La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sugerido este jueves que se reexamine la decisión que dejó sin efecto la sanción de casi 1.500 millones de euros impuesta a Google por abuso de posición dominante en el mercado de la publicidad en buscadores de Internet. A su juicio, el Tribunal General exigió a Bruselas “requisitos excesivos” para acreditar que las prácticas de la tecnológica podían causar perjuicios a sus rivales.
En su dictamen, entiende que los magistrados incurrieron en un error al poner en duda las pruebas presentadas por la Comisión Europea sobre las restricciones a la competencia. Por ello, propone anular la sentencia de 2024 y remitir de nuevo el caso a la primera instancia de la Justicia de la UE para que vuelva a pronunciarse.
El origen del caso se sitúa en marzo de 2019, cuando el Ejecutivo comunitario multó al gigante digital por introducir en los contratos de su servicio AdSense for Search cláusulas que limitaban la aparición de anuncios de competidores en páginas web con buscadores integrados, cuyos titulares percibían una parte de los ingresos generados por esa publicidad.
Según Bruselas, estas disposiciones contractuales impedían utilizar determinados servicios alternativos, obligaban a reservar ubicaciones concretas para los anuncios de Google o imponían la necesidad de obtener su visto bueno antes de modificar la publicidad mostrada, conductas que fueron calificadas como abuso de posición dominante.
Sin embargo, en septiembre de 2024, el Tribunal General dejó sin efecto la decisión al concluir que la Comisión no había analizado con la profundidad necesaria las circunstancias del caso, en particular la duración de los contratos, para demostrar que las restricciones podían perjudicar a otros operadores del sector.
Frente a este criterio, la Abogada General sostiene que los jueces se equivocaron al exigir un análisis detallado de cada contrato individual, cuando, en su opinión, era suficiente con evaluar en conjunto los acuerdos pertinentes, su vigencia y sus posibles repercusiones sobre la competencia.
Recuerda, además, que el propio Tribunal General había admitido que las cláusulas eran, en principio, aptas para excluir a otros actores del mercado y considera que la Comisión había presentado elementos probatorios suficientes en ese sentido. Por ello, cuestiona que se invalidara la evaluación de Bruselas únicamente por las deficiencias detectadas en el examen de la duración de los contratos.
En consecuencia, aprecia un “error de Derecho” en la valoración efectuada por el Tribunal General y propone devolver el asunto a esta instancia para que analice las alegaciones de Google que quedaron pendientes, en particular las relacionadas con el cálculo del importe de la sanción.
No obstante, precisa que la multa “debe reducirse en cualquier caso”, dado que la Comisión no impugnó la conclusión de que no se había demostrado de forma suficiente que las restricciones pudieran excluir a competidores del mercado durante 2016, un extremo que ha quedado firme.
Las conclusiones de la Abogada General no vinculan al TJUE, que deberá pronunciarse más adelante y dictar sentencia definitiva sobre el recurso interpuesto por la Comisión Europea.