El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rubricado este martes una nueva orden ejecutiva con la que obliga a todos los departamentos y agencias del Gobierno federal a reemplazar el término “inteligencia artificial” y su acrónimo “IA” por “superinteligencia” y “SI” en cualquier comunicación oficial, documentos públicos, páginas web e informes institucionales. La disposición, que deja intactas las normas y contratos actualmente en vigor, fija un plazo de 60 días para que el asesor presidencial para Ciencia y Tecnología presente al Congreso una propuesta legislativa que recoja una definición federal precisa del nuevo concepto.
En el propio texto de la orden, Trump defiende este giro terminológico alegando que las capacidades de las tecnologías actuales “van mucho más allá de imitar o automatizar aspectos discretos de la inteligencia humana” y que, de forma creciente, “representan no simplemente inteligencia artificial, sino una nueva era de superinteligencia”.
La decisión se conoce pocas horas después de que el mandatario convocara en la Casa Blanca a casi dos decenas de altos ejecutivos de Silicon Valley para analizar los riesgos asociados a esta tecnología. De acuerdo con Bloomberg, el objetivo de este cambio de denominación es tratar de frenar la imagen negativa cada vez más extendida sobre la inteligencia artificial en Estados Unidos, donde su despliegue ha provocado un fuerte rechazo social por el aumento del coste de la electricidad y el miedo a la destrucción masiva de puestos de trabajo.
De forma paralela a la orden ejecutiva, la Casa Blanca ha hecho público un comunicado conjunto suscrito por Trump y los máximos responsables de varias de las grandes compañías del sector —Sundar Pichai (Google), Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta), Greg Brockman (OpenAI), Elon Musk (X) y Jensen Huang (Nvidia)— en el que se comprometen a implantar cuatro niveles de controles y auditorías sobre sus modelos.
El pacto incluye la puesta en marcha de salvaguardas internas frente a riesgos de ciberseguridad, bioseguridad y amenazas químicas; la creación de equipos de supervisión dentro de las propias compañías; la contratación de auditores externos independientes; y la constitución de un comité autónomo respecto al consejo de administración de cada empresa que se encargue de vigilar el conjunto de este sistema de control.
Los participantes admiten en el documento que estas prácticas podrían traducirse en el futuro en legislación o normas vinculantes. Asimismo, subrayan que la adopción de estos controles y auditorías es “fundamental” para garantizar un “futuro seguro para todos” y se obligan a aplicarlos en el funcionamiento interno de sus organizaciones.