La Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dado luz verde este jueves, en sesión extraordinaria y con competencia legislativa plena, a la Proposición de Ley para el impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. La norma incrementa las sanciones a las compañías de 50 o más empleados que no respeten la cuota de reserva del 2% de su plantilla para personas con discapacidad.
El dictamen ha salido adelante con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, que se ha abstenido, y Vox, que ha votado en contra. Durante la tramitación en comisión se ha incorporado una enmienda transaccional, aprobada por unanimidad, que declara exentas de tributación las ayudas dirigidas a personas afectadas por VIH o talidomida. Tras este trámite, el texto pasa al Senado para continuar su recorrido parlamentario.
El artículo primero de la proposición modifica la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Así, pasa a calificarse como infracción muy grave, y no solo grave, “el incumplimiento en materia de integración laboral de personas con discapacidad de la obligación legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, o de la aplicación de sus medidas alternativas”.
El artículo segundo introduce cambios en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, que fija las condiciones para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora. De este modo, se veta el acceso a subvenciones a quienes incurran en una infracción muy grave por vulnerar la obligación de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, en los términos recogidos en el primer artículo.
La iniciativa incorpora además tres disposiciones adicionales. La primera obliga a las administraciones públicas a desarrollar campañas informativas sobre la inclusión laboral de las personas con discapacidad. La segunda prevé campañas específicas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social durante los próximos tres años para “verificar el cumplimiento de la obligación legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad”. La tercera establece que el Gobierno deberá presentar en un plazo máximo de tres años un informe que evalúe el impacto de las medidas aprobadas.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) valora que este refuerzo del régimen sancionador supone “una medida necesaria para garantizar la efectividad de una obligación legal vigente desde hace décadas y todavía incumplida por un número significativo de empresas”.
En esta línea, la entidad expresa su deseo de que “el Senado complete con rapidez su tramitación, de manera que España disponga cuanto antes de un marco más exigente y eficaz para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad”.
El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) también ha acogido positivamente la aprobación, aunque advierte de que “el refuerzo del régimen sancionador, por sí solo, resulta insuficiente para corregir una situación de desigualdad laboral que se mantiene desde hace décadas”.
CEDDD subraya que, en el contexto de la reforma de la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad, trasladó a los grupos parlamentarios un amplio paquete de propuestas orientadas a transformar en profundidad el sistema actual.
Entre las medidas planteadas, resalta “la elevación de la cuota obligatoria del 2% al 4%”, una iniciativa impulsada por su entidad asociada Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) y “concebida para dar respuesta a los graves déficits de inclusión laboral que siguen afectando al colectivo”.