Médicos sin Fronteras (MSF) ha hecho público que las milicias congoleñas del Movimiento 23 de Marzo (M23) están obstaculizando el acceso a la atención médica de las supervivientes de violencia sexual en las zonas bajo su dominio en el este de la República Democrática del Congo, al ordenar que solo sean atendidas las mujeres con “señales visibles de violación”.
La organización subraya que esta situación se observa con especial claridad en la provincia de Kivu Norte, cuya capital, Goma, permanece desde hace meses en manos de estas milicias.
MSF detalla que “entre estas medidas figura la restricción del reconocimiento de la violencia sexual únicamente a las personas que presentan signos visibles de lesiones, con el objetivo de reducir el número de víctimas y supervivientes reconocidas como tales”.
Además, la ONG denuncia que las fuerzas del M23 “exigen exámenes físicos intrusivos y médicamente innecesarios para demostrar que ha habido violencia o una agresión; obligan a víctimas y supervivientes a denunciar ante la Policía antes de buscar atención; y restringir el acceso a la atención únicamente a quienes acudan dentro de las 72 horas posteriores a la agresión”.
En el caso de los proyectos de MSF, el M23 impone el uso de formularios con “preguntas intrusivas, estigmatizantes y no esenciales”, entre ellas nombres y direcciones de las supervivientes, así como datos sobre los supuestos agresores.
La organización recuerda que este tipo de información “vulnera el secreto médico, expone a las supervivientes a riesgos adicionales y va en contra de las normas internacionales de ética médica”. MSF indica que ha recibido testimonios de pacientes, en su mayoría mujeres, que aseguran haber sido interrogadas o intimidadas para que no acudan a centros apoyados por organizaciones humanitarias.
Profesionales de la salud han trasladado a MSF que han sido amenazados con suspensiones e incluso con penas de cárcel si no obedecen estas directrices, lo que ya está llevando a parte del personal a rehusar prestar servicios esenciales a víctimas y supervivientes de violencia sexual y, en algunos casos, a abandonar por completo su labor por miedo a represalias.
Descenso drástico en la búsqueda de atención
Como resultado de este clima de intimidación, el análisis de datos de varios centros de salud respaldados por MSF en Kivu Norte revela una caída del 41% en el número de personas que solicitaron atención por violencia sexual en agosto de 2026 en comparación con enero de 2026.
Otros establecimientos sanitarios apoyados por la organización en la provincia muestran también reducciones acusadas: han pasado de atender en torno a 80 víctimas y supervivientes al mes en 2025 a solo nueve mensuales en 2026. Las comunidades relatan un miedo creciente a acudir a estos servicios.
“Que la crisis sea menos visible no hace desaparecer la violencia subyacente”, advierte la directora de Operaciones de MSF, Akke Boere. “Una bajada en el número de casos notificados no significa que la violencia sexual esté disminuyendo. Simplemente significa que las víctimas se enfrentan a obstáculos para acceder a una atención segura y confidencial”, avisa.
Boere insiste en que “la prioridad debe ser eliminar las barreras de acceso a la atención, reforzar la protección y el acceso a la justicia, y abordar las condiciones que permiten que la violencia sexual continúe. Las restricciones actuales no son la forma de lograrlo: solo causan más daño a las víctimas”.
MSF recuerda que en 2024 cerca de 45.000 víctimas y supervivientes recibieron atención en centros apoyados por la organización en la RDC, cifra que ascendió a 53.000 en 2025. Solo en la primera mitad de 2026, sus equipos atendieron a más de 19.400 personas por violencia sexual en Kivu Norte.