Los rebeldes hutíes de Yemen han anunciado este miércoles que sus fuerzas han llevado a cabo ataques contra ocho petroleros saudíes y han bloqueado el tránsito de casi medio centenar de buques de este tipo por el estrecho de Bab el Mandeb, en el marco del embargo marítimo impuesto al país vecino desde el pasado 20 de julio.
“Desde la declaración del embargo marítimo contra el enemigo saudí el 20 de julio hasta hoy, las Fuerzas Armadas yemeníes han atacado ocho petroleros saudíes: cinco en el mar Rojo y tres en el golfo de Adén y el mar Arábigo”, ha precisado en un comunicado su portavoz militar, Yahya Sari.
El portavoz hutí ha subrayado además que la insurgencia ha logrado impedir el paso de 48 petroleros con bandera de Arabia Saudí por el estrecho de Bab el Mandeb, “34 que no pudieron transitar por el mar Arábigo y el océano Índico” y otros 14 que no consiguieron cruzar el mar Rojo.
Sari ha resaltado el impacto de estas acciones sobre Riad en las últimas semanas, especialmente a través de nueve “operaciones militares” contra los puertos de Yanbu y Jizán y la Provincia Oriental —considerados nodos clave para la producción de petróleo saudí—, así como contra las ciudades de Najrán y Abha, donde se ubican importantes instalaciones militares.
A estas ofensivas se añaden otros 14 ataques contra concentraciones de tropas saudíes dentro de territorio yemení, específicamente en Al Ruwaik, en la provincia de Marib; Al Abr, en la provincia de Hadramut; Al Wadiah —el principal paso fronterizo terrestre entre Yemen y Arabia Saudí— y Moca, en la provincia de Taiz. Según los hutíes, estas operaciones se habrían saldado con “cientos” de soldados muertos y heridos.
El portavoz militar de los rebeldes yemeníes ha instado a las autoridades saudíes a no emprender “cualquier escalada”, advirtiendo de que “recibirá una respuesta contundente” por parte del movimiento, que condiciona el fin de sus ataques al levantamiento del bloqueo y a la suspensión de las ofensivas saudíes sobre Yemen.
Asimismo, ha pedido a los ciudadanos yemeníes que residen en las áreas controladas por las fuerzas del Gobierno reconocido internacionalmente, con sede en Adén, que abandonen esas zonas, argumentando que no desean “atacarlos ni convertirlos en víctimas”.