La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha citado para el próximo 18 de noviembre a las 9:00 horas una nueva sesión de la Diputación Permanente, el único órgano de la Cámara que sigue en funcionamiento tras la disolución de las Cortes, con el fin de someter a votación hasta siete decretos ley aprobados por el Gobierno en las últimas semanas.
Estos decretos ley, reservados por la normativa para situaciones de urgencia debidamente acreditada, entran en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero deben ser sometidos al veredicto del Congreso en un plazo máximo de 30 días para decidir si se convalidan o se derogan.
Al haberse disuelto la Cámara por la convocatoria electoral, esa función de control recae en la Diputación Permanente, el órgano que asume las competencias del Pleno y donde el Ejecutivo y sus aliados pueden sacar adelante los decretos sin depender de Junts. Este órgano está integrado por 69 miembros y PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos, que actúa en representación del Grupo Mixto, suman 34 votos; frente a los 34 que reúnen PP, Vox y Junts, de modo que el respaldo del PNV resulta clave para alcanzar la mayoría de 35.
Este mismo jueves se sometieron a votación dos decretos relacionados con políticas de vivienda: uno se convalidó gracias al apoyo del PNV, mientras que el otro quedó derogado al unirse los nacionalistas vascos al bloque formado por PP, Vox y Junts.
Ayudas para Ceuta y respuesta a la DANA Adam
De acuerdo con el orden del día de la Diputación, recogido por Europa Press, la próxima semana se discutirán hasta siete decretos ley, arrancando por el que recoge medidas urgentes de apoyo financiero a Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio, que prevé subvenciones directas por un total de 45,32 millones de euros para sufragar actuaciones vinculadas a aquella crisis.
También se someterá a convalidación el decreto de respuesta a los daños ocasionados por las inundaciones y otros episodios registrados entre el 17 y el 19 de octubre de 2026 a raíz de la DANA Adam, que incorpora medidas en el ámbito agrario, la reparación de infraestructuras hidráulicas y de la zona marítimo-terrestre, así como apoyos específicos para el comercio, el turismo y la hostelería.
Tragedia ferroviaria de Urda y refuerzo de la seguridad
En el orden del día figuran igualmente los dos decretos ley aprobados por el Consejo de Ministros tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo): uno centrado en ayudas a las víctimas y otro con medidas urgentes para reforzar la seguridad operacional en el transporte ferroviario y la protección social del personal del sector.
El primero contempla ayudas por fallecimiento y por lesiones que van desde los 2.404 hasta los 84.141 euros, además de introducir medidas de protección a los consumidores, como la limitación de “los precios abusivos que se produce situaciones de emergencia por parte de algunos operadores de transportes”.
El segundo modifica la regulación sobre los tiempos máximos de conducción de trenes, los coeficientes reductores de la edad de jubilación para determinadas categorías ferroviarias y el marco de supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, “tal y como explicó el ya exministro de Transportes Óscar Puente en la Diputación Permanente de la semana pasada”.
Los decretos sociales de la precampaña electoral
Además, se debatirán tres de los decretos de carácter social que el Gobierno de coalición ha ido aprobando en las semanas previas al arranque de la campaña de las elecciones del 29 de noviembre.
Uno de ellos amplía la acción protectora de la Seguridad Social e incorpora “el trastorno menopáusico y las lesiones derivadas de la violencia de género como supuestos de incapacidad temporal”. Asimismo, introduce cambios en las prestaciones por cuidado de menores con enfermedades graves, en los requisitos de acceso a la pensión de viudedad para parejas de hecho con hijos en común y en las pensiones de orfandad en supuestos de violencia contra la mujer.
Otro decreto reúne medidas para el reconocimiento y la protección de las familias monoparentales, creando una categoría especial para determinados casos, como las familias con dos o más hijos, con un solo hijo y rentas bajas o con un hijo con discapacidad. También amplía el alcance de los anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.
Finalmente, la Diputación Permanente del próximo miércoles abordará un decreto destinado al despliegue de la reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que fija “las cuantías mensuales mínimas de protección en 90 euros para la dependencia moderada, 260 euros para la severa y 660 euros para la gran dependencia”, además de ordenar suplementos de crédito para financiar en 2027 el nivel acordado de protección.