El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia ha informado este lunes de que ha logrado poner nombre a 300 de los 304 cuerpos recibidos tras el terremoto registrado el pasado 10 de agosto en el noroeste del país.
En su informe más reciente sobre las víctimas identificadas, el organismo ha detallado que entre esos 300 cadáveres figuran 22 menores de edad. Asimismo, ha actualizado en 348 el número de personas que continúan reportadas como desaparecidas.
Ese mismo lunes, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo, ha instado a los alcaldes y gobernadores de las zonas afectadas a no iniciar todavía las labores de retirada de escombros "hasta que se tenga la absoluta certeza de que no hay esperanza de encontrar supervivientes".
En cuanto a esta fase, Tamayo ha planteado que, en los lugares donde se decida comenzar, se disponga previamente de un comité de demoliciones y se establezca el acordonamiento "una cuadra a la redonda", permitiendo el acceso únicamente a personal especializado y a profesionales de Fiscalía y del Instituto de Medicina Legal.
Según el balance más reciente de las autoridades colombianas, la cifra de fallecidos por el seísmo de magnitud 7,4 registrado la semana pasada se ha ajustado a 287, mientras que el número de heridos ha aumentado hasta 4.147 personas.