La Diputación Permanente del Congreso someterá a votación los decretos leyes de vivienda el próximo jueves, 12 de noviembre, apenas un día después de la huelga general y en la víspera del arranque oficial de la campaña electoral, que comenzará a las cero horas del viernes 13.
Como ocurre con cualquier decreto ley, las normas están vigentes desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que en este caso tuvo lugar el pasado 7 de octubre. No obstante, la Constitución obliga a que sean validadas por el Congreso en un plazo máximo de treinta días.
Al estar las Cortes disueltas por el adelanto electoral, es la Diputación Permanente —el único órgano parlamentario operativo en este escenario— la que asumirá la responsabilidad de ratificar o tumbar ambos decretos.
De acuerdo con el orden del día de la Diputación Permanente, al que ha tenido acceso Europa Press, las dos normas de vivienda se discutirán y votarán ese mismo jueves. Junto a estos puntos, está prevista la comparecencia de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que detallará la planificación de la red eléctrica hasta 2030.
La Diputación Permanente deberá reunirse de nuevo más adelante para pronunciarse sobre otros dos decretos aún pendientes de convalidación en el Congreso: uno con medidas de protección social y laboral y otro relativo a las ayudas a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo).
Mayoría asegurada para el primer decreto, no para el segundo
En materia de vivienda, el Gobierno ha impulsado dos decretos diferenciados: uno con un paquete más amplio de medidas para intervenir el mercado ante el encarecimiento de los precios y otro que modifica el primero para imponer al propietario el pago de una indemnización al inquilino si decide rescindir el contrato de alquiler.
El Ejecutivo ya intentó sacar adelante estas normas a comienzos de octubre de este año, pero se topó con el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN, que sumaban una mayoría absoluta de 178 escaños en contra de los dos textos. Además, el PNV y Coalición Canaria también se opusieron al decreto que regulaba la indemnización a los arrendatarios.
El fracaso de aquellas votaciones desembocó en el adelanto electoral al 29 de noviembre. Tras la disolución de las Cortes, el Gobierno optó por aprobar de nuevo ambos decretos introduciendo ligeros cambios para que no fueran idénticos a los anteriores, con la particularidad de que ahora se someten a la Diputación Permanente, donde sí dispone de apoyos suficientes para sacar adelante, al menos, el decreto más general.
Este órgano está compuesto por 69 diputados. El bloque de izquierdas reúne 34 miembros —PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos, que agrupa al conjunto del Grupo Mixto—, frente a los 34 que aportan PP, Vox y Junts.
La clave la ostenta el PNV, que cuenta con un escaño en la Diputación. La formación vasca ya ha adelantado que repetirá su posición anterior al adelanto electoral: respaldará el decreto más amplio y se opondrá al segundo.
Con este escenario, el decreto que incluye la prohibición de desahucios, límites a la actuación de los fondos 'buitre' en la compra de vivienda y bonificaciones fiscales tanto para propietarios como para inquilinos podría ser convalidado con 35 votos a favor y 34 en contra. El segundo decreto, el que introduce la indemnización a los inquilinos, no reúne mayoría suficiente para salir adelante.