Ayuso deja el ático de Chamberí que compartía con González Amador y se muda a Puerta de Hierro

A partir de la información oficial accesible y de la cobertura de prensa consultada, el expediente administrativo de adquisición del ático de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid puede considerarse formalmente cerrado en su fase de compra (el contrato se firmó y se ejecutó), pero bajo fuerte controversia política y jurídica, con varias iniciativas para obtener y fiscalizar el expediente completo. No consta, en las fuentes revisadas, una publicación detallada del expediente en el BOCM; sí hay rastro de la operación en el ámbito de la contratación pública y en las declaraciones del propio Gobierno regional.

1. Situación del expediente de adquisición

Diversas informaciones coinciden en que:

• El ático, de unos 485 m² con una gran terraza, situado en el paseo del General Martínez Campos (Chamberí), fue adquirido el 14 de abril de 2026 por la empresa pública Planifica Madrid, dependiente de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid.
• El precio de compra, según la exclusiva de El País recogida por el periódico Demócrata, fue de 6,3 millones de euros, unos 300.000 euros menos del precio de salida de mercado. Véase, por ejemplo, el análisis en Demócrata.
• El propio Gobierno regional presentó inicialmente la compra como una “oficina provisional” para la presidenta Isabel Díaz Ayuso mientras se rehabilita la Real Casa de Correos, sede oficial en la Puerta del Sol, aunque esa versión fue posteriormente matizada.
• La operación se ha realizado como una adquisición patrimonial a título de propiedad por parte de Planifica Madrid, no como un alquiler, por lo que el expediente administrativo de compra se refiere a una inversión patrimonial y no a un simple arrendamiento temporal.

Desde el punto de vista estrictamente administrativo, todo lo anterior indica que el expediente de contratación/compra está completado: existe acuerdo de adquisición, escritura de compraventa y desembolso del precio. Es decir, la fase de “tramitación” del acto de adquisición en sí estaría ya agotada y el expediente se encontraría en situación de ejecutado y archivado (a falta de las eventuales actuaciones de control, fiscalización y responsabilidad).

2. Contexto de control político y judicial

Sobre ese expediente se han proyectado varias iniciativas:

• PSOE-M y Más Madrid han anunciado peticiones formales del expediente completo de compra, incluyendo memorias justificativas, tasaciones, informes jurídicos y económicos, actas de Planifica Madrid y contratos relacionados, tal como recoge Demócrata en artículos como “El PSOE-M exigirá a Ayuso el expediente…”.
• La formación Iustitia Europa ha presentado una denuncia penal para que se investigue la compra con recursos de Planifica Madrid, pidiendo expresamente al juzgado que incorpore al procedimiento el expediente íntegro de adquisición y posterior venta del inmueble, según detalla Demócrata.
• Más Madrid, por su parte, anuncia que llevará la operación a los tribunales por posible malversación, subrayando que aún no dispone del “hilo” de cómo se han tomado las decisiones ni del expediente completo, lo que refuerza la idea de que el expediente no ha sido todavía divulgado en su integridad.

3. Trámites de publicación y qué está pendiente

En cuanto a la publicación, las fuentes consultadas apuntan a dos planos distintos:

• Por un lado, Demócrata recoge que, según la investigación de El País, la compra no figuraba en el Portal de Transparencia ni en las cuentas anuales de Planifica Madrid en el momento en que se destapa la polémica. Es decir, la publicidad activa del expediente en esos instrumentos de transparencia estaría, como mínimo, incompleta o retrasada.
• Por otro lado, la fase de venta sí ha dado lugar a un anuncio público: Planifica Madrid ha publicado en el portal de contratación la puesta en venta del ático por 6,6 millones de euros, apenas cuatro meses después de comprarlo, como consta en “Ayuso pone a la venta el ático de Chamberí…”.

No se ha localizado, en las fuentes utilizadas, una referencia explícita a la publicación del expediente de adquisición o de sus elementos esenciales en el BOCM (más allá de lo que pueda haberse anunciado en la plataforma de contratación o en otros registros administrativos). La propia controversia política gira, precisamente, sobre la falta de visibilidad del expediente en el Portal de Transparencia y sobre la necesidad de que se remita íntegro a la oposición y a los órganos judiciales.

En consecuencia, pueden considerarse pendientes al menos los siguientes hitos vinculados a la “publicación” o apertura del expediente:

• La remisión completa del expediente de adquisición a los grupos parlamentarios y al Portal de Transparencia, con sus memorias, informes y acuerdos, si finalmente la Comunidad de Madrid atiende las solicitudes formuladas.
• La puesta a disposición del expediente ante los juzgados que han admitido o puedan admitir a trámite las distintas denuncias, para que se incorpore como prueba documental.
• La eventual publicación adicional en el BOCM u otros boletines de acuerdos que puedan adoptarse a raíz de la venta del inmueble, de la eventual revisión del procedimiento o de responsabilidades disciplinarias o patrimoniales, si las hubiera.

Hasta la fecha que abarcan las fuentes consultadas, por tanto, el expediente de compra está tramitado y ejecutado, pero su difusión íntegra y detallada continúa en el centro del debate político y judicial, sin que pueda afirmarse que se haya producido ya una publicación completa y sistemática de su contenido en los cauces oficiales de transparencia.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid configura a la presidenta de la Comunidad como la máxima autoridad política de la región: ostenta la suprema representación de la Comunidad y la representación ordinaria del Estado en su territorio; preside y dirige el Gobierno autonómico, nombra y cesa a sus miembros, coordina la Administración y mantiene una relación de responsabilidad política frente a la Asamblea de Madrid. Además, interviene en la convocatoria de elecciones autonómicas, en la disolución anticipada de la Asamblea y en la promulgación de las leyes madrileñas.

Representación institucional y dirección del Gobierno

El precepto estatutario específico sobre la figura del Presidente de la Comunidad de Madrid, en su redacción vigente tras la reforma operada por la Ley Orgánica 5/1998, establece literalmente que:

• «El Presidente de la Comunidad de Madrid ostenta la suprema representación de la Comunidad Autónoma y la ordinaria del Estado en la misma».
• «Preside y dirige la actividad del Gobierno, designa y separa a los Vicepresidentes y Consejeros y coordina la Administración».
• «El Presidente podrá delegar funciones ejecutivas y de representación propias en los Vicepresidentes y demás miembros del Gobierno».
• «El Presidente es políticamente responsable ante la Asamblea».

De estos mandatos se derivan las funciones nucleares de la presidenta:

• Representar externa e internamente a la Comunidad de Madrid y al Estado en el territorio madrileño.
• Marcar la línea política general del Ejecutivo autonómico y dirigir su acción.
• Configurar y remodelar su Gobierno, escogiendo y cesando vicepresidentes y consejeros.
• Ordenar y coordinar el funcionamiento de toda la Administración autonómica.
• Asumir personalmente la responsabilidad política global de esa acción ante la Asamblea de Madrid.

Relación con la Asamblea: investidura, confianza y censura

Aunque la presidenta es elegida por la Asamblea, una vez investida mantiene una relación de doble dirección con la Cámara:

• Tras cada renovación de la Asamblea, su presidente propone un candidato a la Presidencia de la Comunidad, que expone su programa y solicita la confianza. Si obtiene mayoría absoluta, el Rey le nombra Presidenta de la Comunidad de Madrid; de no lograrla, basta mayoría simple en una segunda votación cuarenta y ocho horas después.
• La presidenta puede plantear una cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general, previa deliberación del Gobierno. La confianza se entiende otorgada si la apoya la mayoría simple de los diputados. Si la Asamblea la niega, la presidenta debe dimitir y se abre un nuevo proceso de investidura.
• La Asamblea puede exigir la responsabilidad política de la presidenta mediante una moción de censura constructiva, que ha de incluir un candidato alternativo a la Presidencia. Si la moción es aprobada por mayoría absoluta, la presidenta cesa y el candidato incluido se entiende investido y es nombrado por el Rey.

Facultad de disolver la Asamblea y convocar elecciones

El Estatuto reconoce a la presidenta una competencia clave sobre el ciclo electoral autonómico:

• «El Presidente de la Comunidad de Madrid, previa deliberación del Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá acordar la disolución de la Asamblea con anticipación al término natural de la legislatura». El acuerdo se formaliza por decreto, en el que se convocan simultáneamente elecciones.
• El Estatuto fija límites a esta facultad: no puede ejercerse en el primer periodo de sesiones de la legislatura, ni cuando reste menos de un año para su fin, ni si hay una moción de censura en tramitación o un proceso electoral estatal convocado. Además, no puede volver a disolverse la Asamblea antes de que transcurra un año desde la anterior disolución.
• La nueva Asamblea elegida tendrá un mandato acortado, limitado por la fecha en que debía concluir la legislatura originaria.
• Además, otro precepto atribuye al Presidente la competencia para convocar las elecciones a la Asamblea en los términos que establezca la Ley Electoral.

Promulgación de leyes y otras funciones relevantes

En el ámbito normativo, el Estatuto establece que:

• «Las leyes aprobadas por la Asamblea serán promulgadas en nombre del Rey por el Presidente de la Comunidad, que ordenará su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Boletín Oficial del Estado».
• Los reglamentos del Gobierno se publican también por orden de la Presidencia en el boletín autonómico y, en su caso, en el estatal.

El Estatuto no atribuye a la presidenta de la Comunidad de Madrid competencia alguna para proponer candidato a la Presidencia del Gobierno de España. Esa es una función estatal ligada a las Cortes Generales y al Rey, ajena a la Presidencia autonómica.

Una administración autonómica que quiera adquirir y después vender un inmueble de alto valor en Madrid debe ajustarse al régimen general del patrimonio público y a su normativa autonómica específica. Aunque los detalles concretos dependen de la comunidad autónoma de que se trate, hay una serie de exigencias comunes que estructuran el procedimiento y que conviene tener claras desde el inicio.

1. Marco jurídico general

En primer lugar, la operación se rige por el derecho patrimonial del sector público: normas básicas estatales sobre gestión del patrimonio de las Administraciones, que fijan principios como legalidad, eficiencia, transparencia, salvaguarda del patrimonio público y sometimiento a control financiero, y normas autonómicas que concretan la organización y el procedimiento interno.

Además, influyen:

• La normativa presupuestaria y de estabilidad financiera (impacto en crédito disponible, techo de gasto, endeudamiento, etc.).
• La normativa de contratación pública, en la medida en que muchas comunidades remiten a sus reglas para la selección de contratantes y la publicidad.
• Las normas urbanísticas y de ordenación del territorio del municipio y la comunidad donde se sitúa el inmueble (licencias, clasificación del suelo, cargas urbanísticas).

2. Competencia y autorizaciones internas

Toda actuación debe emanar del órgano competente, que viene determinado por la ley patrimonial autonómica y, en su caso, por el Estatuto de Autonomía y los decretos de estructura del gobierno. Habitualmente:

• La adquisición de bienes inmuebles de alto valor exige acuerdo del Consejo de Gobierno autonómico o, al menos, de la consejería competente en materia de patrimonio, no bastando una simple resolución de un órgano directivo.
• La enajenación (venta) suele requerir también autorización expresa del órgano de gobierno y, en determinadas cuantías o cuando se trata de bienes especialmente significativos, incluso informe o autorización de otros órganos de control interno.
• Debe acreditarse que el órgano que firma (consejero, director general, etc.) tiene delegada o atribuida la facultad para formalizar la compraventa y los actos preparatorios.

3. Valoración, informes y motivación

Tanto para comprar como para vender, el inmueble debe ser valorado por técnicos independientes (normalmente servicios de patrimonio o tasadores homologados). Es esencial:

• Contar con una tasación previa que fije el valor de mercado y, en su caso, el valor catastral y el valor contable.
• Incorporar informes jurídicos que acrediten la regularidad urbanística y registral (titularidad, cargas, servidumbres, situación de arrendamientos, etc.).
• Justificar por escrito la necesidad o conveniencia pública de la adquisición (afectación a un servicio, reordenación de sedes, racionalización de espacios) y, en la venta, la falta de necesidad, el mejor aprovechamiento del patrimonio o razones financieras.

4. Publicidad y concurrencia en la venta

La adquisición puede realizarse por compraventa directa con un propietario determinado, respetando los principios de buena administración y evitando conflictos de interés. En la fase de enajenación, en cambio, la regla general es la concurrencia pública:

• Con carácter ordinario, la venta se articula mediante subasta o procedimiento competitivo, con anuncio público, pliegos de condiciones y criterios objetivos de adjudicación.
• La venta directa suele permitirse solo en supuestos tasados (por ejemplo, cuando ha quedado desierta la subasta, cuando existe un adquirente preferente por razones urbanísticas o de continuidad de un uso, o cuando el importe es reducido respecto de determinados umbrales).
• Sea cual sea la modalidad, deben respetarse los principios de publicidad suficiente, igualdad y transparencia, y quedar constancia documental de todo el expediente.

5. Controles y tipo de bien

La intervención y la fiscalización interna (intervención general, órgano de control económico-presupuestario) informan sobre la adecuación al presupuesto y a la legalidad. En inmuebles de muy alto valor, algunas normativas prevén controles adicionales, como comunicación a órganos estatales o límites vinculados a la deuda pública.

Es clave diferenciar:

• Bien de dominio público (afecto a un servicio o uso público): en principio es inalienable; antes de venderlo hay que tramitar su desafectación, con procedimiento propio, acuerdos formales y, en ocasiones, publicidad específica.
• Bien patrimonial (no afecto): es enajenable, pero la operación debe probar que no se compromete el interés público ni se malvende el activo.

En la práctica, el éxito jurídico de este tipo de operaciones depende de que el expediente esté bien armado: competencia clara, tasación sólida, motivación explícita del interés público y respeto estricto a la publicidad y la concurrencia en la fase de venta.