La Comisión Europea ha advertido de que las normas que introduzcan el concepto de “prioridad nacional” para acceder a prestaciones públicas o a vivienda podrían entrar en conflicto con el derecho comunitario. A su juicio, “a menos que esté justificada y sea proporcionada”, una medida de este tipo “es indirectamente discriminatoria si afecta intrínsecamente a los nacionales de otros estados miembros o a los nacionales de terceros países”.
Este criterio figura en una respuesta parlamentaria suscrita por el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner (PPE), a raíz de una cuestión planteada por el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, sobre la compatibilidad con la legislación europea de las cláusulas de “prioridad nacional” impulsadas por Vox y pactadas con el PP en distintos parlamentos autonómicos.
Marzà registró la pregunta el pasado mes de mayo tras los acuerdos suscritos en Aragón entre PP y Vox. En ella solicitaba a Bruselas que aclarase si esas disposiciones respetan los principios de igualdad y no discriminación del derecho de la UE y si la Comisión tiene previsto intervenir ante medidas “que puedan constituir discriminación indirecta o restricciones desproporcionadas”.
En su contestación, fechada el 10 de septiembre, adelantada por la cadena SER y a la que ha tenido acceso Europa Press, Brunner recuerda que los residentes de larga duración en la UE “tienen garantizada la igualdad de trato con los nacionales del estado miembro de acogida en una serie de ámbitos enumerados exhaustivamente en el artículo 11 de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, como las prestaciones de la seguridad social, de la asistencia social y de la protección social, y los procedimientos para acceder a la vivienda”.
“En este contexto -añade-, el Tribunal de Justicia de la UE ha aclarado que los estados miembros no pueden imponer unilateralmente un requisito de residencia más largo que el período de cinco años establecido en el artículo 4 de dicha directiva”.
El comisario incide en que “una política que establezca una ‘prioridad nacional’ para los nacionales de los estados miembros debe cumplir las normas de la Directiva 2003/109/CE, que establece la igualdad de trato entre los ciudadanos nacionales y los titulares del estatuto de residente de larga duración. La Directiva 2000/43/CE del Consejo prohíbe la discriminación por motivos de origen racial o étnico, pero no abarca las diferencias de por razón de la nacionalidad”.
Brunner subraya que la jurisprudencia comunitaria ha consolidado que “el principio de no discriminación prohíbe no solo las discriminaciones directas, basadas en la nacionalidad, sino también cualquier discriminación indirecta que, aplicando otros criterios de diferenciación, conduzca de hecho al mismo resultado”.
“A menos que esté justificada y sea proporcionada, una disposición de derecho nacional es indirectamente discriminatoria si afecta intrínsecamente a los nacionales de otros estados miembros o a los nacionales de terceros países más que a los nacionales del estado de acogida y, en consecuencia, coloca a los primeros en una situación de desventaja. Esto se aplica, por ejemplo, a un requisito de residencia”, expone.
Al mismo tiempo, el comisario puntualiza que la normativa de Aragón aún no se había aprobado cuando respondió y recuerda que la Comisión Europea “no formula observaciones sobre proyectos de ley o propuestas”. “No obstante -garantizó-, la Comisión continuará siguiendo la evolución de la situación para velar por el cumplimiento del derecho de la UE”.
Tras esta primera contestación, el eurodiputado de Compromís presentó una nueva pregunta sobre la ley de acompañamiento aprobada en Les Corts a finales de julio por PP y Vox, que permite desarrollar reglamentariamente el principio de “prioridad nacional” en vivienda pública y servicios sociales. La norma fija “un mínimo de diez años de empadronamiento histórico en algún municipio de la Comunitat Valenciana y de España de manera continuada o interrumpida” para poder inscribirse como solicitante de vivienda protegida en régimen de compra.
Según fuentes de Compromís, la Comisión Europea todavía no ha dado respuesta a esta segunda cuestión, si bien confían en que mantenga una posición alineada con la ya expresada en la primera respuesta.
Reacciones políticas en la Comunitat Valenciana
Antes del pleno de Les Corts, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha recalcado ante los periodistas que el comisario europeo ya afirmó “claramente” que la “prioridad nacional” choca con el derecho de la UE, y ha cuestionado qué opinión tiene el PP sobre que un dirigente del PPE haga estas advertencias.
Baldoví ha avanzado que la coalición valencianista incorporará la contestación de la Comisión a la denuncia presentada ante el Defensor del Pueblo contra la ley de acompañamiento, al entender que vulnera la Constitución. “El Consell debería anular estos artículos a no ser que el PP sea dócil y débil respecto a Vox”, ha urgido.
Desde el PP, Nando Pastor ha sostenido que debe existir algún tipo de “malentendido” porque “la prioridad nacional/arraigo” en la Comunitat también se ha aplicado bajo el mandato de la líder del PSPV, Diana Morant, cuando era alcaldesa de Gandia, así como en “todo el cinturón de los ayuntamientos socialistas” de la provincia, como Paterna, Mislata o “tantos y tantos otros” que no están “bajo la lupa” de una Comisión “que pone en duda que la ‘prioridad nacional’ es algo coherente y que está en marcha durante los últimos años”.
En todo caso, Pastor ha expresado su confianza en que Bruselas avale la constitucionalidad de la “prioridad nacional” y ha reiterado que tiene que haber existido “algún malentendido o alguna cuestión no explicada”. “Pero no creo que pongan patas arriba todo lo que se ha hecho aquí, no por el PP, sino por el propio PSOE desde hace muchísimos años, con Morant a la cabeza”, ha resumido.
Respecto al tiempo de empadronamiento exigido, ha recordado que en Gandia “piden 10” años y ha dicho que no considera que en ese municipio “estén incumpliendo la ley” ni que la UE vaya a plantear “ningún problema”. “En Gandia, en la tierra y cuna de Morant, son de los más duros”, ha afirmado, calificando la situación de “alucinante”. También ha señalado que la exvicepresidenta Mónica Oltra “pedía dos años para darle a una persona la Renta Valenciana de Inclusión” y Morant, “diez”.
Por parte del PSPV, José Muñoz ha defendido que la única “prioridad nacional” para un gobierno “honrado” debe ser la vivienda y la protección de los derechos humanos, y ha vuelto a acusar a PP y Vox de introducir conceptos racistas en la normativa autonómica.
Muñoz ha desmentido la versión del síndic del PP de que estos criterios se apliquen en ayuntamientos gobernados por el PSPV: “Es radicalmente falso que haya ‘prioridad nacional’ en los municipios (...). Existe el arraigo, que es diferente. Si quieren el arraigo, deberían poner arraigo en la ley”.
El síndic de Vox, José Mª Llanos, ha asegurado, por su parte, que su partido no alberga “dudas” sobre la constitucionalidad de la “prioridad nacional”, “porque si las tuviéramos no la hubiéramos propuesto”. “Vox no hace las cosas sin pensar, Vox las trabaja”, ha defendido.
En esta línea, ha apostado por fijar “una baremación, unos criterios de prioridad respecto a los nacionales, teniendo en cuenta el arraigo, la situación económica, las familias monoparentales o con discapacitados a su servicio, el arraigo acumulado histórico, la escolarización, toda la aportación a la seguridad social y a los servicios públicos”. “Esto es absolutamente legal y permitido por nuestra Constitución”, ha subrayado.
Llanos ha reiterado que Vox no tiene “ninguna duda de su constitucionalidad” y ha apuntado que será la Comisión Europea la que deba pronunciarse sobre esta cuestión. “Nosotros hemos fijado unos criterios de prioridad, no estamos discutiendo ninguna ley en vigor”, ha zanjado.