La inquietud social por la vivienda ha experimentado un fuerte repunte de 18,2 puntos y alcanza un máximo histórico como principal problema de España, rebasando por primera vez el umbral del 55% de menciones en el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de octubre. Se trata del primer sondeo tras el desahucio de Maricarmen Abascal, que desencadenó la mayor movilización por el derecho a la vivienda registrada hasta ahora en el país, con acampadas en distintas ciudades.
El desalojo forzoso de esta vecina de Madrid de 87 años, que fue evacuada en camilla de la vivienda de alquiler en la que había residido durante setenta años y que falleció dos semanas más tarde, propició que el Gobierno aprobara dos decretos leyes con medidas urgentes para hacer frente a la crisis habitacional. Sin embargo, ambos textos fueron derogados posteriormente en el Congreso, lo que desembocó en el adelanto de las elecciones generales.
El trabajo de campo del barómetro se llevó a cabo entre el 1 y el 6 de octubre, justo después de la derogación de esos decretos. En esta encuesta, la vivienda aparece como el principal problema nacional, con un 55,7% de menciones, seguida de la inmigración, que pasa del tercer al segundo lugar (20,9%), y de la crisis económica (20,3%).
Veintiún meses seguidos como primer problema
Con el barómetro de octubre, la vivienda encadena ya 21 meses consecutivos liderando la lista de preocupaciones. Se situó por primera vez en lo más alto en diciembre de 2024, con un 22,3% de menciones, porcentaje que no ha dejado de crecer desde entonces. Un año más tarde rondaba el 40% y en mayo pasado ya había marcado su anterior máximo, con un 48,8%.
Aquel salto se produjo después de que el Congreso tumbara, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN y la abstención del PNV, el decreto ley que contemplaba el límite del 2% en la actualización de los alquileres y la prórroga extraordinaria de los contratos hasta finales de 2027.
En la actualidad, la inmigración figura como segundo gran problema del país, a 34,8 puntos de la vivienda, con un 20,9% de menciones en octubre, 1,2 puntos más que en septiembre, cuando ocupaba la tercera plaza. La crisis económica desciende del segundo al tercer puesto, con una ligera bajada de tres décimas, hasta el 20,3%.
La mala calidad del empleo alcanza su máximo
A continuación aparecen las cuestiones ligadas a la calidad del empleo, que se sitúan como cuarto problema y marcan también un récord, con el 19,4% de respuestas, es decir, 5,7 puntos más que en septiembre, cuando ocupaban la sexta posición.
Por el contrario, las críticas al Gobierno y a los partidos caen 3,7 puntos y pasan a la quinta plaza (15,1%), seguidas de la sanidad, que sube 3,3 puntos, hasta el 14,4%. En séptimo lugar figuran los problemas políticos (10,1%), en octavo el paro, que registra un nuevo mínimo histórico (9,6%), en noveno la educación (8,7%) y cierra el 'top ten' el mal comportamiento de los políticos, con un 8,6% de menciones.
En el listado de problemas personales también encabeza la clasificación la vivienda, con un 33,8%, lo que supone 5,9 puntos más que en septiembre, cuando figuraba como segunda preocupación subjetiva. Ahora la crisis económica pasa a ser el segundo problema (30,3%) y, por detrás, se sitúan la sanidad (24%), la calidad del empleo (18,8%) y la inmigración (11,2%).
El CIS, que la semana anterior difundió un estudio monográfico sobre vivienda elaborado antes del desahucio de Maricarmen, ha aprovechado el barómetro de octubre para pulsar la opinión ciudadana sobre este caso, que casi el 54% afirma haber seguido “con bastante detalle” y un 34,8% “de manera general”. Entre quienes han estado pendientes del asunto, el 75% considera que el desahucio de la octogenaria fallecida tiene “mucha o bastante importancia”, frente a un 22,7% que le otorga “poca o ninguna”.
Siempre dentro de ese grupo que declara haber seguido el caso, el 57,1% estima que en situaciones similares debe prevalecer la protección de las personas vulnerables, mientras que el 32,7% opina que hay que priorizar “el cumplimiento de la ley y los contratos”. En cualquier caso, el 82,3% de las personas entrevistadas sostiene que debe anteponerse la vivienda como “un derecho constitucional”.
El organismo que dirige el sociólogo socialista José Félix Tezanos incluye asimismo en el barómetro preguntas sobre las medidas aprobadas por el Gobierno y posteriormente derogadas por el Congreso, que el Ejecutivo ha vuelto a sacar adelante con cambios y que pretende que sean convalidadas por la Diputación Permanente del Congreso antes de las elecciones del 29 de noviembre.
Amplio apoyo a las rebajas fiscales y límites a fondos buitre
Del 80,4% que asegura conocer la aprobación de estos decretos ley, el 57,2% los valora de forma positiva, frente al 42,3% que los desaprueba. Entre las iniciativas con mayor respaldo figuran el IVA reducido al 4% para la construcción de vivienda protegida (95,1%) y la línea de crédito de 50.000 para la adquisición de la primera vivienda (87,9%).
También concitan un alto grado de consenso las rebajas fiscales para inquilinos y propietarios que rebajen o congelen el alquiler (81,4%), así como el impuesto generalizado del 10% a las viviendas turísticas (75%).
La medida que impide la compra de vivienda por parte de fondos buitre o grandes tenedores hasta 2028 obtiene el apoyo del 67%, mientras que la prohibición de desahucios de personas vulnerables hasta 2020 cuenta con un 65% de respaldo, una cifra muy similar a la de quienes aprueban el endurecimiento de las condiciones para los alquileres de temporada y de habitaciones.
Más poder para el Estado en materia de vivienda
En cambio, la propuesta más cuestionada es la prórroga automática e indefinida de los contratos de alquiler, rechazada por el 52%. La ampliación por dos años de los arrendamientos que finalicen antes de 2029 obtiene el apoyo del 58,6% y el rechazo del 37,4%, mientras que el recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías y turísticas cuenta con el respaldo de cerca del 60%, aunque un 36,2% lo critica.
El CIS pregunta además por el conocimiento ciudadano sobre quién concentra más competencias en vivienda. Las respuestas se reparten así: comunidades autónomas (40,7%), Estado (35%) y ayuntamientos (10,2%). Pese a ello, casi la mitad de la población (48%) se muestra partidaria de que el Estado asuma más competencias para facilitar el acceso a la vivienda, un 24% apuesta por reforzar las de las autonomías y cerca del 22% se inclina por aumentar el peso de los municipios.