La acusación popular ha expresado su “oposición definitiva y total” a que el juez Juan Carlos Peinado autorice a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a abandonar el territorio nacional, como ella ha pedido, al entender que concurre un “fundado riesgo de fuga”.
Así lo traslada la acusación popular unificada, encabezada por Hazte Oír, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, en el que solicita al magistrado que deniegue el permiso solicitado por Gómez para desplazarse a Ankara (Turquía) y a Londres (Reino Unido).
Para esta parte, la “concatenación de desplazamientos no hace sino ampliar el período de exposición al riesgo de sustracción a la acción de la justicia, dificultando extraordinariamente cualquier mecanismo de supervisión”.
Recuerdan que el pasado 20 de junio Peinado acordó retirarle el pasaporte a Gómez dentro de la causa abierta contra ella. Tras esa decisión, la investigada pidió autorización para acompañar a su marido a una cumbre de la OTAN en Ankara y para viajar después a Londres con motivo de la graduación de su hija.
La acusación subraya que “tales medidas obedecen a la existencia de indicios racionales de criminalidad y a un fundado riesgo de fuga, de suerte que lo ahora pretendido de contrario no es sino el alzamiento parcial y temporal de una medida cautelar vigente, lo que reclama un escrutinio especialmente riguroso”.
Turquía y Reino Unido, bajo sospecha para la acusación
En relación con el desplazamiento a Turquía, sostiene que el país “agrava de manera particular ese riesgo”, al tratarse de “un Estado ajeno a la Unión Europea, no vinculado por el sistema de la orden europea de detención y entrega y respecto del cual los mecanismos de extradición resultan notoriamente más lentos, inciertos y sujetos a condicionamientos de oportunidad política”.
Advierte además: “La eventual sustracción de la investigada en tal territorio situaría su recuperación para el proceso en una situación de grave dificultad, cuando no de práctica imposibilidad”.
Sobre el viaje a Londres, la acusación mantiene que la asistencia a la graduación de su hija, “por íntimo que sea, no constituye necesidad de tal entidad cuando la investigada se halla formalmente procesada y pendiente de enjuiciamiento”.
Incide igualmente en que la cooperación judicial entre España y el Reino Unido tras el 'Brexit' “ha experimentado una merma significativa respecto al régimen anterior de la euroorden”.
Recuerda que Gómez se expone a penas que podrían alcanzar hasta 24 años de prisión por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, lo que, a su entender, incrementa el peligro de fuga. “A mayor gravedad de la condena potencial, mayor es el incentivo para la huida, y mayor el daño irreparable para el proceso penal en caso de que esta se produzca”, argumenta.
La acusación popular añade que “no consta en el escrito presentado por la representación de la investigada acreditación documental alguna de que el acto de graduación invocado vaya efectivamente a celebrarse en Londres en las fechas indicadas”. A su juicio, “la mera afirmación de la parte no constituye, por sí sola, acreditación suficiente a los efectos de justificar el alzamiento, siquiera temporal, de una medida cautelar de la gravedad de la prohibición de salida del territorio nacional”.
Concluye que “en consecuencia, la solicitud carece, en este punto, de la mínima base documental exigible, lo que constituye un motivo autónomo y adicional para su desestimación”.
De forma subsidiaria, y solo en el caso de que el juez permita los desplazamientos, la acusación reclama que “se supedite al cumplimiento de las condiciones informativas y de reintegro del pasaporte”, y que los datos del viaje se recojan “en pieza separada de carácter reservado durante el desarrollo del desplazamiento, con su ulterior incorporación a la causa una vez producido el regreso”.
La defensa de Gómez insiste en las garantías del viaje
En sentido contrario, la defensa de Gómez expuso en su escrito que volaría a Ankara “con la delegación española y en avión oficial” el 7 de julio para acompañar al presidente del Gobierno “a la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN”.
El abogado Antonio Camacho precisó que “la vuelta se realizará vía Londres para poder asistir a la graduación de su hija”, y que el regreso a España se efectuaría “en avión comercial el día 10 de julio desde Gran Bretaña”.
El letrado subrayó también que “en todo caso todo el viaje se realizará con el equipo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, que por si solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos de mi representada”.
Paralelamente, el abogado de la esposa del presidente ha presentado un recurso de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el auto en el que Peinado envió a juicio con jurado popular a Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
El magistrado adoptó esta decisión después de que, en la audiencia preliminar celebrada en los juzgados de Plaza de Castilla, las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír lo solicitaran expresamente.
En su recurso, la defensa de Gómez pide al tribunal superior que deje sin efecto tanto la retirada del pasaporte como las otras dos medidas cautelares impuestas por Peinado a ella y a su asesora: la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial.