Mappa degli incendi in Spagna oggi, 20 agosto: Las Hurdes mantiene l'emergenza principale mentre Salamanca contiene l'avanzata del fuoco

En España no existe un único precepto que, por sí solo, defina los requisitos para declarar la situación de emergencia por incendio forestal en un municipio. Esa declaración se apoya en un conjunto de normas estatales (especialmente la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, y la Norma Básica de Protección Civil, aprobada por Real Decreto 524/2023) y en los planes especiales de protección civil frente a incendios forestales de cada comunidad autónoma (por ejemplo, el Plan INFOCA de Andalucía o el INFOMA de la Comunidad de Madrid), que concretan niveles y procedimientos.

1. Marco normativo básico

A nivel estatal, la Ley 17/2015 configura el Sistema Nacional de Protección Civil y establece:

• Qué son las emergencias de protección civil y la figura de las “emergencias de interés nacional”, cuya dirección corresponde al Gobierno (art. 29, interpretado por la STC 58/2017).
• La tipología de planes de protección civil (plan estatal, planes territoriales autonómicos y locales, planes especiales por riesgos específicos como los incendios forestales, y planes de autoprotección), y que estos deben prever la organización y mecanismos de movilización de recursos ante emergencias.

La Norma Básica de Protección Civil de 2023 (Real Decreto 524/2023) fija los contenidos mínimos de esos planes y remite, para incendios forestales, a la Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales, desarrollada mediante el plan estatal específico.

Sobre esa base se aprueban:

• El Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales, aprobado por Resolución de 31 de octubre de 2014 (BOE-A-2014-11493), que regula la organización y actuación de los recursos del Estado y el apoyo a las comunidades autónomas.
• Los planes especiales autonómicos (INFOCA en Andalucía, INFOMA en Madrid, etc.), que incluyen la parte nuclear sobre cuándo y cómo se declara la emergencia en el territorio autonómico y local.

2. Requisitos materiales: cuándo se declara la emergencia

Los planes especiales autonómicos distinguen normalmente niveles o grados de gravedad del incendio forestal (por ejemplo, niveles 0, 1, 2, 3 o “gravedad potencial”) asociados a la situación operacional. Aunque la formulación exacta varía por comunidad, de forma muy general:

• Nivel 0: incendio que puede ser controlado con medios ordinarios de extinción sin riesgo relevante para poblaciones, infraestructuras críticas u otros bienes de especial valor. Puede seguir siendo una emergencia, pero de alcance operativo limitado.
• Niveles 1 y 2 (o equivalentes): cuando el incendio supone o puede suponer peligro para personas o bienes, obliga a actuaciones de protección civil (evacuaciones de núcleos, confinamientos, cortes de carreteras, protección de infraestructuras, etc.) y/o requiere la incorporación de medios extraordinarios ajenos al dispositivo autonómico ordinario.
• Nivel máximo o de interés nacional: cuando, por su intensidad, extensión, afección interterritorial o impacto sobre servicios esenciales, el Gobierno puede declarar la emergencia de interés nacional (art. 29 Ley 17/2015), asumiendo la dirección y coordinación superior.

En la práctica, un municipio se considera “en situación de emergencia” cuando el incendio:

• Afecta o amenaza directamente a su término municipal, exigiendo medidas de protección a la población, y
• El plan autonómico se activa al menos en un nivel que implique ya decisiones de protección civil (no solo tareas de extinción forestal).

3. Requisitos procedimentales: quién y cómo declara

La declaración formal de la situación de emergencia y de los niveles corresponde a las autoridades definidas en los planes:

• En los planes autonómicos (por ejemplo, el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía – INFOCA, aprobado por Decreto 371/2010), la Dirección Operativa Regional puede declarar el nivel de gravedad del incendio y, por tanto, la situación de emergencia, a instancia propia o a propuesta de los órganos asesores.
• En el ámbito local, los planes de actuación municipal (integrados en el plan autonómico) suelen prever que el alcalde o alcaldesa declare la emergencia municipal y active el plan local cuando el incendio afecta directamente al municipio.
• Cuando concurren circunstancias de especial magnitud, el Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior, puede declarar la emergencia de interés nacional, pasando la dirección estratégica al Estado (sin perjuicio de los mandos de extinción sobre el terreno).

Procedimentalmente, los planes exigen:

• Evaluación técnica de la situación por los centros de coordinación (p. ej. CECOP, centros 112) y por los servicios de extinción.
• Comunicación inmediata a la autoridad competente para que dicte la declaración del nivel de emergencia y ordene la activación del plan.
• Puesta en marcha de la organización de mando y coordinación prevista en el plan (dirección del plan, comité asesor, grupos de acción).
• Activación de los protocolos de información a la población y a otras administraciones, tal como prevé la Ley 17/2015 y los propios planes (uso de 112, avisos públicos, etc.).

4. Diferencia entre afectación municipal y declaración estatal

Que un municipio esté en situación de emergencia por un incendio forestal no implica automáticamente que exista una “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil” ni una emergencia de interés nacional. Esas figuras, también previstas en la Ley 17/2015 y normas de desarrollo (por ejemplo, órdenes de ayudas como la Orden TES/443/2022), responden a decisiones posteriores, de carácter más amplio, que valoran el conjunto de daños y la necesidad de movilizar recursos estatales y medidas extraordinarias.

La Junta de Castilla y León tiene la responsabilidad principal en la prevención, gestión y extinción de los incendios forestales en su territorio. Esa competencia deriva de su Estatuto de Autonomía y se desarrolla sobre todo a través de la Ley 3/2009, de montes de Castilla y León, la Ley 4/2007, de Protección Ciudadana, el Plan INFOCAL y los planes anuales de prevención, vigilancia y extinción que aprueba cada año.

1. Marco básico de competencias

El Estatuto de Autonomía reformado por la Ley Orgánica 14/2007 atribuye a Castilla y León el desarrollo normativo y la ejecución en materia de montes, aprovechamientos y servicios forestales y de protección del medio ambiente y de los ecosistemas (art. 71.1.8.º y 71.1.7.º, según recoge la exposición de motivos de la Ley 3/2009, de montes). Sobre esa base, la Comunidad asume la organización de su política forestal y de la defensa frente a los incendios.

A nivel estatal, el marco lo marca la Ley 43/2003, de Montes, que establece la responsabilidad de las administraciones competentes en la prevención, detección y extinción de incendios forestales, y la normativa de protección civil (Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales, publicado por Resolución de 7/11/2014: Plan estatal de incendios, y la Norma Básica de Protección Civil, aprobada por el Real Decreto 524/2023). Estas normas fijan las reglas del juego comunes, pero dejan la gestión ordinaria a las comunidades autónomas.

2. Prevención y planificación (competencia autonómica)

La Ley 3/2009, de montes de Castilla y León desarrolla ese marco y, según recuerda la prensa especializada, su artículo 88 establece que la Junta elaborará los planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, que deben contener al menos lo exigido por la legislación básica estatal (Ley 43/2003 de Montes). Esos planes anuales se aprueban por orden autonómica, como la Orden MAV/92/2026, de 9 de febrero, por la que se aprueba el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales para 2026 (BOCYL 12/02/2026).

Dentro de estas competencias, la Junta diseña y financia:

• Tratamientos selvícolas preventivos (desbroces, podas, clareos, cortafuegos, pistas forestales, puntos de agua) en los montes de la Comunidad, en línea con la Ley 43/2003 y la Ley 3/2009. La prensa cita, por ejemplo, inversiones autonómicas específicas en tratamientos preventivos en varias provincias.
• La regulación del uso del fuego y de las actividades en época de riesgo, mediante normas como la Orden FYM/510/2013 sobre uso del fuego, y las modificaciones introducidas por el Decreto-ley 2/2023, de medidas urgentes sobre prevención y extinción de incendios forestales (BOCL-h-2023-90163).
• La declaración de zonas de alto riesgo de incendio y otras figuras de planificación forestal y de protección ciudadana que condicionan usos y aprovechamientos.

3. Dirección y gestión de la extinción

La práctica y la propia normativa sitúan a la Junta como responsable de la primera respuesta y de la dirección ordinaria de las emergencias por incendios forestales. La prensa del periódico Demócrata sintetiza que las comunidades autónomas:

• Organizan su propio dispositivo de lucha contra el fuego, con bomberos forestales, agentes medioambientales, cuadrillas, medios terrestres y medios aéreos autonómicos.
• Dirigen la emergencia dentro de su territorio, salvo que se active un nivel superior de protección civil que transfiera el mando al Estado.

En Castilla y León, ese dispositivo se articula en torno al operativo INFOCAL (Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales), aprobado por decreto autonómico y desarrollado a través de los planes anuales. Dentro de INFOCAL se integran unidades como la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de la Junta, que colabora con la Guardia Civil en la investigación de causas, según recogen varias informaciones sobre incendios en Zamora.

La Ley 4/2007, de Protección Ciudadana de Castilla y León (BOE-A-2007-9097) configura el sistema autonómico de protección civil: la Junta elabora el plan territorial de protección civil y los planes especiales (entre ellos, el de incendios forestales), define los catálogos y mapas de riesgos, regula planes de autoprotección y fija el régimen sancionador por incumplimiento de las medidas preventivas o de las instrucciones en emergencias.

4. Coordinación con el Estado y otras administraciones

Aunque la competencia ordinaria es autonómica, el Estado mantiene medios de apoyo. La prensa y las notas oficiales explican que:

• La Unidad Militar de Emergencias (UME) y las BRIF (brigadas estatales de refuerzo) se despliegan cuando la comunidad lo solicita y a través del Sistema Nacional de Protección Civil; el Ministerio del Interior coordina la asignación de medios estatales mediante el CECOD, según la nota “Interior coordina la asignación de medios estatales...”.
• La Junta puede pedir y prestar apoyo a otras comunidades autónomas, como muestra la nota de la Xunta de Galicia sobre el envío de medios a los incendios de León y Madrid a petición de Castilla y León: nota de la Xunta, 26/07/2026.

5. Papel de diputaciones y entidades locales

Las diputaciones provinciales y los ayuntamientos colaboran en la prevención (limpieza de periferias urbanas, caminos, accesos) y pueden disponer de parques de bomberos o medios propios, pero el diseño del dispositivo forestal, la planificación anual y el mando operativo de los grandes incendios corresponden a la Junta. Diversos debates parlamentarios en las Cortes de Castilla y León (PNL sobre el “operativo de extinción y prevención de incendios forestales de la Junta de Castilla y León”) asumen precisamente que es la Administración autonómica quien debe reorganizar y reforzar ese operativo.

En síntesis, la Junta de Castilla y León ostenta la competencia principal e integral sobre la prevención, la gestión y la extinción de incendios forestales en la Comunidad, dentro del marco básico fijado por la legislación estatal y en coordinación con el Estado, otras comunidades, diputaciones y municipios.

En España todas las comunidades operan sobre un mismo marco básico (Ley de Montes y Plan Estatal de Protección Civil para emergencias por incendios forestales, por ejemplo Plan Estatal 2014 y sus actualizaciones), pero cada una organiza su propio dispositivo. A continuación se sintetiza qué hace Extremadura y cómo se sitúan frente a ella Andalucía, Castilla y León, Galicia, Cataluña y la Comunitat Valenciana.

Extremadura: modelo INFOEX

• Marco normativo: Ley 5/2004 de prevención y lucha contra incendios forestales, modificada por la Ley 4/2017 (BOE-A-2017-6421), y el Plan INFOEX aprobado por el Decreto 132/2022 (DOE 132/2022).
• Prevención:
  • Plan PREIFEX y Zonas de Alto Riesgo con planes de defensa específicos.
  • Obligación de planes de prevención en montes y planes periurbanos para proteger núcleos urbanos.
  • Posibilidad de ejecución subsidiaria de trabajos preventivos (limpieza, cortafuegos) por la Administración, incluso con carácter gratuito en zonas de alto riesgo (art. 38 reformado por Ley 4/2017).
• Extinción:
  • Dispositivo INFOEX con estructura propia y Plan revisado en 2022; en grandes incendios se han llegado a movilizar hasta 17 medios aéreos (9 aviones y 8 helicópteros) en un solo incendio, según la Junta.
  • Colaboración con UME y medios estatales vía Plan Estatal.
• Personal:
  • Reforma reciente para convertir 138 plazas en empleos anuales completos “para que trabajen durante todo el año” y aumento aproximado del 10% de la plantilla, según anunció la Junta en 2025.
  • Críticas sindicales por “problemas estructurales” (planificación de jubilaciones, EPIs, formación continua) y peticiones parlamentarias de más estabilidad y coordinación bajo 112.

Andalucía: Plan INFOCA

• El Plan Infoca está regulado por el Decreto 371/2010 (BOJA 192/2010) y por normas posteriores; es uno de los dispositivos más grandes del país.
• Medios y personal: en la campaña 2024–2025 la Junta cifra el dispositivo en unos 4.700 profesionales y un presupuesto de 243,34 millones € (un 11% más que el año anterior), con llamativo esfuerzo en renovación de flota y autobombas.
• Prevención: reglamento específico de prevención y lucha contra incendios forestales, planes locales obligatorios en municipios de zonas de peligro, y acuerdos con empresas (como Enresa) para bases aéreas estratégicas.
• Frente a Extremadura, Andalucía dispone de un operativo más masivo y tecnificado, con gran despliegue aéreo y fuerte presupuesto, pero comparte con ella el enfoque de campaña prolongada, integración con protección civil y colaboración frecuente con UME.

Castilla y León

• Marco: Ley 3/2009 de Montes y Decreto-ley 2/2023 de medidas urgentes sobre prevención y extinción de incendios (BOCL-h-2023-90163), que crea planes anuales de prevención, vigilancia y extinción que cubren todo el territorio todo el año.
• Prevención: Orden FYM/478/2012 fija épocas de peligro alto (1 julio–30 septiembre) y prohíbe quemas de rastrojos y uso del fuego salvo autorizaciones muy reguladas.
• Extinción: Plan anual específico (por ejemplo, Orden MAV/105/2025 para el plan 2025) con despliegue de brigadas, medios aéreos y maquinaria pesada.
• Comparada con Extremadura, Castilla y León se apoya mucho en la regulación fina del uso del fuego y en planes anuales muy detallados; la lógica de operativos mixtos (preventivo + estival reforzado) es similar.

Galicia: PLADIGA y PEIFOGA

• Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (PLADIGA) y Plan especial de Protección Civil frente a incendios forestales (PEIFOGA), con un dispositivo de más de 7.000 efectivos, de los que unos 3.000 dependen directamente de la Xunta (nota 03/07/2024).
• Prevención avanzada:
  • Actuaciones previstas en unas 34.000 ha (cortafuegos, franjas auxiliares, pistas, quemas prescritas).
  • Convenio de gestión de biomasa en fajas secundarias con Seaga: 25 M€ anuales, adhesión de ~295 ayuntamientos.
  • Refuerzo tecnológico: +30% de red de videovigilancia, hasta 177 cámaras; integración de IA en gestión y app ciudadana para avisos (nota 07/05/2026).
  • Operación Centinela con patrullas del Ejército para vigilancia disuasoria.
• Extinción: 42 nuevas brigadas en época de máximo riesgo, 16 bulldozers adicionales, refuerzo de aviones de carga en tierra, avión de coordinación y helicóptero pesado.
• Frente a Extremadura, Galicia destaca por la escala del dispositivo y por la inversión sistemática en tecnología, videovigilancia y gestión de biomasa en el entorno de viviendas.

Cataluña

• El sistema pivota sobre los Bombers de la Generalitat, con reformas recientes: el Decreto-ley 14/2025 modifica la Ley 5/1994 para crear una escala de apoyo con técnicos de operaciones de vuelo, equipos de prevención activa forestal y técnicos de logística, reforzando la capacidad en incendios forestales (BOE-A-2025-16907).
• Otro Decreto-ley (21/2025) añade instrumentos como perímetros de protección prioritaria y proyectos de infraestructuras estratégicas de prevención en la Ley forestal de Cataluña (BOE-A-2026-561).
• Comparada con Extremadura, Cataluña refuerza especialmente la profesionalización y especialización de cuadros técnicos y el diseño de infraestructuras estratégicas de prevención en zonas de alto riesgo.

Comunitat Valenciana

• Dispositivo autonómico coordinado por la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, complementado por la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias (Ley 13/2010).
• Prevención:
  • Plan de Vigilancia disuasoria y medidas especiales verano; campaña “Stop al Foc”.
  • Más de 1.200 efectivos directos en campaña estival, 56 unidades de bomberos forestales y 45 autobombas.
  • Helicóptero H901 de prevención con misiones de vigilancia y disuasión en toda la Comunitat, que también puede coordinar extinción (nota 12/06/2024).
• Extinción: 19 medios aéreos autonómicos (9 aviones y 10 helicópteros) además del H901; refuerzo de turnos en 112 y participación de consorcios de bomberos y policías.
• Respecto a Extremadura, la Comunitat Valenciana se parece en tener un operativo robusto pero pone mucho énfasis en vigilancia aérea preventiva y comunicación ciudadana (apps, campañas públicas).

Conclusión comparada

En conjunto, Extremadura comparte con estas comunidades el esquema básico de leyes de montes, planes autonómicos de protección civil, campañas de alto riesgo y coordinación con MITECO y UME. Sus rasgos distintivos son:

• Tradición de planificación integral (PREIFEX + INFOEX + planes periurbanos) y uso intenso de la ejecución subsidiaria preventiva.
• Un dispositivo en proceso de refuerzo laboral (más jornadas completas y plantilla estable), pero aún objeto de críticas por falta de modernización estructural.

Frente a ella, Andalucía y Galicia destacan por la escala y recursos, Castilla y León por la regulación muy detallada del fuego y planes anuales, Cataluña por la especialización técnica y las infraestructuras de prevención, y la Comunitat Valenciana por su apuesta en vigilancia aérea y participación ciudadana. Todas convergen, en cualquier caso, en la tendencia a campañas más largas, dispositivos más permanentes y mayor peso de la gestión forestal preventiva.