La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha salido al paso de las acusaciones dirigidas contra ella y ha recalcado que “no están justificadas” tras la forma en que su Gobierno ha reaccionado a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la presidenta del Tribunal Penal Internacional (TPI), Tomoko Akane, y un abogado de la Fiscalía, en el contexto de la ofensiva abierta de Washington contra la corte.
“No creo que las críticas en las que se habla de una debilidad por mi parte estén justificadas”, ha señalado Takaichi en declaraciones a la prensa, insistiendo en que Tokio sí “presionó a Estados Unidos a distintos niveles hasta el último momento” para tratar de evitar que Akane fuera incluida en la lista de sancionados.
La mandataria ha subrayado que Japón “siempre ha apoyado al TPI como parte de su compromiso con el Estado de derecho” y ha descrito la decisión estadounidense como “incompatible con la postura de Japón” y un asunto que el Ejecutivo “toma muy en serio”, de acuerdo con informaciones publicadas por el diario ‘The Japan Times’.
“Seguiremos de cerca la situación y adoptaremos las medidas necesarias en el momento oportuno”, ha afirmado la primera ministra, que ha rehusado concretar los pasos que podría dar su Gobierno ante el temor de que ello “haga que las cosas sean más difíciles” para la presidenta del TPI.
La propia Akane ha pedido también a Tokio una posición más contundente. “Los intentos externos de paralizar el funcionamiento del TPI constituyen una violación de la independencia del poder judicial, y creo que Japón debería dejarlo claro”, ha sostenido.
En esta línea, ha resaltado que la corte es el “último bastión para la protección del Estado de derecho”, y se ha mostrado convencida de que “sobrevivirá a las sanciones estadounidenses”, aunque ha reconocido la “crisis existencial” que afronta actualmente el tribunal.
Akane ha puesto de relieve que ha dedicado toda su trayectoria a “promover el Estado de derecho y ha asegurado que no hay absolutamente ninguna razón para que sea objeto de sanciones”, al tiempo que ha expresado su agradecimiento al Gobierno japonés por el respaldo mostrado.
Tras el estallido de la controversia, varios países europeos han cerrado filas en apoyo al TPI, reivindicando su independencia y subrayando que debe continuar con su labor sin “presiones” ni “intimidaciones”, entre ellos España.