La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha reclamado a Estados Unidos la “máxima cooperación” después de la detención, el pasado sábado, de un marine estadounidense sospechoso de robar y asesinar a una mujer en la prefectura de Okinawa, donde se ubica la base militar de Futenma, que concentra desde hace décadas buena parte del despliegue norteamericano en Japón.
El militar ha sido identificado como Devin Ballard, de 20 años, considerado por ahora principal sospechoso del robo y asesinato de Anna Yagi, de 39 años, en un hotel de la ciudad de Nata. El marine ha rechazado todas las acusaciones, según han indicado a la agencia oficial japonesa Kyodo fuentes próximas a la investigación.
Takaichi ha publicado un mensaje en redes sociales en el que ha calificado lo ocurrido como “un incidente extremadamente cruel y atroz”, el primero de esta naturaleza desde que la dirigente ultraderechista llegó al poder en octubre de 2025. Desde entonces, ha reiterado en varias ocasiones la cercanía que mantiene con el presidente estadounidense, Donald Trump.
“El Gobierno de Japón ha presentado una fuerte protesta al lado estadounidense, al mismo tiempo que ha exigido la máxima cooperación en la investigación, el estricto mantenimiento de la disciplina entre los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la prevención exhaustiva de la reincidencia de incidentes y accidentes”, ha recalcado la primera ministra.
En la misma línea se ha expresado el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, quien ha manifestado su “profunda indignación por lo ocurrido”. El embajador estadounidense en Japón, George Glass, ya ha mantenido contactos con el ministro de Exteriores, Toshimitsu Motegi, y con el gobernador de Okinawa, Genta Koja, a quienes ha asegurado que Washington colaborará “plenamente” con las pesquisas.
La presencia de los marines en la isla ha generado durante años un profundo malestar entre la población local, primero por la propia existencia del contingente y, más tarde, por diversos episodios de violencia, especialmente de carácter sexual, atribuidos a militares estadounidenses.
El año 2016 marcó un punto de inflexión. Un marinero estadounidense fue detenido tras provocar, en estado de embriaguez —con una tasa seis veces superior al límite legal—, un accidente de tráfico en el que murieron dos personas. Ese mismo verano, un contratista civil y un marine fueron arrestados por su implicación en la violación y asesinato de una joven de 20 años.
El caso más grave se remonta, no obstante, a 1995, cuando tres militares alquilaron una furgoneta y procedieron a agredir brutalmente y violar en grupo a una niña de 12 años. Tras una oleada de protestas masivas en Okinawa, los tres fueron condenados a penas de entre seis años y medio y siete años de prisión.