Elecciones de Brasil 2026: las encuestas anticipan una contienda ajustada y el escrutinio empieza favoreciendo a Bolsonaro

La reforma de la ley electoral brasileña que afecta directamente a los procesos presidenciales sigue en tramitación y no está aún vigente. El núcleo de los cambios se articula en torno a dos grandes iniciativas: el nuevo Código Electoral (PLP 112/2021) y una reforma constitucional (PEC 12/2022) sobre reelección, unificación de elecciones y mandatos. Ninguna de las dos ha completado todavía todo el recorrido legislativo, por lo que las elecciones presidenciales siguen rigiéndose por las normas actuales.

1. El nuevo Código Electoral (PLP 112/2021)

El proyecto de un nuevo Código Electoral persigue unificar y actualizar la dispersa legislación electoral brasileña, incluyendo las reglas que se aplican a las elecciones presidenciales (registro de candidaturas, campañas, financiación, propaganda, uso de redes sociales, infracciones y sanciones, etc.).

Según la información disponible, este proyecto:

• Fue aprobado en la Cámara de Diputados y remitido al Senado Federal, donde se registra como PLP 112/2021.
• En el Senado se encuentra todavía pendiente de votación en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), que debe emitir un dictamen antes de que el texto pueda ir al Plenario del Senado.
• Tras pasar por el Pleno, en función de las enmiendas, podría requerir nueva revisión de la Cámara de Diputados antes de su aprobación definitiva.

En la práctica, esto significa que el nuevo Código Electoral no ha sido aprobado ni promulgado. Se trata todavía de una propuesta en discusión en el Senado, con puntos sensibles sobre la regulación de campañas, redes sociales y la actuación de la Justicia Electoral. Mientras no se complete ese recorrido, no altera las reglas presidenciales vigentes.

2. La reforma constitucional (PEC 12/2022)

Paralelamente se tramita una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC 12/2022) que pretende modificar la arquitectura del sistema político-electoral en aspectos clave para la Presidencia: fin de la reelección en el Ejecutivo, unificación de las fechas electorales y ajustes en la duración de los mandatos.

El estado de esta PEC es el siguiente:

• La propuesta fue debatida en la CCJ del Senado, que llegó a aprobar el texto en comisión.
• Tras ese aval, la reforma sigue necesitando la votación del Plenario del Senado, donde debe alcanzar el quórum constitucional reforzado.
• Aun aprobada en el Senado, tendría que pasar después por la Cámara de Diputados, también con votaciones en dos turnos y mayorías cualificadas.

Es decir, la PEC ha superado una primera fase técnica en el Senado, pero no ha completado el trámite constitucional y por tanto no está incorporada a la Constitución. No han cambiado todavía ni la posibilidad de reelección presidencial ni el calendario electoral.

3. Efectos sobre las elecciones presidenciales

En Brasil rige el principio de anualidad electoral: las leyes que alteran el proceso electoral solo pueden aplicarse a una elección si han sido aprobadas y promulgadas con al menos un año de antelación respecto a la fecha del pleito. La propia Justicia Electoral y fuentes especializadas recuerdan que cualquier reforma aprobada fuera de ese margen temporal no puede afectar al ciclo en curso.

A día de hoy, la combinación de factores es clara:

• El nuevo Código Electoral sigue pendiente en el Senado, sin votación final en Plenario.
• La PEC 12/2022 solo ha sido aprobada en la CCJ del Senado y aún no ha pasado por las dos cámaras en Pleno.
• Ninguno de esos textos ha sido promulgado ni publicado como norma vigente.

En consecuencia, las elecciones presidenciales se celebran todavía con el marco jurídico actual: se mantiene el modelo de mayoría absoluta de votos válidos en primera vuelta (sin contar blancos ni nulos) y la posibilidad de segunda vuelta entre los dos más votados si nadie supera el 50%.

4. Balance general

En resumen, la reforma electoral brasileña que aspira a reordenar integralmente los procesos presidenciales se encuentra en una fase de tramitación avanzada pero inconclusa. El Congreso ha acumulado iniciativas de gran calado, pero los acuerdos políticos necesarios —especialmente en el Senado y para las mayorías constitucionales— aún no se han materializado. Hasta que eso ocurra y se respeten los plazos de anualidad, no habrá cambios efectivos en la forma de elegir al presidente de la República.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) es el órgano de cúpula de la Justicia Electoral brasileña. Según la legislación vigente –fundamentalmente la Constitución Federal de 1988 y el Código Electoral (Ley nº 4.737/1965)– ejerce competencias jurisdiccionales, administrativas, normativas y consultivas para garantizar la legalidad y la legitimidad de las elecciones en todo el país.

Marco constitucional básico

La Constitución de 1988 integra a la Justicia Electoral dentro del Poder Judicial y prevé que el TSE sea su instancia máxima. En términos generales, la Constitución:

• Sitúa al TSE como responsable de organizar y conducir las elecciones federales, en coordinación con los Tribunales Regionales Electorales (TRE), los jueces electorales y las juntas electorales.
• Reconoce su papel central en la totalización de resultados, la proclamación de los elegidos y la diplomación del presidente y del vicepresidente de la República.
• Lo habilita, junto con el resto de la Justicia Electoral, para juzgar las controversias electorales y los delitos relacionados con los procesos electorales.

Aunque la Constitución establece este marco general, es el Código Electoral22 y 23.

Competencias jurisdiccionales

Como tribunal superior, el TSE actúa tanto en primera instancia en determinados asuntos como tribunal revisor de las decisiones de los TRE:

• Procesa y juzga originariamente el registro y la cancelación de partidos políticos de ámbito nacional, así como el registro de sus directorios nacionales.
• Conoce en primera instancia de cuestiones relativas al registro de candidaturas a presidente y vicepresidente de la República, incluida la impugnación de estos registros.
• Juzga recursos contra decisiones de los Tribunales Regionales Electorales, tanto en materia jurisdiccional como administrativa (por ejemplo, sobre candidaturas, propaganda, escrutinio y diplomación en el ámbito de los estados).
• Resuelve conflictos de competencia entre tribunales regionales y entre estos y jueces electorales de diferentes estados.
• Juzga determinados crímenes electorales y delitos conexos cometidos por magistrados de los propios tribunales electorales.
• Conoce de habeas corpus y mandados de segurança en materia electoral en los supuestos previstos en el Código (por ejemplo, cuando hay actos de ministros de Estado o decisiones de tribunales regionales y se alega riesgo de violencia o lesión grave antes de que actúe el juez competente).

Competencias administrativas

En su faceta administrativa, el TSE coordina el funcionamiento del sistema electoral en todo Brasil:

• Dirige y supervisa el registro de electores y el padrón electoral a escala nacional.
• Fija directrices para la organización logística de la votación, el funcionamiento de las secciones electorales y la infraestructura de las elecciones, incluidas las urnas electrónicas y los sistemas de totalización.
• Ejerce un control directo sobre la diplomación de presidente y vicepresidente, expidiendo los títulos que acreditan oficialmente a los electos.
• Aprueba la división de los estados en zonas electorales y la creación de nuevas zonas, a propuesta de los TRE, para garantizar una cobertura adecuada del territorio.
• Fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones legales de los partidos políticos en materia de contabilidad y financiación electoral, con capacidad para imponer sanciones en los casos de infracción.
• Puede requisar fuerza federal para asegurar el cumplimiento de la legislación electoral y de sus propias decisiones, así como de las resoluciones de los tribunales regionales cuando sea necesario preservar la normalidad y la seguridad del proceso.

Competencias normativas y consultivas

El TSE no se limita a aplicar la ley: también tiene un importante papel de regulación y de interpretación del derecho electoral:

• Emite resoluciones e instrucciones de alcance general que desarrollan y concretan la legislación electoral para cada ciclo de comicios (por ejemplo, sobre propaganda, financiación, uso de redes sociales o funcionamiento de las urnas y de los sistemas de divulgación de resultados).
• Estas normas infra-legales son de cumplimiento obligatorio por parte de los partidos, candidatos, autoridades electorales y medios implicados en el proceso.
• Ejerce una función consultiva, respondiendo consultas en materia electoral formuladas por autoridades y actores legitimados, lo que contribuye a uniformar la interpretación de la ley antes y durante las elecciones.
• Puede adoptar “otras providencias necesarias” para la ejecución de la legislación electoral, fórmula que le otorga un margen de actuación para responder a desafíos nuevos, como las campañas de desinformación digital.

En conjunto, las competencias del TSE le convierten en el garante institucional de que las elecciones brasileñas se desarrollen con legalidad, transparencia, igualdad de condiciones entre candidaturas y respeto a la voluntad del electorado, articulando sus funciones jurisdiccionales con un fuerte poder regulador y de supervisión del proceso electoral.

Flávio Bolsonaro es un político brasileño de derecha, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, que ha construido su carrera principalmente en el estado de Río de Janeiro y, más recientemente, en la política nacional. Su trayectoria combina una larga etapa como diputado estadual, su salto al Senado y, desde 2025‑2026, un papel central como principal referente del bolsonarismo y candidato presidencial.

En cuanto a su afiliación, las fuentes coinciden en que actualmente pertenece al Partido Liberal (PL), que es hoy el gran vehículo electoral del bolsonarismo. A lo largo de su carrera ha pasado por varias siglas: se ha afiliado sucesivamente a partidos como PP (Progressistas), PSC (Partido Social Cristiano), PSL (Partido Social Liberal), Republicanos y Patriota, antes de recalar en el PL, al que está vinculado en la actualidad como senador y como candidato presidencial.

Su entrada en política fue muy temprana. Con apenas 21 años, en las elecciones de 2002, resultó elegido diputado estadual en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj). Tomó posesión en 2003 y, desde entonces, encadenó cuatro mandatos consecutivos como diputado estatal, consolidando una base electoral en la capital fluminense y en el entorno metropolitano. Durante esta etapa, su actuación se centró en temas de seguridad pública, endurecimiento penal y una agenda de valores conservadores, en línea con el discurso de su padre.

Ese largo periodo en la Alerj le permitió convertirse en una figura conocida dentro del campo conservador carioca. En paralelo, fue cambiando de partido dentro del abanico de la derecha y el centroderecha brasileños, en un movimiento relativamente habitual en la política del país, donde las alianzas y siglas son muy fluidas. Pasó por el PP y el PSC, y más tarde se afilió al PSL, la formación con la que Jair Bolsonaro ganó la Presidencia en 2018 y con la que el propio Flávio se proyectó a la política nacional.

El punto de inflexión en su carrera llegó precisamente en las elecciones generales de 2018. Ese año dejó la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro para disputar un escaño en el Senado Federal, representando al estado de Río. Fue elegido senador y, desde 2019, ocupa ese cargo, inicialmente asociado al PSL y, posteriormente, ya reubicado en el entorno del PL tras las rupturas y realineamientos internos del bolsonarismo.

En el Senado, su perfil se mantuvo coherente con sus posiciones previas: una agenda conservadora en lo moral, defensora de valores cristianos, familia tradicional y fuerte presencia religiosa; un énfasis marcado en políticas de mano dura en seguridad y en el endurecimiento de la legislación penal; y una oposición frontal a las políticas sociales y regulatorias identificadas con la izquierda y con el Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva. Distintos análisis lo describen como uno de los rostros más visibles de la derecha dura brasileña, aunque intentando proyectar un tono algo más “moderado” que el de su padre para ampliar apoyos.

A partir de 2025, con Jair Bolsonaro inhabilitado electoralmente y posteriormente condenado por su implicación en la intentona golpista tras las elecciones de 2022, Flávio fue señalado explícitamente por su padre como heredero político y principal apuesta del bolsonarismo para las presidenciales de 2026. El expresidente lo hizo público en cartas y mensajes leídos por el propio Flávio, en los que lo presentaba como el encargado de “dar continuidad” al proyecto político de la familia.

En 2026, el Partido Liberal (PL) oficializó esa estrategia al proclamarlo candidato presidencial. A partir de entonces, Flávio Bolsonaro ha centrado su actividad en recorrer el país, negociar apoyos con otras fuerzas conservadoras y articular una candidatura que combina la defensa del legado de su padre con la promesa de un liderazgo propio. Las crónicas subrayan que, pese a contar con el núcleo duro del electorado bolsonarista, ha tenido dificultades para construir una coalición amplia de partidos a su alrededor, precisamente por el peso de la figura de Jair Bolsonaro y por las resistencias de sectores de la derecha moderada.

En resumen, la trayectoria política de Flávio Bolsonaro se estructura así: joven diputado estadual en Río de Janeiro durante cuatro mandatos consecutivos; salto al Senado en 2018; consolidación como referente del bolsonarismo; y, desde 2025‑2026, liderazgo de la derecha radical brasileña como candidato presidencial del Partido Liberal (PL), tras haber pasado previamente por otras siglas de la derecha como PP, PSC, PSL, Republicanos y Patriota.