Juega

¡Pon a prueba lo que sabes con FREN!

¿Cuánto sabes sobre este tema? Responde las siguientes 3 preguntas.

¿Qué buscan lograr la izquierda y la derecha al explorar candidaturas conjuntas al Senado?

Pregunta 1 de 3

¿Cuántos senadores componen actualmente el Senado español?

Pregunta 2 de 3

¿Qué proporción de votos se necesita en el Senado para proponer magistrados al Tribunal Constitucional?

Pregunta 3 de 3