Un juez federal de Estados Unidos ha desestimado este viernes un recurso presentado por la junta directiva del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas y el Departamento de Justicia, con el que pretendían evitar la retirada del apellido del presidente, Donald Trump, de la fachada de la institución, después de que una resolución anterior considerase inconstitucional el cambio de nombre.
El magistrado del distrito de Columbia, Casey Cooper, ya había señalado en una decisión previa que únicamente el Congreso está facultado para modificar la denominación oficial del centro y ordenó a la Administración Trump que eliminase los rótulos con el apellido del mandatario, así como que realizase los ajustes necesarios en la página web, en un plazo máximo de dos semanas.
Tras esa resolución, la junta del Centro Kennedy y el Departamento de Justicia acudieron a la corte para recurrir el dictamen. Sin embargo, el juez Cooper ha rechazado este viernes la apelación, al considerar que los representantes legales no han conseguido probar que el edificio sufriría un perjuicio irreparable en caso de que se retirase el letrero, según “The Washington Post”.
La decisión judicial, de más de 90 páginas, también dejaba sin efecto un proyecto anunciado en marzo por la Administración Trump para cerrar temporalmente el centro con el fin de acometer obras de renovación, lo que habría supuesto interrumpir la actividad y la programación del complejo cultural.
El magnate destituyó a la mitad de los integrantes de la junta y designó en su lugar a personas de su confianza. Poco después, el órgano de gobierno encargado de dirigir, gestionar y conservar esta destacada institución cultural votó por unanimidad el cambio de nombre.
La medida desencadenó una oleada de cancelaciones por parte de artistas, en un contexto de fuertes críticas procedentes de la oposición demócrata. El Congreso de Estados Unidos creó el Centro Cultural Nacional en 1958 para acoger conciertos, conferencias y otras actividades artísticas, una entidad que fue rebautizada por ley tras el fallecimiento del presidente Kennedy.