La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, ha rubricado este viernes una resolución con la que reclama formalmente a las autoridades de Estados Unidos que la isla sea aceptada como el estado número 51 del país, en "igualdad de condiciones" con el resto de territorios que integran la Unión.
"Hoy (...) firmé la Resolución Conjunta 66-2026, una medida de administración que conmemora el 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos y confirma la petición de admisión de Puerto Rico como estado de la Unión, en igualdad de condiciones con los demás estados", ha anunciado en sus redes sociales.
La mandataria ha suscrito el texto en una ceremonia en la que han participado congresistas, senadores, integrantes de su Ejecutivo y representantes de distintos sectores de la sociedad civil. Durante el acto, ha subrayado que la iniciativa "nace de la voluntad de nuestro pueblo" y que su objetivo es "alcanzar la igualdad plena mediante la estadidad" de Puerto Rico.
"Los puertorriqueños hemos contribuido al desarrollo de nuestra Nación, hemos defendido sus libertades y hemos cumplido con las responsabilidades de la ciudadanía americana. Corresponde ahora al Congreso atender esa voluntad y ejercer su autoridad constitucional para admitir a Puerto Rico como estado de la Unión", ha manifestado.
Con este paso, la gobernadora se posiciona a favor de la integración plena en Estados Unidos, frente a otros dirigentes puertorriqueños que respaldan conservar el estatus actual o apuestan por la independencia.
Puerto Rico permanece bajo la autoridad de Washington desde 1898, cuando fue ocupado al término de la guerra entre España y Estados Unidos. Aunque en 1917 se otorgó la ciudadanía estadounidense a los habitantes de la isla, el territorio sigue en una situación de carácter colonial, con una economía fuertemente condicionada por la potencia norteamericana.
La isla no abona impuestos federales sobre la renta, pero sí contribuye a la Seguridad Social, al seguro médico para mayores y a los tributos locales. Además, recibe una cuantía de fondos federales inferior a la que perciben los estados de Estados Unidos.