Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han expresado su “profundo” rechazo al anuncio de Estados Unidos de imponer sanciones al Tribunal Penal Internacional (TPI), reclamando a Washington que “dé marcha atrás” y retire estas medidas. Al mismo tiempo, han pedido a la Comisión Europea que ponga en marcha iniciativas específicas para salvaguardar al tribunal y a las empresas europeas que le prestan servicios ante las sanciones estadounidenses.
Este posicionamiento figura en las conclusiones aprobadas este viernes por los Veintisiete en el Consejo Europeo celebrado en Bruselas, donde han reiterado su respaldo al TPI y han vuelto a dejar claro que el bloque comunitario está dispuesto a adoptar “todas las medidas necesarias” para asegurar el normal funcionamiento de la corte frente a las decisiones de la Administración de Donald Trump.
Los líderes europeos han tomado nota de que Estados Unidos ha decidido aplazar la entrada en vigor de las sanciones y se ha mostrado dispuesto a tratar sus preocupaciones con los Estados parte del Estatuto de Roma, el tratado que dio origen al tribunal.
Para los Veintisiete, este gesto abre “un espacio para la diplomacia” con el objetivo de conseguir la retirada cuanto antes de las medidas estadounidenses y frenar cualquier nueva sanción que pueda poner en riesgo la “independencia e integridad” del TPI.
Posibles nuevas medidas de protección europeas
En este contexto, el Consejo Europeo ha reiterado el respaldo de la UE a las instituciones que velan por el Derecho Internacional y ha incidido en la importancia de proteger de forma efectiva a los tribunales internacionales y a sus funcionarios frente a presiones, amenazas o sanciones.
Los líderes también han resaltado que debe garantizarse que el TPI mantenga sin trabas el acceso a servicios financieros y que los operadores europeos puedan seguir colaborando con el tribunal pese a las restricciones dictadas desde Washington.
Con este fin, los Veintisiete han solicitado a la Comisión Europea que impulse “todas las iniciativas pertinentes” dirigidas a proteger a la corte y a reducir el efecto de las sanciones, en especial sobre las empresas de la UE que mantienen vínculos comerciales o prestan servicios al tribunal.
Aunque las conclusiones no citan de forma explícita el Estatuto de Bloqueo de la UE, el instrumento comunitario diseñado para resguardar a los operadores europeos frente a la aplicación extraterritorial de determinadas sanciones de terceros países, los Estados miembros dejan abierta la puerta a nuevas medidas para asegurar la continuidad de los servicios al TPI.
“El Consejo Europeo reafirma la disposición de la UE a adoptar todas las medidas necesarias. Asimismo, solicita a la Comisión Europea que emprenda todas las iniciativas pertinentes que contribuyan a proteger al tribunal y a mitigar el impacto de las sanciones”, se lee en el texto.