El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha reclamado este miércoles la intervención de la Justicia boliviana contra los impulsores de los bloqueos que, durante más de 50 días, "le hicieron daño a la patria" al paralizar buena parte de la actividad económica del país, insistiendo en que la cárcel es "el justo lugar donde deben estar".
"Tiene que haber responsables", ha reiterado Paz en un acto de celebración del bicentenario de la Policía Nacional, desarrollado en la céntrica plaza Murillo, en La Paz. El mandatario ha recalcado que "una cosa es la reivindicación social" y otra muy distinta "hacerle daño al pueblo bajo la excusa" de unas demandas que, según ha denunciado, fueron infiltradas por la "política narcoterrorista".
Por ello, ha solicitado "respetuosamente" a la Fiscalía y a los tribunales que procedan "con firmeza" contra quienes "han hecho daño en estos 50 días", señalando a aquellas organizaciones "que hacían del bloqueo un instrumento para chantajear y para doblegar voluntades democráticas", tal y como informa el diario 'El Deber'.
"La democracia es firme; todo dentro de la democracia, nada fuera de ella; todo dentro de la Constitución, nada fuera de ella", ha enfatizado Paz, que ha calculado en más de 90 millones de bolivianos (cerca de 11,5 millones de euros) el impacto económico de los bloqueos.
Origen y evolución de las protestas
Coincidiendo con el Día Internacional del Trabajador, la Central Obrera Boliviana (COB), uno de los principales sindicatos del país, convocó una huelga general indefinida para exigir mejoras laborales y salariales, además de medidas eficaces frente a la escasez de divisas y combustible.
Días después, colectivos campesinos de La Paz se sumaron a las movilizaciones y levantaron los primeros cortes en las carreteras. Esta forma de presión se extendió rápidamente a otros sectores, entre ellos grupos cercanos al expresidente Evo Morales, que replicaron los bloqueos en distintas regiones de Bolivia, incorporando las mismas reivindicaciones y reclamando también la dimisión de Paz.
En los momentos de mayor tensión, se llegaron a contabilizar más de un centenar de puntos de bloqueo en siete de los nueve departamentos del país. Tras varios intentos frustrados de negociación, cuando se cumplieron 50 días de conflicto, la COB y el Gobierno alcanzaron finalmente un acuerdo.
Horas después de ese entendimiento, Paz declaró el estado de excepción para recurrir a las Fuerzas Armadas con el objetivo de desmontar los bloqueos, que seguían encabezados por organizaciones campesinas y aliados de Morales. Tres días después de la proclamación de la emergencia, el propio Morales anunció "un cuarto intermedio" de los bloqueos.