El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada Cerruti, ha presentado su renuncia irrevocable tanto a la Presidencia como a su cargo de vocal en la Sala Constitucional Segunda, pocas horas después de hacerse pública su inclusión en la nueva lista de restricciones de visado impuesta por Estados Unidos.
La dimisión de Quezada tuvo lugar tras la recomendación del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, quien le instó de forma abierta a apartarse del puesto y dejar el cargo para someterse a las investigaciones que correspondan, sin recurrir a prerrogativas derivadas de su condición de magistrado.
“Entendemos que el Gobierno de los Estados Unidos dicta esta medida porque los ciudadanos mencionados ya no gozan de la credibilidad necesaria para administrar el Órgano Judicial departamental”, afirmó Saucedo en alusión a Quezada y al también afectado vocal Julio Nelson Alba Flores, según informó el diario boliviano “El Deber”. El presidente del TSJ pidió además a la Sala Plena del tribunal cruceño que asuma la dirección de la entidad en el corto plazo.
En paralelo, el Gobierno de Bolivia ha dejado claro que no ofrecerá ningún tipo de protección ni blindaje institucional a las autoridades y exautoridades incluidas en la lista de vetos de Estados Unidos. El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, ha recalcado que el Ejecutivo no encubrirá ni pactará impunidad, subrayando que ni el cargo, ni la influencia, ni el uniforme brindan protección. Gálvez añadió que quienes integraron la administración pública ya fueron apartados de sus funciones y deberán comparecer ante la justicia ordinaria si se identifican indicios que justifiquen la apertura de procesos de investigación.
La renuncia de Quezada se produce en el contexto de las recientes sanciones anunciadas por la Administración de Donald Trump, que ha vetado la entrada a Estados Unidos a más de 60 personas de Bolivia y Colombia —entre antiguos responsables políticos, parlamentarios y altos funcionarios judiciales— dentro de su ofensiva contra la corrupción y el narcotráfico en la región.
En el caso boliviano, la nómina elaborada por el Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, alcanza a cerca de 40 ciudadanos, entre ellos los exfiscales Juan Lanchipa, Félix Balderas y Armando Rojas, además de varios diputados y mandos de la Policía. Desde el Ejecutivo boliviano y desde instancias judiciales se ha reiterado que la retirada de visados no equivale a una sentencia penal ni implica por sí sola la determinación de responsabilidades judiciales dentro del país.