El alto el fuego en la Franja de Gaza, sellado tras la aceptación por parte de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave, cumple este sábado un año sin que se haya activado su segunda fase y con cerca de 1.500 palestinos muertos y más de 5.100 heridos por ataques israelíes desde entonces.
El acuerdo, logrado después de algo más de dos años de ofensiva militar israelí sobre Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023, aspiraba a abrir una nueva etapa política para encaminarse hacia el fin del histórico conflicto en la zona. Sin embargo, apenas se ha avanzado en varias de sus disposiciones clave, en un contexto marcado por la persistencia de la guerra en Oriente Próximo.
El plan de paz, presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y estructurado en 20 puntos, dio pie a la creación de dos organismos encargados de pilotar el proceso —bajo la dirección de la Junta de Paz—, pero el componente político sigue bloqueado, sin contactos directos entre las partes y con más de dos millones de palestinos viviendo en un territorio devastado y sumido en una grave crisis humanitaria.
Uno de los pilares del acuerdo, el alto el fuego, se ha visto empañado por bombardeos y operaciones diarias de Israel contra Gaza, con más de 1.470 palestinos muertos —unos cuatro al día— desde entonces, según el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás, que acusa además a Israel de frenar la entrada de ayuda y materiales esenciales, otro de los compromisos recogidos en el pacto.
Paralelamente, las fuerzas israelíes han ampliado la denominada ‘línea amarilla’, a la que se replegaron tras el acuerdo y que ha pasado de abarcar en torno al 51% de la Franja a superar el 60%. Según el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, esta situación se mantendrá hasta el desarme de Hamás, lo que incrementa el hacinamiento de una población prácticamente desplazada en su totalidad por la devastadora ofensiva.
Netanyahu ha subrayado en repetidas ocasiones la importancia del primer punto del plan, que establece que “Gaza será una zona desradicalizada y libre de terrorismo que no suponga una amenaza para sus vecinos” y sostiene que el Ejército israelí se limita a responder con sus ataques a “amenazas inminentes” contra sus fuerzas. A su vez, insiste en que no se puede avanzar en ningún proceso mientras Hamás no sea “erradicado”.
Por el contrario, otros aspectos del documento, como la liberación de secuestrados y la entrega de cadáveres de rehenes tras los ataques del 7-O, así como los trabajos para la creación y despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización, sí han registrado avances. No obstante, estos progresos no se han traducido en un proceso sólido que permita avanzar en los objetivos centrales a nivel político, humanitario o de seguridad.
En este escenario, la Junta de Paz —presidida a perpetuidad por Trump— se ha limitado por ahora a difundir comunicados sobre la situación, mientras que el comité tecnócrata llamado a asumir la gobernanza de Gaza en sustitución de Hamás —que ya ha disuelto sus estructuras de poder en previsión de esa transferencia— ni siquiera ha podido entrar en el enclave costero, imposibilitando la transición.
Un alto el fuego “nominal” y una crisis humanitaria enquistada
Más de un centenar de organizaciones no gubernamentales y de defensa de los Derechos Humanos denunciaron este viernes que el alto el fuego es “únicamente nominal”, ya que “las fuerzas israelíes siguen matando e hiriendo a palestinos a diario”, mientras que “las restricciones a la ayuda, el equipamiento y los materiales de reconstrucción siguen impidiendo que las familias se recuperen”.
Entre las organizaciones firmantes figuran Amnistía Internacional, Save the Children y el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), que alertan de que las restricciones impuestas por Israel “están devastando los servicios esenciales”. Ninguno de los 36 hospitales de Gaza está plenamente operativo y hay una grave escasez de medicamentos y combustible, mientras 1,4 millones de personas afrontan niveles de emergencia por hambre.
“Un año después, el patrón es inconfundible. Se sigue matando a familias. Siguen muriendo niños por enfermedades prevenibles. Gaza continúa sembrada de municiones sin explotar. Las viviendas yacen entre escombros que no pueden retirarse, y la ayuda no logra llegar a quienes la necesitan desesperadamente”, han explicado las organizaciones.
“Esto no es lo que se suponía que debía lograr un alto el fuego. Refleja las mismas condiciones que llevaron a la Comisión de Investigación de la ONU a concluir, en dos ocasiones --septiembre de 2025 y junio de 2026-- que Israel ha cometido genocidio”, han denunciado, antes de recalcar que “la responsabilidad de la comunidad internacional no termina con un acuerdo sobre el papel”.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha afirmado que “el persistente fracaso a la hora de hacer que Israel rinda cuentas y presionarlo para que cumpla con las órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sigue alimentando la comisión de crímenes atroces a gran escala contra los palestinos”.
Por su parte, la directora ejecutiva de Save the Children, Inger Ashing, ha advertido que “un alto el fuego no tiene significado alguno si los niños siguen siendo asesinados y las familias no pueden reconstruir sus vidas”, antes de defender que “los niños de Gaza tienen derecho a la seguridad y a un futuro” y que “los gobiernos tienen el poder de ayudar a garantizar ambas cosas, y deben utilizarlo”.
Segunda fase bloqueada y dudas sobre el futuro del plan
La falta de avances ha impedido la puesta en marcha de la segunda fase del plan de Trump —que obtuvo en noviembre de 2025 el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU y el apoyo de numerosos países de la región—, centrada en la transición desde el alto el fuego hacia una paz duradera. La ausencia de una hoja de ruta clara alimenta las dudas sobre la viabilidad del conjunto de la propuesta.
En esta etapa debía desempeñar un papel determinante el Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), liderado por el tecnócrata Alí Shaaz, que se ha declarado dispuesto a asumir las competencias que Hamás —en el poder en la Franja desde 2007, tras los enfrentamientos internos posteriores a las elecciones del año anterior— dice estar preparado para ceder, sin que se haya producido avance alguno.
La segunda fase contemplaba también un repliegue adicional de las tropas israelíes de Gaza, la consolidación del alto el fuego, el despliegue de la fuerza internacional mencionada y el desarme de Hamás, pasos necesarios para iniciar la reconstrucción. Ninguno de estos puntos parece cercano, en un contexto en el que Israel se opone abiertamente a varios de ellos y en el que altos cargos israelíes han rechazado la solución de dos Estados e incluso han apelado a una “migración forzosa” de palestinos.
Así, el acuerdo llega a su primer aniversario rodeado de incertidumbre y bajo crecientes críticas por la ausencia de progresos, que los detractores reducen a una mera disminución del número de víctimas en Gaza. Cerca de dos millones de palestinos encaran la llegada de un cuarto invierno inmersos en una crisis humanitaria extrema y sin perspectivas reales de avanzar hacia la paz y la creación de un Estado palestino, en línea con la solución de dos Estados respaldada por la mayoría de la comunidad internacional.