Acuerdo para la reforma de la ley de Dependencia y Discapacidad. La ponencia del Congreso ha concluido este miércoles sus trabajos con la aprobación del informe respaldado por la mayoría de los grupos parlamentarios.
El texto, que será sometido a votación en comisión en las próximas semanas con vistas a su elevación al Pleno durante el mes de julio, supone un avance en la reforma del sistema de dependencia y en el refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad. En los trabajos han participado entidades sociales y personas en situación de dependencia y discapacidad, con el objetivo de dar desarrollo al artículo 49 de la Constitución.
El acuerdo se ha alcanzado al margen de PP y Vox, que no han apoyado las enmiendas incorporadas en esta fase. "Los grupos minoritarios han entendido la necesidad de su aprobación y esperamos que en Comisión y Pleno todos los grupos voten a favor de esta ley", han señalado desde el entorno socialista, que insisten en señalar la actitud de "bloqueo" de la oposición.
Bustinduy pide responsabilidad
Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reclamado un “consenso unánime” entre las fuerzas políticas en torno a esta reforma, al considerar que “la sociedad española lo merece”. En declaraciones previas a su reunión con la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Cermi Mujeres, Ana Peláez, el ministro subrayó que se trata de un momento “muy importante para muchísima gente en este país”.
En este sentido, ha apelado a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para dar luz verde a una serie de modificaciones, que según ha indicado, incorporan una financiación adicional para reforzar el sistema de dependencia y avanzar hacia un nuevo modelo de cuidados.
El ministro ha remarcado que se trata de una reforma de carácter transversal, que “no entiende de orientaciones políticas ni de grupos parlamentarios”, y expresó su confianza en que la aprobación pueda hacerse efectiva en las próximas semanas.
CON ELA:
Por su parte, la Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA) ha pedido a los grupos parlamentarios que aprovechen la fase final de la tramitación de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia para reforzar el texto e incorporar mejoras que garanticen la plena efectividad de los derechos recogidos en la Ley ELA.
La organización considera que esta reforma representa una oportunidad para eliminar obstáculos que aún dificultan la atención a personas con enfermedades de alta complejidad y reclama que la norma se apruebe con el mayor consenso posible.
Entre sus principales demandas figuran la eliminación del copago en apoyos esenciales, el reconocimiento de la asistencia personal como un servicio garantizado dentro del sistema de dependencia y la creación de una pasarela efectiva entre dependencia y discapacidad, también con efectos fiscales.
