El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha calificado este jueves de “fracaso” la jornada de huelga general y la ha descrito como un “complot” urdido por el Gobierno “mafioso” y la “mafia” sindical.
Desde la Plaza del Mercado de Logroño, en declaraciones a los medios, Abascal ha subrayado que la huelga “apenas fue seguida”, por lo que la ha considerado “un fracaso” del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y de los sindicatos, a los que acusa de ser “cómplices” del Gobierno.
Según ha explicado, “en los únicos sitios en los que consiguió tener un mínimo de seguimiento” fue “gracias a la violencia contra los comerciantes y trabajadores” ejercida por los “absolutamente inaceptables piquetes informativos” que “nunca informan”, sino que “intimidan y llegar a violentar”.
Ha remarcado que “en España existe el derecho a la huelga, gracias a Dios, pero existe también el derecho al trabajo que no respetan los sindicatos y que parece que no quiere respetar este Gobierno”.
Abascal también se ha referido al origen de la convocatoria, el problema de acceso a la vivienda, y ha reiterado que la situación ha empeorado desde la llegada de Sánchez a La Moncloa. Entre las causas, el líder de Vox señala “la invasión migratoria”.
Críticas a la regulación de la vivienda
En este contexto, ha cargado contra los decretos de vivienda votados este jueves por la Diputación Permanente del Congreso. El órgano ha convalidado el decreto que permite intervenir los alquileres, con el respaldo del PNV, y ha derogado el que convertía los arrendamientos en indefinidos, que había contado con el rechazo de los nacionalistas vascos.
Abascal ha denunciado que se trata de “regulaciones abusivas de la izquierda que lo que han provocado, desde que se anunciaron, es la salida del mercado del alquiler de prácticamente la mitad de la oferta, lo que va a llevar al encarecimiento y al perjuicio a las personas más desfavorecidas en España”.
Como respuesta a la crisis de la vivienda, plantea la “remigración” de los inmigrantes ilegales y de los legales que delincan o vivan de las ayudas sociales.
Además, propone la “liberalización del suelo” para permitir construir en todas las zonas que no estén estrictamente protegidas por motivos medioambientales; derogar la ley de vivienda y la sobrerregulación impulsada por la izquierda; y eliminar los impuestos y la carga fiscal vinculada a la compra de la primera vivienda.