Al menos ocho internos han perdido la vida y otros diez han resultado heridos en dos motines registrados este jueves en prisiones de Ecuador, un estallido de violencia que el Gobierno ecuatoriano ha insinuado que guarda relación con la detención, ese mismo día, de la excandidata presidencial y dirigente opositora Luisa González.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) ha precisado en un comunicado que los disturbios se produjeron en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi N.º 1 y en el Centro de Privación Provisional de Libertad Pichincha N.º 1. En cada uno de estos centros se ha confirmado la muerte de cuatro personas privadas de libertad (PPL).
La administración penitenciaria ha añadido que los diez presos heridos están recibiendo atención sanitaria. Los supuestos implicados en estos hechos violentos ya han sido identificados por las fuerzas de seguridad y serán trasladados a la cárcel “El Encuentro”. De forma paralela, el Bloque de Seguridad mantiene activados los protocolos operativos para preservar el orden en los recintos afectados.
El Gobierno señala a los “aliados políticos” del crimen organizado
Los amotinamientos han tenido lugar de forma casi simultánea al operativo policial que culminó con la detención de la líder del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, un vínculo temporal sobre el que ha querido poner el foco el ministro del Interior, John Reimberg. “Hoy, justo el día en que fue detenida Luisa González, de la RC5, se registran dos amotinamientos en cárceles del país, con fallecidos. ¿Casualidad? Que cada quien saque sus conclusiones”, ha señalado en sus redes sociales.
Reimberg también ha elevado el tono del Ejecutivo de Daniel Noboa al advertir de que no permitirán “que el crimen organizado ni sus aliados políticos desafíen al Estado”. “La ley no se negocia. El orden no se entrega”, ha remachado el ministro.
Estos episodios se producen en un contexto de fuerte tensión política e institucional en el país sudamericano tras el arresto de González, investigada por la Fiscalía dentro del “caso Laberinto” por un presunto delito de blanqueo de capitales y supuestas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2023. La dirigente progresista y su organización han calificado la detención de “detención arbitraria e inconstitucional” y han acusado al Gobierno de Noboa de comportarse como una “dictadura” que recurre a mecanismos de persecución judicial o “lawfare” para acallar a la oposición.